1  ANÁLISIS

             El proyecto de Ley, en su exposición de motivos, dice pretender articular un sistema de Formación Profesional, moderno, en la línea de lo marcado por la Unión Europea, al servicio de la sociedad, que permita fomentar la empleabilidad de los ciudadanos, a la par que permita su desarrollo integral como personas, y adecúe la preparación profesional de los individuos a las posibilidades de trabajo marcadas por la realidad económica.

             Para ello, diseña un sistema de FP que integre los tres sistemas existentes en la actualidad, es decir, la Formación Profesional reglada, competencia de las Administraciones Educativas; la Formación Profesional contínua, competencia de los Agentes Sociales, especialmente de las empresas y Asociaciones Empresariales; y la Formación Profesional ocupacional, competencia del INEM.

             Ese nuevo sistema denominado Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones, se basa en elaborar un Catálogo de Cualificaciones Profesionales (entendiendo cada cualificación profesional  como conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo), que se traduciría en un sistema formativo organizado en un Catálogo Modular de Formación Profesional.

             El catálogo de Cualificaciones se adecuará a las necesidades del sistema productivo y se irá modificando para adecuarlo a las modificaciones que se vayan produciendo en el sistema productivo que le sirve de referencia.

             Las citadas cualificaciones  profesionales podrían ser adquiridas mediante la formación modular, o cualquier otro tipo de formación y a través de la experiencia laboral.

             El proyecto establece asimismo que el Sistema Nacional de Formación Profesional deberá establecer los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición.

             Para impartir la formación profesional, el proyecto pretende contar con la participación  de todo tipo de Entidades de Formación, no sólo los Centros Educativos, así como con una participación directa de las empresas en el sistema formativo.

             Para contar con esa participación la Administración costeará con cargo a fondos públicos el importe de la formación profesional impartida por todo tipo de entidades de formación y por las propias empresas.

             En cuanto a los Centros de Formación Profesional, se establece que las Administraciones regularán los requisitos que deban reunir, y prevé que se establecerán mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación pública pueda ofrecerse además de por los Centros Educativos (públicos o privados), por otras entidades de formación (academias privadas y similares)  y por las propias empresas.

             En cuanto a los tipos de Centros de Formación Profesional no habla en ningún momento de Centros Públicos, sino de Centros sostenidos con fondos públicos (que podrán ser públicos o privados), y ello es así no sólo en cuanto a Centros Integrados de Formación Profesional (que serían los Centros normales de FP) sino también en cuanto a los Centros de Referencia Nacional (que serían los Centros punteros, especializados por sectores productivos), con lo que conforme al proyecto de Ley también estos podrían ser de titularidad privada, financiados con fondos públicos.

             Este tal vez sea el momento más adecuado, para señalar que además de sostener con fondos públicos todo tipo de Centros Educativos, e incluso empresas privadas en que se desarrollen acciones formativas, el proyecto va más allá al permitir que los profesionales del sector productivo privado puedan impartir clases en los Centros de Formación Profesional de titularidad pública.

  En cuanto al sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, parece desprenderse que también podrá estar en manos de Centros Educativos, tanto públicos como privados, e incluso en manos de otras entidades de formación o de  las propias empresas, pues  sólo indica que se desarrollará siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación, sin decir nada sobre quién será el encargado de llevarlo a cabo.

    A añadir a lo anterior, el proyecto permite extender la oferta formativa con cargo a fondos públicos, a todo tipo de acciones formativas, incluso no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que permitiría que cualquier cursillo de cualquier academia, o incluso impartido por una empresa cualquiera, que ni siquiera sirviese para la obtención de una cualificación profesional de las reguladas por el sistema, estuviera financiada con cargo a fondos públicos.

             La única mención que el proyecto hace para los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública, es para señalar que la Dirección de los mismos, será nombrada por la Administración competente, entre funcionarios públicos docentes (no especifica siquiera que deban tener destino  en el Centro), y conforme a los principios de mérito, capacidad y publicidad (con lo que el principio de igualdad brilla por su ausencia), y con la única exigencia previa de consultar a los órganos colegiados del Centro,  a los que podrá tener o no en cuenta de cara al nombramiento. Asimismo la norma prevé que reglamentariamente se adaptarán la composición y funciones de los organos de gobierno de este tipo de Centros a sus características específicas.

             Asimismo el proyecto articula como pieza básica del sistema de formación profesional la información y orientación profesional, que deberán ser coordinados por la Administración, pero en el que podrán participar todo tipo de entidades, e incluso empresas privadas.

             El proyecto, prevé asimismo, el establecimiento de un control de calidad  y evaluación del Sistema, que deberá desarrollarse reglamentariamente. 

            En cuanto a las prácticas de los alumnos en las empresas, el proyecto se limita a señalar que no tendrán carácter laboral, pero no aprovecha la ocasión para regular de manera suficiente la cobertura del alumno frente a los riesgos profesionales que tiene en las empresas durante su estancia en las mismas.

             Finalmente son destacables dos de las disposiciones adicionales, en cuanto prevén, una de ellas la habilitación de profesionales cualificados del sector productivo para impartir formación profesional incluso en Centros Públicos, sin regular el procedimiento por el que esta habilitación pueda producirse, y la otra al considerar de interés público las actividades de formación profesional, abre las puertas para que se conceda compatibilidad a funcionarios públicos no docentes, para la impartición de clases en los Centros de Formación Profesional.

2  VALORACIÓN GENERAL

 Para establecer una valoración general debemos comenzar por reseñar siquiera sea brevemente el sistema actual, para poder comprender los cambios que el nuevo sistema pretende introducir.

 En el sistema actual, no tienen la misma finalidad, las distintas ofertas de la Formación Profesional, y es la Formación Profesional reglada, la única que puede conducir a la obtención de los Títulos correspondientes a los Ciclos Formativos que constituyen la FP diseñada por el sistema LOGSE, que pretenden dotar al alumno de una sólida formación profesional, completa y  polivalente, que le permita integrarse en el mercado de trabajo, y disponer de recursos para desarrollar en el futuro su carrera profesional en función de la evolución de los acontecimientos económicos, teniendo las otras dos ofertas, una función secundaria,  estando dirigidas a complementar con acciones más puntuales, y especializadas la formación profesional de los trabajadores (formación profesional contínua) y de los parados (formación profesional ocupacional).

 Es cierto, e innegable en consecuencia que la realidad de la globalización económica, y la creciente competencia que ello conlleva, determina como necesidad entender que la formación profesional reglada, normalmente inicial, es insuficiente para garantizar la empleabilidad del alumno a lo largo de su vida, y así, durante su vida laboral, deberá completar su formación constantemente, para no quedarse descolgado de un mercado de trabajo cada vez más excluyente de aquellos que no ofrecen a la empresa lo que la empresa necesita en cada momento, pero no es menos cierto que el éxito en el desarrollo personal y profesional de un trabajador, dependerá en buena medida de la profundidad,  solidez y  polivalencia de su formación profesional inicial, sobre la que podrá ir acumulando preparación y experiencia a lo largo de toda su vida, pudiendo asegurarse sin temor a equívoco, que se condena al fracaso tal vez no presente, pero si futuro, si a alguien se le prepara puntualmente para un trabajo concreto en función de las exigencias exclusivas de ese puesto de trabajo, y se le abandona sin más preparación en el mundo laboral, cuando éste es cada vez más cambiante e imprevisible a medio y largo plazo.

 Parece pués, en este contexto, que no resultaría razonable atribuir en exclusiva a los Centros de FP el monopolio de la formación profesional, e incluso, podría admitirse la conveniencia de integrar de alguna manera los tres sistemas de FP existentes en la actualidad, pero arbitrando un sistema que contemple por su innegable importancia, de manera prioritaria, el protagonismo de la FP inicial, sobre las otras ofertas formativas, y encomiende la misma a los Centros Educativos, preferentemente públicos, como garantía de una FP de calidad, que permita preparar al alumno para su inserción laboral y desarrollo profesional futuro, amén de garantizar la función educativa que la LOGSE asigna a la FP, como parte de la educación secundaria.

 Asimismo, parece necesario exigir, que la evaluación y acreditación de la FP, conseguida fuera del ámbito educativo, especialmente en entidades de formación privadas, o incluso en las propias empresas, de una manera “informal”, como permite el proyecto, deba estar en manos de la Administración Pública y deba llevarse a cabo a través de un procedimiento con garantías de seriedad, rigor y objetividad que tenga lugar en los Centros de FP de titularidad pública, para tener garantías de que la obtención de Títulos y Certificados de profesionalidad, no se produce de manera “informal”, e incluso fraudulenta, lo que conllevaría el desprestigio de la FP.

 Es por ello que  nuestra valoración general del proyecto debe ser negativa, porque el mismo no reconoce la importancia que a nuestro juicio debe tener la FP inicial/reglada, olvida la dimensión educadora de la FP como formación al servicio de la persona y de su desarrollo profesional, y no garantiza que la misma se imparta con el rigor y la seriedad necesaria, y pone en peligro el prestigio que la FP debe tener, para servir a sus fines profesionalizadores.

 Así, el proyecto no reconoce la importancia de la FP inicial/reglada, ni del necesario control de la evaluación y acreditación de la formación profesional, y se limita a convertir la FP en un inmenso negocio subvencionado, pues reparte los fondos públicos en detrimento de los Centros Públicos de FP entre todos los implicados en esta nueva FP (Centros Privados, otras entidades de formación e incluso empresas), que asumen el mismo protagonismo que los Centros Públicos tanto en cuanto a la impartición (lo que ya de por sí es grave), como (y esto todavía lo es más), en cuanto a la evaluación y acreditación de la Formación Profesional,  sin arbitrar además los controles necesarios para evitar las irregularidades que podrían producirse.

 Así con esta Ley cualquiera podrá impartir, evaluar y acreditar formación profesional, y hacerlo con fondos públicos, con lo que la FP se convierte en un inmenso negocio con cargo a los fondos públicos.

 En consecuencia, creemos que el proyecto contiene una vía a la privatización del sistema de formación profesional, en detrimento de la calidad educativa, que repercutirá negativamente en el conjunto de la sociedad.

3. VALORACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SINDICAL

 Desde el punto de vista sindical, y en la medida en que la reforma contenida en el proyecto afectará los intereses de los funcionarios docentes podemos señalar que como consecuencias fácilmente previsibles destacaremos las siguientes:

 1.      Al permitirse que cualquiera pueda impartir FP y otorgar títulos de FP, con cargo a fondos públicos, es decir, de manera gratuita para el alumnado, los Centros Educativos tendrán que competir con otras entidades formativas, e incluso con empresas y compartir alumnos con ellas, lo que reducirá el número de alumnos de los Centros Educativos, y previsiblemente el número de Centros Educativos.

2.      Los Centros Educativos Públicos, tendrán que compartir los fondos públicos, con los Centros Educativos Privados, en pie de igualdad, lo que reducirá el número de Centros Educativos Públicos y su dotación.

3.      Dentro de los propios Centros Educativos Públicos, tendrán cabida por la puerta falsa profesionales de las empresas y funcionarios públicos de otros ámbitos, que ocuparán plazas que debieran corresponder a funcionarios docentes, lo que reducirá las plazas existentes para los mismos.

 En definitiva, menos Centros Educativos Públicos, peor dotados, y que además cada vez son menos “públicos, y más privados, luego menos plazas para funcionarios docentes.

 En cuanto al trabajo de los funcionarios docentes en la nueva FP, este será cada vez más exigente, con constantes cambios y modificaciones que exigirán un constante reciclaje profesional, con recursos probablemente insuficientes.

 En cuanto a la democracia en los Centros integrados de FP de titularidad pública, se elimina, al elegirse por designación de la autoridad al Director, y por regularse de manera especial, el gobierno de los citados Centros.

 Se trata en definitiva de una privatización encubierta de la FP, que llevará a un detrimento de la FP de calidad, polivalente, educadora y formativa desde una visión integral del ser humano, para poner el sistema al servicio de la empresa privada, y en manos de la empresa privada que hará de la FP un auténtico y lucrativo negocio, sostenido con fondos públicos que se hurtarán a la Escuela Pública, y perjudicará a todos los que trabajamos en la misma.

4. POSICIONAMIENTO FRENTE AL PROYECTO

 Propugnamos la retirada del proyecto y su sustitución por otro que contemple:

• FP Inicial/reglada  pública y de calidad, al servicio de la persona y para facilitar su inserción laboral y desarrollo profesional futuro.

• Control público de otras actividades formativas de FP, con pruebas oficiales para la obtención de Títulos,  Certificados de Profesionalidad o Convalidación de Módulos Profesionales por la experiencia profesional.

• Plazas de profesor en Centros Públicos exclusivamente para Funcionarios Docentes. Plan de Formación del Profesorado. Financiación.

• Dinero Público para Centros Públicos. Recursos públicos destinados a una FP pública y de calidad.

5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Desde los foros en los que STE tenga presencia, críticaremos el proyecto, y propondremos la retirada del mismo en las Mesas de Negociación en las que se trate el tema del borrador. La postura de la Confederación de STEs es firme.

 Simultáneamente con lo anterior, se propone realizar actividades informativas para explicar el contenido del proyecto, al profesorado de los Centros Educativos Públicos, fundamentalmente de FP, para pulsar opinión, concienciar del problema, valorar y recoger propuestas