-
Se ha elaborado sin un debate público y abierto sobre la FP, sin que
se haya evaluado el II Programa Nacional de la Formación Profesional
en vigor, con la complicidad silenciosa de las organizaciones
patronales y los grandes sindicatos.
-
Menoscaba las competencias en la materia de las CCAA
-
Ignora deliberadamente los aspectos de financiación de la FP
pública.
-
Permite que las necesidades más inmediatas de las empresas sean
determinantes en el diseño de la formación, independientemente de
los intereses formativos del alumnado: formación basura para el
trabajo basura.
-
Acelera la privatización de la Formación Profesional pública,
permitiendo que centros privados y para-privados se incorporen
plenamente al sistema educativo, con la posibilidad de ser
subvencionados directamente por la Administración y con la capacidad
de expedir títulos de validez académica y laboral
-
Facilita la incorporación de la formación al negocio de las
empresas.
-
Segrega y desertiza la Formación Profesional inicial/reglada,
subordinándola a los intereses del empresariado y eliminando su
actual función educativa.
-
Convierte a la Formación Profesional en un inmenso negocio, en buena
parte con cargo a fondos públicos, en el que cualquiera podrá
impartir, evaluar y acreditar titulaciones, en régimen de libre
mercado.
-
Legaliza el actual “trapicheo” de patronales y sindicatos con la
Formación Continua y Ocupacional, entregándoles, además, el control
de los actuales centros públicos, a través del sistema de centros
integrados.
-
Discrimina a la ciudadanía en el acceso a la formación, al
diversificar la naturaleza de los centros de FP, que competirán en
desiguales condiciones en cuanto a medios y oferta formativa.
-
Desvaloriza el poder contractual de las actuales Titulaciones
Profesionales, mediante la desregulación del sistema de evaluación,
acreditación y expedición de títulos, a través de la acreditación
modular.
-
Permite la explotación laboral de los alumnos en prácticas, al no
regularse su situación ni reconocerse el carácter laboral de las
prácticas.
-
Hace desaparecer la estabilidad laboral del actual profesorado de
FP, obligado a una competencia desigual con los formadores privados,
incluso en su propio centro.
-
Prioriza en recursos a las familias profesionales y ciclos
formativos que sean “rentables” para la empresa privada. ¿ Qué
pasará con el resto?
-
Elimina el papel vertebrador del enseñante de la FP pública, anegado
en un mar de cursos, formadores y empresas… privados.
-
Obliga al profesorado de la FP pública, al igual que a los
aspirantes a entrar o mantenerse en el mercado laboral, a un
reciclaje continuo, a su costa y fuera del horario laboral, para
tratar de seguir la cambiante demanda empresarial.
-
Dificulta el acceso a las prácticas en empresas del alumnado de los
centros públicos, pues estas se preocuparán fundamentalmente de sus
propios alumnos.
-
Tras la zanahoria de la posibilidad de impartir cursos de formación
privados, oculta el palo de la desaparición de sectores enteros de
la actual FP reglada.
-
Jerarquiza, aún más, la dirección de los centros, modificando los
actuales órganos colegiados (claustro, consejo escolar) y nombrando
“a dedo” a sus directores.
-
Constituye un modelo educativo plenamente mercantilizado,
susceptible de extensión al resto del sistema educativo.
-
El dinero público para la FP pública. Una FP reglada, al servicio
del desarrollo personal de los alumnos, que no abandone su dimensión
educadora.
-
Una FP pública con una oferta ampliada y con un tratamiento
equitativo de todas las familias profesionales, en función de su
rentabilidad social, no de la rentabilidad inmediata de las
empresas.
-
Control público de otras actividades formativas de FP, con capacidad
pública exclusiva sobre Títulos y Certificados profesionales.
-
Garantía de una oferta pública amplia y diversificada de la FP para
adultos y en modalidad presencial. Potenciación de los estudios de
FP en régimen nocturno.
-
Derecho del profesorado al perfeccionamiento y la formación, basados
en la práctica del aula y del taller, e integrados en la jornada
laboral .
-
Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral
que impulse una cultura sindical solidaria y participativa en el
mundo laboral.
-
Una formación Profesional enraizada en el propio medio lingüístico y
sociocultural, promotora del equilibrio ecológico y del medio rural,
del bienestar social y de la compensación de desigualdades por razón
de grupo social, etnia o sexo.