Se ha elaborado sin un debate público y abierto sobre la FP, sin que se haya evaluado el II Programa Nacional de la Formación Profesional en vigor, con la complicidad silenciosa de las organizaciones patronales y los grandes sindicatos.

Menoscaba las competencias en la materia de las CCAA

Ignora deliberadamente los aspectos de financiación de la FP pública.

Permite que las necesidades más inmediatas de las empresas sean determinantes en el diseño de la formación, independientemente de los intereses formativos del alumnado: formación basura para el trabajo basura.

Acelera la privatización de la Formación Profesional pública, permitiendo que centros privados y para-privados se incorporen plenamente al sistema educativo, con la posibilidad de ser subvencionados directamente por la Administración y con la capacidad de expedir títulos de validez académica y laboral

Facilita la incorporación de la formación al negocio de las empresas.

Segrega y desertiza la Formación Profesional inicial/reglada, subordinándola a los intereses del empresariado y eliminando su actual función educativa.

Convierte a la Formación Profesional en un inmenso negocio, en buena parte con cargo a fondos públicos, en el que cualquiera podrá impartir, evaluar y acreditar titulaciones, en régimen de libre mercado.

Legaliza el actual “trapicheo” de patronales y sindicatos con la Formación Continua y Ocupacional, entregándoles, además, el control de los actuales centros públicos, a través del sistema de centros integrados.

Discrimina a la ciudadanía en el acceso a la formación, al diversificar la naturaleza de los centros de FP, que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios y oferta formativa.

Desvaloriza el poder contractual de las actuales Titulaciones Profesionales, mediante la desregulación del sistema de evaluación, acreditación y expedición de títulos, a través de la acreditación modular.

Permite la explotación laboral de los alumnos en prácticas, al no regularse su situación ni reconocerse el carácter laboral de las prácticas.

Hace desaparecer la estabilidad laboral del actual profesorado de FP, obligado a una competencia desigual con los formadores privados, incluso en su propio centro.

Prioriza en recursos a las familias profesionales y ciclos formativos que sean “rentables” para la empresa privada. ¿ Qué pasará con el resto?

Elimina el papel vertebrador del enseñante de la FP pública, anegado en un mar de cursos, formadores y empresas… privados.

Obliga al profesorado de la FP pública, al igual que a los aspirantes a entrar o mantenerse en el mercado laboral, a un reciclaje continuo, a su costa y fuera del horario laboral, para tratar de seguir la cambiante demanda empresarial.

Dificulta el acceso a las prácticas en empresas del alumnado de los centros públicos, pues estas se preocuparán fundamentalmente de sus propios alumnos.

Tras la zanahoria de la posibilidad de impartir cursos de formación privados, oculta el palo de la desaparición de sectores enteros de la actual FP reglada.

Jerarquiza, aún más, la dirección de los centros, modificando los actuales órganos colegiados (claustro, consejo escolar) y nombrando “a dedo” a sus directores.

Constituye un modelo educativo plenamente mercantilizado, susceptible de extensión al resto del sistema educativo.

El dinero público para la FP pública. Una FP reglada, al servicio del desarrollo personal de los alumnos, que no abandone su dimensión educadora.

Una FP pública con una oferta ampliada y con un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales, en función de su rentabilidad social, no de la rentabilidad inmediata de las empresas.

Control público de otras actividades formativas de FP, con capacidad pública exclusiva sobre Títulos y Certificados profesionales.

Garantía de una oferta pública amplia y diversificada de la FP para adultos y en modalidad presencial. Potenciación de los estudios de FP en régimen nocturno.

Derecho del profesorado al perfeccionamiento y la formación, basados en la práctica del aula y del taller, e integrados en la jornada laboral .

Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral que impulse una cultura sindical solidaria y participativa en el mundo laboral.

Una formación Profesional enraizada en el propio medio lingüístico y sociocultural, promotora del equilibrio ecológico y del medio rural, del bienestar social y de la compensación de desigualdades por razón de grupo social, etnia o sexo.