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Siempre había pensado que el rescate de la
democracia en nuestro país llevaría implícita, en
cierta manera, la defensa de una política educativa
pública, como garantía del derecho de todos los
ciudadanos, desde su nacimiento, a la educación.
Pensaba que podría hacerse realidad aquella
filosofía y planteamientos que inspiraron los ilusionantes y esperanzadores años de la transición,
con la «alternativa pedagógica» para la escuela
pública.
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Una educación
concebida como servicio público, con calidad
pedagógica y rigor científico, no puede ser
lucrativa económicamente para nadie, ni
elitista, ni de adoctrinamiento de ninguna
ideología. |
No se
puede negar ahora el valor del esfuerzo realizado,
las muchas experiencias positivas que han ido
surgiendo y los importantes logros conseguidos desde
entonces; pero si mirarnos la realidad, podernos
constatar cómo las administraciones, una vez más, se
cuestionan y agreden el tratamiento a la educación
de los niños y niñas pequeños, arbitrando complejas
formas de gestión administrativa para la escuela de
los más pequeños —la Escuela Infantil, Escola
Bressol o Casas de Niños— que tienden a excluirlos
de hecho del sistema educativo y a introducirlos en
un sistema de gestión privada que difiere
sustancialmente de la concepción de educación
pública que deseamos.
En
esta línea, la LOCE, ley orgánica vigente, con sus
concepciones neoliberales y sus planteamientos
trasnochados, ha significado el golpe más duro a los
modelos de Escuela infantil conseguidos hasta el
momento; y las administraciones, en su voluntad por
responder a la creciente demanda de servicios
educativos para niños y niñas menores de 3 años,
están aplicando un complejo modelo de gestión que,
manteniendo la titularidad de centros públicos para
los pequeños, tiende a declinar la responsabilidad
de su gestión y funcionamiento en instituciones
privadas, creando con ello un gran caos, confusión,
y un agravio comparativo respecto a los otros
niveles educativos; es, de hecho, la exclusión de la
primera infancia del sistema público de educación.
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La
financiación, administración y control
económico de los centros de educación
infantil han de ser públicos; ninguna medida
de ningún tipo debe tender a la actual
privatización |
En la
práctica, nos encontramos que los niños de 3 a 6
años (segundo ciclo de Educación Infantil), están
incorporados a los colegios públicos y considerados,
a pesar del esfuerzo de muchos maestros con un
trabajo especializado y comprometido, como aulas de
preparación o apéndice, según se mire, de la
escolaridad obligatoria; no tienen identidad propia,
ni condiciones de organización, espacio, materiales,
y no se les presta la consideración y singularidad
que sus múltiples capacidades y la plasticidad de
los primeros años requiere.
Pero
es más desolador todavía el tramo de 0 a 3 años: no
hay una oferta suficiente ante la creciente demanda
de muchas familias, y el hecho de no poder asistir a
la Escuela Infantil se convierte en la primera
barrera selectiva para muchos pequeños. Hay pocas
escuelas de educación infantil públicas para niñas y
niños pequeños; las que existen de titularidad
regional o municipal, y son muy pocas, luchan par
conservar y perfeccionar el modelo educativo de
calidad que se forjó en sus inicios. Pero no se
puede silenciar el desencanto y desmoralización que
se está viviendo en este momento, sea por el
confusionismo legislativo, por la falta de
planificación, la retirada de recursos económicos,
la incorporación de personal no preparado
profesional y académicamente o la falta de apoyos.
En definitiva, se está padeciendo un tremendo
desconocimiento de la primera infancia y de las
múltiples posibilidades que puede aportar la
educación. Es la regresión de muchas
administraciones en la atención educativa a la
primera infancia.
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Las
administraciones tiende a declinar la
responsabilidad de su gestión y
funcionamiento en instituciones privadas,
creando con ello un gran caos, confusión...
; es, de hecho, la exclusión de la primera
infancia del sistema público de educación. |
La
proliferación de centros, llamados de gestión
indirecta (cooperativas, empresas, sociedades...), y
los hay de muchos tipos y colores distintos, está
suponiendo ya en su diseño un agravio comparativo
tanto en su funcionamiento como en su coste,
respecto a las escuelas de gestión directa, y el
personal educativo suele padecer unas condiciones
laborales y económicas indignas. Hay casos de
auténtica heroicidad por parte de los profesionales
de estas escuelas que se esfuerzan por crear y
mantener centros de gran calidad, a pesar de la
explotación e incumplimientos de las
administraciones titulares. Pero en otros casos, se
puede constatar también un gran deterioro, abandono
y un ambicioso afán lucrativo por parte de las
empresas que las gestionan.
No
cabe duda de que las administraciones, al adoptar
esta forma de gestión, descargan sus
responsabilidades y liberan sus plantillas
orgánicas, pero es necesario cuestionar y comprobar,
ahora que se tiende a una desmedida generalización
de estas formas de gestión, si son en realidad
escuelas públicas y si mantienen la voluntad de
servicio público. Una denuncia especial, en esta
línea, merece la Comunidad Autónoma de Madrid,
tendente cada vez más a la privatización, como otras
comunidades lo han hecho anteriormente, al regular o
regalar por un decreto reciente los centros
infantiles a empresas privadas.
La
Escuela Infantil pública, como centro de educación
infantil (para niños y niñas de 0 a 6 años), surgió
precisamente de las muchas carencias y
contradicciones que ha vivido la educación de los
más pequeños relegada en parte a lo asistencial o a
aprendizajes precoces, ignorando el derecho a la
educación como desarrollo de todas las
potencialidades de alas niñas y los niños, desde las
edades más tempranas.
Ahora,
ante la esperanza de la nueva ley de educación que
se está preparando, es el momento de exigir sin
rodeos y por encima de todas las distorsiones e
intereses, unos centros de Educación Infantil
Pública de calidad, con una institución educativa:
la Escuela Infantil.
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La proliferación de centros, llamados de
gestión indirecta está suponiendo ya
en su diseño un agravio comparativo tanto en
su funcionamiento como en su coste, respecto
a las escuelas de gestión directa, y el
personal educativo suele padecer unas
condiciones laborales y económicas indignas. |
La
primera etapa del sistema educativo, la Educación
Infantil (0-6), es una pieza fundamental, básica,
del sistema educativo, al que todos los niños y
niñas de cualquier clase y condición tienen derecho
desde su nacimiento. Si en todos los niveles
educativos la educación pública es un derecho y una
exigencia fundamental, lo es más con los más
pequeños. Pero una educación concebida como servicio
público, con calidad pedagógica y rigor científico,
no puede ser lucrativa económicamente para nadie, ni
elitista, ni de adoctrinamiento de ninguna
ideología, sino que debería ser también gratuita en
el primer nivel educativo, como garantía fundamental
de igualdad entre todos. Tampoco puede ser
burocrática ni centralista, sino planificada y
administrada en el marco de una política educativa
global, gestionada democráticamente por las fuerzas
sociales, especialmente los padres y madres.
La
financiación, administración y control económico de
los centros de educación infantil han de ser
públicos; ninguna medida de ningún tipo debe tender
a la actual privatización. Será necesario estudiar
nuevas formas de administración y gestión educativa
descentralizadas, a nivel nacional, regional y
municipal para que el sueño de la educación infantil
pueda ser realidad, en el marco de la nueva ley dé
Educación; una ley que integre a los más pequeños,
con pleno derecho e igualdad con los otros niveles
educativos.
Debe
surgir la nueva Escuela Infantil Pública, y debe ser
laica, y de calidad y estar al servicio de todos. |
