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Ha finalizado el plazo para la
presentación de candidaturas a la directores de Centros públicos.
Una vez más nuestra administración autonómica ha querido ir a la
cabeza y continuar con la LOCE. En esta ocasión nadie ha podido
pararlos, ni han escuchado a los sindicatos ni al resto de la
comunidad educativa. Era una decisión que sólo ellos querían tomar.
El gobierno actual ha decidido parar
todas las acciones que aún no estaban desarrolladas, la Junta podía
haber seguido el mismo camino y haber dejado que fuesen los Consejos
Escolares, de un modo realmente democrático, quienes eligiesen a sus
equipos directivos. No ha sido así, han optado por crear un concurso
de traslados encubierto en el que los candidatos y las candidatas
podían elegir hasta 5 centros de 2 provincias.
¿Por qué se decide ahora
políticamente, cuando el Gobierno Central propone el retraso de la
LOCE? Tenemos la sensación de que se está utilizando la educación
como un elemento de enfrentamiento entre partidos y la comunidad
educativa está en el medio.
Lamentamos comprobar con hechos lo que
días pasados habíamos denunciado: La administración regional se ha
negado rotundamente a negociar ninguna modificación sustancial de la
Orden, obviando la opinión unánime de las organizaciones sindicales
y del conjunto de la comunidad educativa, especialmente en el
sentido de otorgar mayor peso a las Comunidades Educativas en las
Comisiones de Selección.
En el sindicato hemos recibido
peticiones de información de personas que desean venir a Valladolid
desde otras provincias, ¿en qué condiciones van a quedar los centros
cuando llegue un director o directora que no sea del centro? ¿a
quién van a perjudicar?, ¿quién se va a beneficiar de este sistema?.
Lo más importante, desde nuestro punto
de vista, es que se ha anulado la capacidad democrática de la
comunidad educativa. Hemos pasado a un camino en el que la
administración (con 3 miembros sobre 5 en la comisión) va a tener la
capacidad de nombrar a la persona de acuerdo a ese baremo que todos
conocemos (vale un máximo de 10 puntos el proyecto y un máximo de 12
puntos los méritos).
La normativa atenta contra los
principios de gestión y participación democrática que caracteriza a
los centros públicos y borra de un plumazo la participación de la
comunidad educativa en el funcionamiento, gestión y control de los
centros docentes públicos, dejando totalmente al margen de las
decisiones al Consejo Escolar, ¿qué papel va a tener a partir de
ahora? queda reducido a un simple papel decorativo.
Consideramos un grave error la
imposición de este modelo de dirección burocrática que conduce a
docentes, familias y alumnado la pérdida de su “sentido de
pertenencia” al centro educativo, no estimulando por tanto su
participación e implicación en el proyecto educativo, en actividades
extraescolares, en la gestión de la convivencia en el centro...
Os seguimos pidiendo vuestra
manifestación en contra de esta orden antidemocrática, enviando
firmas de rechazo al Consejero. Podéis utilizar el modelo enviado
por la Junta de Personal (modificando borrador por orden) o el de
nuestra página web.
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