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Ayudas Fondo de Acción Social
estudios de los empleados públicos

(BOCyL 12-03-04)

Becas y ayudas

 ORDEN PAT/321/2004, de 8 de marzo, por la que se convocan prestaciones económicas para estudios de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León con cargo al Fondo de Acción Social.
Plazo: 12 de abril de 2004.
Resolución ayudas FAS-2004.- BOCyL 25/10/04.- 1.108kb
 
Orden PAT/1595/2004, de 5 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria pública para la concesión de prestaciones económicas con cargo al Fondo de Acción Social 2004, en la modalidad de Estudios de los Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León.

 
La Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004, destina al Fondo de Acción Social UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (1.889.332 euros) en la aplicación presupuestaria 01.04.121B.01.181. Dicha cantidad ha sido incrementada mediante transferencia de crédito en CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (150.253 euros).
La Comisión de Acción Social, en su reunión del día 4 de marzo de 2004, acordó dedicar CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (50.240 euros) al programa de estudios de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Comisión de Acción Social, esta Consejería de Presidencia y Administración Territorial en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 26.1. b) y j) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ha resuelto efectuar convocatoria pública para la concesión de prestaciones para estudios de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León con cargo al Fondo de Acción Social ejercicio 2004, de acuerdo con las siguientes

BASES:
Primera.– Objeto.
1.– La presente Convocatoria establece prestaciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.04.121B.01.181. por un importe de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (50.240 euros) destinadas a contribuir a la financiación de los gastos ocasionados a los empleados públicos de esta Administración que realicen estudios que supongan la obtención de un título oficial de los expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Quedan expresamente excluidos los proyectos fin de carrera y los estudios impartidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Las prestaciones no podrán ser prorrogadas para cursos sucesivos y su concesión se limitará al curso 2003-2004.
2.– A propuesta de la Comisión de Acción Social se podrá modificar la cuantía global asignada si, a la vista de las solicitudes presentadas, se comprueba la existencia de remanente en la cantidad asignada a uno o varios programas de los establecidos por dicha Comisión con cargo al Fondo de Acción Social para 2004.
3.– Las prestaciones económicas reguladas en la presente Orden serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas recibidas por el mismo concepto de cualquier Entidad Pública o Privada, salvo que fuesen de cuantía inferior; en ese caso, si se acredita documentalmente su naturaleza y cuantía, se podrá solicitar la diferencia.

Segunda.– Modalidades y cuantía.
Las modalidades e importes de las prestaciones objeto de esta convocatoria, serán las siguientes:
a) Estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se establecen prestaciones únicas de 60 euros.
b) Enseñanzas de Bachillerato, F.P. de Grado Medio, y F. P. de Grado Superior. Se entenderán incluidas dentro de esta modalidad, las enseñanzas oficiales que a su término den derecho a la obtención del título de bachiller, técnico y técnico superior, así como aquellas enseñanzas de régimen especial implantadas que den lugar a una titulación de nivel equivalente. Se establecen prestaciones únicas de 120 euros.
c) Estudios universitarios de Primer o Segundo Ciclo, así como aquellas enseñanzas de régimen especial implantadas que den lugar a una titulación equivalente. Quedan incluidos los cursos de adaptación para el segundo ciclo universitario y excluidos los de especialización para postgraduados, el doctorado y cualesquiera otros que no conduzcan a la obtención de un título universitario bien superior o de grado medio. El importe de las prestaciones según se formalice en curso completo o por asignaturas sueltas será el siguiente:
– Curso completo: importe de la prestación: 420 euros.
– Asignaturas sueltas: prestaciones de 60 euros por asignatura, con un límite por beneficiario de 420 euros.

Tercera.– Solicitantes.
1.– Podrán solicitar las prestaciones reguladas en esta Orden, siempre que reúnan los requisitos exigidos en la base siguiente, los Empleados Públicos de la Administración General, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Castilla y León.
2.– No podrá acogerse a las prestaciones convocadas el personal de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, no incluido expresamente en el punto 1 de esta Base.

Cuarta.– Requisitos.
El personal mencionado en el apartado 1 de la base anterior deberá reunir los siguientes requisitos:
1.– Estar en situación de servicio activo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2.– Formalizar primera matrícula al menos en tres asignaturas de carácter anual, en el curso 2003-2004.
3.– Para la modalidad b) haber aprobado al menos tres asignaturas y para la modalidad c), haber aprobado al menos dos asignaturas de carácter anual o los créditos equivalentes, entre las convocatorias de junio y septiembre de 2003. En el supuesto de solicitarse la modalidad de prestaciones correspondientes a curso completo de estudios universitarios, el requisito de aprobados se extenderá a la totalidad de asignaturas de que consta el correspondiente curso entre las convocatorias de junio y septiembre de 2003. En el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos señalados se exigirán respecto del último curso realizado.
A los efectos del párrafo anterior, las asignaturas cuatrimestrales se computarán como medias asignaturas, y no se computarán en ningún caso las asignaturas convalidas.

Quinta.– Solicitudes.
1.– Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como ANEXO I a la presente Orden e irán dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Administración Territorial. Podrán presentarse en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León o en los lugares a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se excluye la posibilidad de presentación por tal medio, tanto de la solicitud como de la documentación, por razón de la especial naturaleza de ésta, de los datos que en ellas se contienen y de la necesidad de aportación de diversos documentos originales.
2.– El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 12 de abril de 2004.

Sexta.– Documentación.
1.– Junto con la solicitud normalizada deberá presentar de la siguiente documentación, la que corresponda en cada caso:
a) Fotocopia debidamente compulsada del libro de familia completo.
b) En su caso, certificado de la inscripción de la unión de hecho en el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León, creado por Decreto 117/2002, de 24 de octubre, o en el Registro de Uniones de Hecho de la Entidad Local de residencia. El solicitante residente fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León deberá aportar certificado de la unión de hecho emitido por el órgano competente de su Comunidad Autónoma o Entidad Local.
c) Documento que justifique la guarda, tutela, acogimiento o adopción, en su caso.
d) En los casos de separación judicial, nulidad de matrimonio o divorcio, acreditación de las cargas familiares que soporta el solicitante.
e) Fotocopia de la última nómina recibida por el empleado público a la fecha de publicación de esta Orden.
f) Certificado del órgano competente dependiente del Ministerio de Hacienda, de la declaración anual del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2002 de todas las personas que componen la unidad familiar y que realicen la declaración, o en su caso, los cálculos realizados por la Agencia Estatal tributaria (Anexo 2) para proceder a la devolución solicitada en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En aquellos casos en que no se hubiera efectuado la declaración correspondiente a dicho ejercicio, por no haber percibido los ingresos mínimos para ello y no se hubiese solicitado devolución, deberá presentar:
– Certificado del órgano competente dependiente del Ministerio de Hacienda, acreditativo de no tener la obligación de presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2002.
– Certificado acreditativo de los haberes percibidos por el solicitante, y en su caso, por otros miembros de la unidad familiar, correspondientes al año 2002.
g) Declaración jurada de si/no percibe otras prestaciones por el mismo concepto de Entidades Públicas o Privadas (Anexo II).
h) Para las modalidades b) y c), certificación académica original acreditativa de las calificaciones obtenidas en convocatorias de junio y septiembre de 2003, con mención expresa de si corresponden a curso completo, asignaturas anuales o cuatrimestrales.
i) Certificación original del Centro, acreditativa de haber formalizado primera matrícula de curso completo o al menos en tres asignaturas anuales en el curso 2003-2004.
No se considerará, a los efectos previstos en la presente Orden, documentación acreditativa el resguardo de matrícula o solicitud de inscripción en el Centro. La acreditación de los apartados h) e i) podrá ir incluida en el mismo certificado.
j) Sólo para estudios universitarios, fotocopia del Plan de Estudios correspondiente
k) En el caso de estudios universitarios homologados en centros privados, deberá adjuntarse acreditación de la correspondiente homologación de los estudios que se cursan, así como su equivalencia.
2.– En caso de presentar solicitud en más de una convocatoria de Acción Social para el año 2004, la documentación de los apartados a), b), c), d), e), y f) deberá aportarse una sola vez.
3.– Constituyen la unidad familiar a los efectos de lo dispuesto en la presente Orden, el empleado público, su cónyuge si no media separación, su pareja de hecho, y los hijos del solicitante que convivan con él en su mismo domicilio.
Se entenderá que los hijos forman parte de la unidad familiar aún cuando quiebre el principio de convivencia por razones de estudio.

Séptima.– Selección.
El Orden de preferencia para la concesión de prestaciones, reunidos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, vendrá determinado de un modo inversamente proporcional a la cantidad resultante de dividir la Renta Disponible de la unidad familiar por el número de miembros que la componen, todo ello referido a fecha 31 de diciembre de 2002, procediéndose del siguiente modo:
– Para aquellos miembros de la unidad familiar que hayan presentado declaración o solicitud de devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se sumarán sus bases imponibles, en su parte general y especial, previas a la aplicación del mínimo personal y familiar.
– Para aquellos miembros de la unidad familiar que no hubieran tenido la obligación de declarar ni hayan solicitado devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se tendrá en cuenta la suma de sus ingresos íntegros minorados en una cuantía relacionada con las establecidas en los artículos 17.3 y 18 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

Octava.– Procedimiento y Resolución.
1.– Recibidas las solicitudes, se procederá al estudio y calificación de las mismas. Una vez ultimada la gestión, la Comisión de Acción Social, elevará a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, para su aprobación y publicación, propuesta de concesión a favor de quienes, reuniendo los requisitos exigidos en esta Orden, resulten adjudicatarios de acuerdo con el orden de preferencia establecido en la Base Séptima, comprometiéndose los miembros de aquélla a observar la necesaria confidencialidad con respecto a informaciones o datos que conozcan por su participación en la citada Comisión.
2.– La Administración podrá requerir a los solicitantes cualquier otra documentación que considere necesaria, al objeto de comprobar los requisitos de acceso a las ayudas.
3.– La presente convocatoria será objeto de resolución mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, que deberá ser publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León». El plazo para resolver y publicar la Orden de concesión finalizará el 31 de diciembre de 2004. Transcurrido dicho plazo, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
4.– Las ayudas del Fondo de Acción Social constituirán para sus perceptores rendimientos de trabajo, en cuanto que son consecuencia de una previa relación laboral o funcionarial y por tanto están sujetos al IRPF, y sometidas a su sistema de retenciones a cuenta.
5.– El abono de las prestaciones se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta en la cual tenga domiciliada su nómina el empleado público.
6.– La concesión de estas prestaciones se regulará por lo establecido en la presente Orden. En lo no dispuesto en la misma, para la resolución de cualquier cuestión planteada, se estará a lo que determine la Comisión de Acción Social.
7.– En los casos en los que se estime necesario, la Comisión podrá solicitar la colaboración de un Asesor especialista.

Novena.– Verificación y Control.
1.– Son obligaciones de los adjudicatarios de las prestaciones las siguientes:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y disfrute de la prestación.
b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la prestación.
c) Declarar específicamente, en los supuestos de cambios de estudios, el hecho de haber resultado adjudicatario de idéntica modalidad de prestación por estudios en años anteriores.
2.– Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, la deformación de hechos o cualquier falsedad consignada en la solicitud o en los datos que se aporten, será causa de denegación de la prestación o pérdida de la concedida, con devolución, en este último caso, de las cantidades percibidas.
Igualmente serán revocadas en el caso de probarse que se han concedido sin reunir alguno o algunos de los requisitos establecidos o sin la debida acreditación de los mismos.
3.– Los beneficiarios estarán exentos de acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 7.d) del Decreto 113/1999, de 3 de junio, por el que se modifica el artículo 7 del Decreto 61/1997, de 20 de marzo, que regula la acreditación, por los beneficiarios de subvenciones, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Décima.– Recurso Contencioso-Administrativo.
Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2. a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


El Consejero,
Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

 
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