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Vacaciones, permisos y licencias

La Junta de Castilla y León publicó en el mes de octubre el Decreto 210/2000, de 11 de octubre, regulando las vacaciones, licencias y permisos de los empleados públicos a su servicio.

En el artículo 1.2 se establece que "El personal docente e investigador se regirá por las normas autonómicas específicas que les sean de aplicación, en su defecto por las específicas que hubiere dictado la Administración del Estado y, supletoriamente, por lo previsto en el presente Decreto".

A pesar de estar redactada esa norma en términos tan claros, las Direcciones Provinciales están desestimando a los docentes las solicitudes de los permisos regulados en dicho el Decreto 210/2000 por lo que debemos solicitar esos permisos por escrito a fin de poder hacer valer nuestro derecho a su disfrute ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

La Administración entiende que la aplicación del Decreto 210/2000 a los docentes debe hacerse de forma "residual". ¿Qué debe entenderse por "aplicación residual" cuando se están denegando sistemáticamente los permisos solicitados conforme a dicho Decreto? Lo que se establece en el artículo 1.2 es que el Decreto se aplicará "supletoriamente' en defecto de normas específicas autonómicas o estatales para los docentes.

¿Cuál es la normativa vigente en materia de permisos y licencias para el personal docente de Castilla y León? No existen normas autonómicas específicas para ese personal en materia de permisos y licencias; luego, en su defecto, deben aplicarse las normas específicas dictadas por la Administración del Estado. Pero como éstas se limitan a las vacaciones (deben disfrutarse en periodo no lectivo), a la jornada laboral (treinta horas de permanencia en el centro...) días moscosos (de no aplicación a los docentes), supletoriamente deben aplicarse al personal docente las normas del Decreto 210/2000. Es decir, que prácticamente la casi totalidad de los permisos y licencias deben regirse por ese Decreto.

Quizás la Junta de Castilla y León pretenda publicar en el futuro alguna disposición regulando los permisos y licencias de su personal docente, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas (caso de Aragón, donde se han mejorado considerablemente los permisos y licencias tal como venían regulados por la Administración del Estado: veinte días por matrimonio, dos días por divorcio o separación legal, siete días por nacimiento de un hijo...) En ese momento, cuando existan unas normas autonómicas específicas para los docentes, este personal se regirá por ellas. Pero, mientras tanto, debemos todos, Administración y docentes, atenernos a lo dispuesto en el artículo 1.2 del decreto 210/2000.

 Jesús Gómez

ESCUELA HOY      11     Nº 48 dic. 2000-enero 2001

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