STEs Castilla y León Comunicados
 


www.stes.es

 

La Confederación de STES-i ante el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005

24-09-04

Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
La Confederación de STEs-Intersindical exige unos presupuestos sociales en los que se prime la defensa, democratización y mejora de los servicios públicos, la recuperación de los derechos laborales y sociales y la disminución de la pobreza y la exclusión social.

Las fuentes de financiación y el déficit cero
En los últimos tiempos ha ido aumentando el porcentaje de los impuesto indirectos (IVA y otros) sobre el total de la recaudación, cosa que perjudica de forma especial a las personas con menor capacidad económica. Al mismo tiempo se ha ido rebajando el tipo máximo de tributación en el IRPF, con el consiguiente beneficio para las personas de mayores ingresos.

Las últimas reformas fiscales han disminuido la recaudación (un 14’08% en la reforma de 1999 y un 16’53% en la de 2003) y la capacidad redistributiva (un 5’23% en 1999 y un 6’06% en 2003) del impuesto sobre la renta (informe de la Fundación de Cajas de Ahorro).

También se ha ido beneficiando a las empresas con continuas bonificaciones que no se han visto reflejadas en una mejora de la ocupación laboral, ni cuantitativa ni cualitativa, aunque sí en una disminución de la recaudación de la seguridad social.

Con el argumento del déficit cero, se han ido recortando, paulatinamente, gastos sociales, cuando las necesidades y nuestro desfase respecto a la media europea (más del 7% del PIB) demandaban todo lo contrario. No vale aquí decir que se cumplen directrices europeas cuando varios estados están sobrepasando el 3%, en principio permitido, de déficit presupuestario.

Otra de las contribuciones al déficit cero ha sido la congelación salarial que ha venido sufriendo el personal empleado público, junto al recorte de plantillas y la precarización.

Tanto en la Seguridad Social como en el INEM, no se ha utilizado el superávit, en los últimos años, para mejorar las prestaciones y sino para ahorrar gastos generales del Estado como.

Demandamos un cambio de rumbo, con un reforzamiento de la progresividad fiscal, donde más paguen quienes más tienen, y una renuncia expresa al déficit cero y a que el equilibrio presupuestario se logre recortando el gasto social.

Defensa de los Servicios Públicos
Desde la Confederación de STEs-Intersindical, demandamos la mejora de los servicios públicos y la detención de la sangría social que suponen los recortes de las prestaciones sociales y las continuas privatizaciones (enseñanza, sanidad, pensiones, RENFE, Correos, Iberia, Telefónica,...) propiciando enriquecimientos inmorales a costa de ellos.

Asimismo, hay que parar el proceso de externalizaciones y subcontrataciones que se están dando en las administraciones y las empresas públicas.

Es necesario frenar el deterioro de la Enseñanza y de la Sanidad Públicas, que se han ido convirtiendo en redes asistenciales y subsidiarias de otras, privadas, que se están potenciando paralelamente.

El Estado debe asumir los servicios básicos (atención a personas mayores, disminuidas físicas, menores en situación de riesgo, inmigrantes, personas sin techo,...) que han pasado a ser atendidos por ONGs o Fundaciones subvencionadas, muchas de ellas cercanas al poder político, que ponen en práctica el carácter asistencial-caritativo frente a lo que deberían ser políticas de justicia social.

Deben aumentar aquellos servicios sociales que tienen mucha incidencia sobre la posibilidad real de conciliación de la vida laboral y personal: atención a la infancia, personas enfermas, incapacitadas y ancianas.

Se ha estado agitando la idea de la rentabilidad económica ocultando el verdadero sentido de los servicios públicos: la materialización de los derechos sociales. No admitimos criterios de gestión privada, que no disminuyen los gastos y, en cambio, sí precarizan el empleo público y disminuyen el alcance y la calidad de los servicios públicos.

Tampoco consideramos como público, ni social, el gasto que se hace en grandes infraestructuras o inversiones, dirigido, no a mejorar los servicios para la ciudadanía, sino a contribuir en su privatización y a engordar los beneficios de ciertas empresas: AVE, ordenadores y nuevas tecnologías en centros públicos, planes de pensiones del personal empleado público, grandes infraestructuras del PHN,... El gasto debe ir a solucionar los problemas de la gente y no a garantizar los beneficios de nadie.

Consideramos una parte muy importante del gasto social el dedicado a las pensiones. Defendemos el fortalecimiento del sistema público de pensiones, dejando de favorecer los negocios de los fondos de pensiones con las exenciones fiscales, que hacen disminuir los ingresos públicos, y el continuo cuestionamiento de la estabilidad del sistema.

Defender los servicios públicos supone también defender la gestión y el control democráticos de los mismos. Personas usuarias, personal empleado y administración deben garantizar su transparencia y el cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Las fundaciones, en la gestión de los hospitales, o la pérdida de funciones de los consejos escolares, en la enseñanza, son ejemplos de lo que no se debe hacer.

Se debe recuperar el espíritu del Estado Social donde todas las personas tengan asegurados los mínimos vitales (vivienda, educación, sanidad, pensiones...), se disfrute de unos servicios públicos de calidad, gestionados democráticamente y con personal reconocido en sus derechos laborales.

El personal empleado público
El único avance que se conoce, sobre las propuestas gubernamentales, es la propuesta salarial para las personas que trabajan en las administraciones públicas. Es una propuesta que, sinceramente, nos ha defraudado.

Esta propuesta consistía en:

• Un 2% de subida salarial.
• Incorporación del 20% del complemento de destino a las pagas extras. Así subiría a un total del 60% del C.D. en las pagas extras. Esta subida supondría un 0’7% de subida global anual.
• Aumento de un 0’5% de la masa salarial en el fondo de pensiones del personal de la Administración General del Estado. Se pasaría así del 0’5 del año anterior al 1% para el 2005.

Esta en nada se parece a la propuesta inicialmente aireada por el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de un aumento salarial de 3’5% y mucho menos responde a nuestras reivindicaciones.

En primer lugar es cuestionable el ámbito en él que se quiere lleva adelante la negociación. La Mesa reúne sólo a organizaciones sindicales de la Administración General del Estado, mientras sus acuerdos vinculan, por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, a todo el personal empleado público, sea cual sea el sector al que pertenece (Sanidad, Educación, Administración,...) o la administración de la que depende (administraciones locales, administraciones autonómicas, organismos autónomos, empresas estatales o la propia administración del Estado).

De esta forma se vende como una subida del 3’2% global lo que, en el mejor de los casos, sólo afecta a una administración (la AGE con un 25% del total del personal, puesto que la subida del 0’5% al fondo de pensiones no llegaría de ninguna forma al personal dependiente de otras administraciones. Tampoco afecta la subida de las pagas extras (20% del C.D.) a aquellas personas que, en su Comunidad Autónoma o en su Ayuntamiento, tienen ya conseguida la incorporación del complemento de destino.

Así vemos que la única subida salarial real es la del 2% (IPC previsto para el 2005) o lo que es lo mismo, el personal empleado público pierde otra vez poder adquisitivo (el IPC interanual está por el 3’3%).

Se sigue vendiendo como subida salarial la aportación a fondos de pensiones (salario diferido lo llaman). Fondos de pensiones de carácter obligatorio, donde las trabajadoras y trabajadores no pueden elegir entre invertir en el fondo o no. Es curioso el interés por buscarle clientes a los fondos de pensiones, que de otra manera no tendrían. Más curiosa resulta la participación, en la entidad privada que gestionará los fondos del personal de la Administración General del Estado, de sindicatos que se proclaman de clase y defensores de los servicios públicos.

Todo esto conduce a la generalización de los fondos de pensiones para el personal de las administraciones autonómicas y locales. Estamos ante un ejemplo de privatización, de "pelotazo" con ayuda de la administración y de generación de desconfianza hacia el sistema público de pensiones.

Reivindicaciones salariales fundamentales:

Por otra parte, la propuesta del Gobierno se olvida de reivindicaciones salariales fundamentales:

• Subida igual a IPC real.
• Recuperación del poder adquisitivo y cláusula de revisión salarial.
• Pagas extras iguales a sueldo mensual íntegro.
• Trienios para el personal interino y eventual.
• Desaparición de los complementos de carácter arbitrario como la productividad.
• Disminución de las diferencias salariales.

Además, en las propuestas del Gobierno no se habla nada de otros temas tanto o más importantes que los puramente salariales:

• Jornada laboral, donde defendemos la generalización de las 35 horas semanales, en todas las administraciones, vinculadas a la creación de empleo.
• Movilidad geográfica y funcional. En este ámbito reivindicamos el carácter voluntario de los traslados y cambios de funciones, con peso fundamental de la antigüedad como parte objetiva de los baremos de méritos.
• Estabilidad en el empleo con ofertas públicas que limiten la tasa de interinidad, que en estos momentos supera el 20%, a no más de un 5% en las administraciones públicas. Todo ello con un acceso a la función pública que reconozca la antigüedad como mérito primordial, para aquellas empleadas y empleados interinos seleccionados por criterios objetivos de mérito y capacidad.
• Formación laboral del personal empleado público, con la desaparición de la externalización, también en este ámbito. La formación es un derecho y un deber de los trabajadores y trabajadoras y las administraciones no pueden esquivar su responsabilidad, con el traspaso de la formación a empresas y sindicatos, que lo único que logra es financiarlos de forma indirecta y devaluar el propio concepto de formación.
• Conciliación de la vida laboral y personal, donde se debería ampliar los periodos de baja maternal o de adopción y de reserva de puesto de trabajo en las excedencias por cuidado de hijo o hija menor de tres años y se debería crear un permiso de paternidad acumulable al de maternidad.
• Salud Laboral, exigiendo el desarrollo completo de los planes de prevención de riesgos laborales en las administraciones y de todos los servicios de prevención de riesgos laborales y de un sistema integrado de gestión de los planes de riesgos laborales en todas y cada una de las administraciones públicas.

La propuesta presentada es, por lo tanto, inaceptable desde cualquier organización que diga defender los servicios públicos y a sus empleados y empleadas.

La negociación colectiva del personal empleado público
Aunque no relacionado directamente con los presupuestos generales del Estado, sí que, en la propuesta que haga el Gobierno, implícitamente se deriva una forma centralista de entender la negociación colectiva.

En primer lugar, se negocia en un ámbito que sólo representa a la A.G.E., con unas 500.000 personas empleadas, frente a los más de dos millones del total de las administraciones públicas.

Se limita el derecho al autogobierno y a la negociación colectiva en las Comunidades Autónomas, que tienen que aceptar lo dispuesto por la Administración Central.

La representación sindical en las administraciones públicas está constreñida por la ley 9/87 donde se mantienen unas unidades electorales arbitrariamente definidas y donde la proporcionalidad de la representación varía de forma escandalosa según los sectores. Aquellos sectores y servicios menos numerosos son los que cuentan con una mayor representación sindical y, por lo tanto, mayor capacidad de incidencia.

Desde la Confederación de STEs-Intersindical defendemos la democratización y descentralización de la negociación colectiva en todos los ámbitos y, por supuesto, en las administraciones públicas.

 

1-Octubre-2004
Confederación de STES-Intersindical

 

 

Más información

PRESUPUESTOS 2005


Manifiesto intersindical sobre la situación de los empleados y empleadas públicos
La situación en la Función Pública es insostenible

 STES-i considera inaceptable la propuesta salarial para el personal empleado público.
 La Confederación de STES-i ante el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
 Como vender y generalizar una subida que afecta a unos pocos

SUBIDA SALARIAL PARA EL 2005
- Algunas cosas que no se dicen del Acuerdo y sobre el Fondo de Pensiones
- El Acuerdo tiene Trampa.- (Leamos la letra pequeña)

 

 
    STEs Castilla y León Comunicados