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La
Confederación de Sindicatos de Trabajadoras/es de la Enseñanza (STEs-intersindical),
valora negativamente la propuesta salarial presentada por el
Ministerio de Administraciones Públicas para aplicar al personal
funcionario, por considerarla incompatible con la defensa de los
servicios públicos y de sus empleadas y empleados.
Los motivos
que nos llevan a rechazar esta oferta son, básicamente, los
siguientes:
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La propuesta presentada en nada se
parece a la inicialmente aireada por el ministro Jordi Sevilla, de
un aumento salarial del 3,5%. Se vende como una subida del 3,2%
global lo que, en el mejor de los casos, sólo afecta a una
administración, puesto que la subida al 0,5% del fondo de
pensiones no llegaría de ninguna manera al personal dependiente de
otras administraciones. Tampoco afecta la subida de las pagas
extras (20% del C.D.) a aquellas personas que, en su comunidad
autónoma o en su Ayuntamiento, tienen ya conseguida la
incorporación del complemento de destino.
Por lo tanto, la única subida salarial real es la del 2% (IPC
previsto para 2005) o lo que es lo mismo, nueva pérdida de poder
adquisitivo (el IPC anual está por el 3,3).
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Es cuestionable el ámbito en el que
se quiere hacer lo que no está siendo sino una parodia de
negociación. La Mesa en cuestión reúne sólo a organizaciones
sindicales de la Administración General del Estado, mientras sus
acuerdos vinculan, por la vía de los Presupuestos Generales del
Estado, a todo el personal empleado público, sea cual sea el
sector al que pertenezca o la administración de la que dependa.
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Se sigue vendiendo como subida
salarial la aportación a fondos de pensiones –o salario diferido,
como lo están llamando-. Llama la atención el interés de los
sindicatos presentes en la mesa –y accionistas en la entidad
gestora de este fondo de pensiones - por incluir el dinero que
debiera destinarse a las empleadas/os públicos, en estos fondos.
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La propuesta se olvida de
reivindicaciones salariales fundamentales, como la subida igual al
IPC real; recuperación de poder adquisitivo y cláusula de revisión
salarial; pagas extras iguales a sueldo mensual íntegro; trienios
para el personal interino y eventual; desaparición de los
complementos de carácter arbitrario como la productividad o
disminución de las diferencias salariales.
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Igualmente se refuerza la
contribución para privatizar el sistema público de pensiones y se
conduce a la generalización de los fondos de pensiones para el
personal de las administraciones autonómicas y locales.
Por último,
cabe recordar que tampoco se habla nada de asuntos tan importantes
como la jornada laboral, la movilidad, estabilidad en el empleo y
acceso a la función pública, negociación colectiva del personal
empleado público, formación, conciliación de la vida laboral y
personal, salud laboral o defensa de los servicios públicos, por lo
que cabe concluir que se trata de una propuesta que dista mucho de
ser la idónea desde un punto de vista de defensa de los servicios
públicos y de sus trabajadoras y trabajadores.
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