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Estatuto de la Función Pública |
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Un
informe de Administraciones Públicas trata de poner fin a los puestos
vitalicios |
- Ningún puesto tenga,
jurídicamente hablando, tendrá carácter vitalicio
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La permanencia del funcionario en su
puesto de trabajo debe perder el carácter vitalicio y vincularse al
desempeño de su labor. Es la principal propuesta de un informe
encargado por el Gobierno a un grupo de expertos que servirá como
base para elaborar el Estatuto de la Función Pública. El estatuto,
un texto para regular el papel y las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se enviará al Parlamento este año, según señaló
ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El
objetivo es que pueda aprobarse antes de 2007.
La propuesta de condicionar la continuidad en el puesto a los
resultados obtenidos no implica en ningún caso la pérdida de la
condición de funcionario. Si se considera que un empleado público no
ha cumplido su labor satisfactoriamente se le enviará a otro puesto
o se le quitarán algunos pluses salariales. También la promoción
dependerá del desempeño de la labor. Esas decisiones se adoptarán
mediante evaluaciones periódicas.
En definitiva, se persigue “que ningún puesto tenga, jurídicamente
hablando, carácter vitalicio”, explicó Miguel Sánchez Morón,
catedrático de Derecho Administrativo y autor del informe.
Los cambios planteados también afectarán a la retribución. Los
expertos aconsejan aumentar el porcentaje de salario vinculado a
productividad, en detrimento de otros elementos objetivos como la
antigüedad. Como garantía para los empleados públicos, cuando la
justicia considere improcedente un despido la Administración
readmitirá al trabajador sin acogerse a la posibilidad de sólo
indemnizarlo, como permite la ley.
Tribunales profesionales.
Con el fin de reforzar los criterios de objetividad e igualdad en la
obtención del puesto, los expertos proponen otra idea transgresora:
que en los órganos de selección participen sólo profesionales en
lugar de personas vinculadas a partidos, sindicatos o asociaciones
de funcionarios. El informe sugiere establecer la figura del
directivo público profesional, distinto al persona de confianza
político.
Más allá de esos cambios, el Estatuto pretende contribuir a frenar
el alza de la temporalidad en las administraciones públicas. Para
ello, se intentará impedir la “prolongación irregular” de las
situaciones de interinidad.
Jordi Sevilla se comprometió a consensuar el texto con sindicatos y
Administraciones autonómicas y locales (sólo el 23% de los
funcionarios depende de la administración central) y a hacer un
esfuerzo por pactarlo también con el Partido Popular. Lo acordado se
aplicará a los empleados públicos de todas las Administraciones,
casi 2,4 millones. El Estatuto, previsto desde hace más de 20 años,
“es una asignatura pendiente de la democracia”, |
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