El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su tercer considerando destaca un régimen de Derecho como esencial para la protección de los derechos humanos y contempla que cuando los gobiernos de los países dictan leyes injustas, que van contra los intereses generales de la población, los pueblos tienen la obligación de rebelarse y desobedecer. Literalmente: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

La insumisión, la desobediencia civil, es por tanto un arma al servicio de la ciudadanía para intentar revertir y hacer entrar en razón, -la razón de la defensa de los intereses generales en un Estado de Derecho-, a los gobiernos, que actúan de manera ilegítima contra los derechos y libertades de la ciudadanía.

La sociedad afectada utiliza la resistencia para no perder tales derechos y libertades, cuya conquista es el producto de luchas durante décadas de generaciones pasadas. La resistencia a que las siguientes generaciones vivan peor que sus padres o sus abuelos. La resistencia a la emigración forzosa. La resistencia, en definitiva, al empobrecimiento y la exclusión social, al que parecen querer destinar los gobiernos y la Troyka a una parte importante de la población.

Los poderes establecidos y estos gobiernos, que legislan en beneficio de las minorías, han decidido rebajarnos los salarios y las pensiones, eliminar los derechos laborales y sociales, privatizar el patrimonio público, que es lo que garantiza un Estado Social y de Derecho, un reparto de la riqueza y unos ciertos niveles de cohesión social.

Los grandes beneficiarios de esta contrarrevolución son los poderosos de cada país, que siguen acumulando riqueza y poder a costa de la mayoría. Lo público se ha convertido en una oportunidad para los negocios privados. La sanidad, la enseñanza y los servicios sociales están siendo comprados por bancos, constructoras y aseguradoras. Las medidas sobre las pensiones, propuestas ad hoc por un comité de "expertos" en privatizaciones, ayudados incluso por algún sindicalista, le sirven al Gobierno como excusa argumental para ponerse al servicio de bancos y aseguradoras, que van a ser los beneficiarios de los planes de pensiones, a los que, atizando el miedo y la necesidad, han inducido a una parte de la sociedad.

Algunos ejemplos para caracterizar la actual situación: Branko Milanovic, principal economista investigador del Banco Mundial manifestó que el 8% de las personas que disponen de mayores fondos en el mundo obtiene hasta el 50% de todos los ingresos del planeta. Mientras, en el Estado Español, en 2012 el número de millonarios aumentó un 5,4% y el paro ya ha superado los seis millones de personas. Los mandatarios de EE.UU y de la UE se acaban de reunir en una paraje idílico irlandés para avanzar en el Tratado de Libre Comercio, o lo que es lo mismo, eliminación de todas las barreras para el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres. Mientras tanto, no han tenido la misma premura en poner fecha para acabar con los paraísos fiscales, con el robo legal de las multinacionales, que evaden impuestos del erario público en cifras astronómicas.

Oxfam estima que al menos 14 billones de euros pertenecientes a fortunas individuales se esconden en paraísos fiscales repartidos por todo el mundo. “Este dinero perdido representa el doble de lo necesario para que cada persona del mundo pueda vivir con más de 1,25 dólares al día, es decir, para acabar con la pobreza extrema”, explica la organización a través de un comunicado. Por su parte, la UE calcula que los países miembros se pierden 2 billones de euros en evasión fiscal cada año. Una cantidad que supera los presupuestos destinados a Sanidad en cada estado europeo y supone cuatro veces el dinero destinado a educación en toda la Unión Europea.

La necesaria insumisión de los de abajo frente a esta contrarrevolución de los ricos nos debe llevar a una desobediencia activa. Y me voy a centrar en el caso educativo y la LOMCE del desprestigiado Ministro Wert, que amenaza ahora con una campaña propagandística para intentar vendernos las bondades de una Ley que nos retrotrae medio siglo en educación. Por mucho que se empeñe en la jerarquización y en erradicar la democracia de los centros, atribuyendo la total capacidad de decisión a las direcciones de los mismos, las comunidades educativas con los equipos directivos al frente, tienen la posibilidad y la obligación de vivir y potenciar las prácticas democráticas en los centros: convirtiendo los claustros del profesorado, consejos del alumnado y consejos escolares en órganos participativos y en los que se toman decisiones, que luego los equipos directivos ejecutan. El Consejo Escolar debe ser el máximo órgano de decisión, y eso no lo prohíbe ley alguna. Y cuando la Dirección de un centro asuma el papel de capataz hay que denunciarlo y desobedecer.

Se hace necesaria la unidad para la defensa de lo público, para seguir reclamando una Inversión de, al menos, el 7% del PIB en Educación Pública.

El impulso a las prácticas democráticas en los centros nos va a llevar al conjunto de los sectores de las comunidades educativas a seguir alcanzando acuerdos para defender una Escuela Pública, gratuita, científica, laica, participativa, que prepare para la vida y no para la empresa, y que forme personas críticas.

La educación, la sanidad, los servicios sociales, el funcionariado, las personas paradas, las que trabajan en precario, el estudiantado, los pensionistas y jubilados, en definitiva, la clase trabajadora en su conjunto, hombres y mujeres, tenemos que unir nuestra resistencia a la pérdida de derechos y libertades, nuestra insumisión a las leyes injustas y continuar saliendo a las calles para revertir esta situación. Somos mayoría y juntos podemos. Ni un paso atrás.