Estos días la reforma que nos impone la troika contra el sistema de pensiones, la está poniendo en la cocina el gobierno de Mariano Rajoy, bajo un supuesto estudio de sostenibilidad a cargo de un elenco de “expertos” más bien comité de interesados vinculados profesionalmente a bancos, aseguradoras y algún sindicato . Su labor ha sido la de facilitar la liquidación del sistema publico de pensiones conocido a favor de la banca y la patronal de las aseguradoras privadas.

 Cada vez que se nos quieren imponer un nuevo recorte cambiando el modelo social constitucional se habla de “sostenibilidad” desde posiciones ideológicas e insostenibles en un camino de destrucción de lo publico a favor de lo privado. Esta vez le toca a las pensiones para recortarlas, bajarlas y abrir la vía de un suculento de negocio para banca y aseguradoras.

El primer paso es la alarma social que esta generando el gobierno del PP lanzando mensajes de quiebra del sistema de pensiones y de “insostenibilidad”. Con eufemismos trata de colar un factor de liquidación denominando “factor de sostenibilidad” donde, basándose en la crisis y en la bajada de cotizantes por el aumento de la paro, pretende dinamitar el Pacto de Toledo y el actual sistema de pensiones sin recurrir al fondo de reserva, previsto para ser usado en situaciones de crisis como la actual.

Todo este perverso lenguaje trata de alterar el principio de pensión según la cotización producida en los años de actividad laboral, desligándola de la misma y atándola a la marcha de la economía, principio neoliberal por excelencia. Según lo pretendido la pensión no se cobraría según lo cotizado, por lo que el agujero en la pensión sería evidente y la necesidad de acudir a un sistema privado sustitutivo o complementario evidente, para mayor regocijo de entidades financieras y aseguradoras.

Otra de las afiladas armas contra el sistema público es la desvinculación de la revalorización de la pensión del IPC, con lo que disminuiría su poder adquisitivo y aumentaría la necesidad de “complementar” con un sistema privado. Incluso ligar la pensión a la esperanza de vida (FEI), quebrando el principio de pensión por cotización, va encaminado en la misma dirección, la reducción de un 20 % con respecto a la actual, sin tener en cuenta que las proyecciones demográficas siempre se equivocan en el tiempo. Con ambas medidas se recortarían un 30 % las pensiones actuales. Esto se añade al recorte del gobierno anterior del PSOE, que inició este peligroso camino de liquidación de pensiones.

Sin embargo con estas medidas se ignora que, para  consolidar el sistema público de pensiones y para salir la crisis económica, hay que incrementar el empleo estable y con derechos de los cotizantes y las rentas salariales (bases de cotización). La suficiencia presupuestaria quedaría garantizada con una reforma fiscal progresiva que abriera una nueva financiación de pensiones con impuestos, de lo que no se quiere hablar.

Las pensiones no son altas sino bajas: la pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955 euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700 euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia, 12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27 -11,3%-). Los desequilibrios entre los ingresos y los gastos, son resolubles por el incremento de los recursos a medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos.

 Lo que se está planteando es una opción política unilateral e ideológica en beneficio del poder económico y financiero y frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y pensionistas. No es una discusión técnica como pretenden hacernos creer. Estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y democrática de nuestro país, del bienestar público y la seguridad social, frente a la voracidad del mercado financiero y sus actores gubernamentales.

Una ley que no cuente con mayoritario consenso social, con un amplio tiempo para el debate y el diálogo con la comunidad educativa y que no elimine elementos que destruyan empleo, contrarreformistas y reaccionarios, no tendrá futuro. No prosperará por mucho que se empeñen con la austeridad, los recortes y el desprestigio gratuito a la enseñanza pública. ¡SI SE PUEDE!.