Con la crisis como excusa,
los recortes en educación, al igual que los recortes en
los demás servicios públicos, están siendo terriblemente
agresivos y afectan gravemente a los sectores más
vulnerables de la comunidad educativa. Pero, además,
como se está comprobando, son totalmente inútiles para
salir de la crisis o paliar el déficit público. Pero lo
que sí se está consiguiendo es desmantelar la educación
pública, que, en realidad, es el verdadero objetivo.
Pues no son sólo los recortes, está ya en marcha el
nuevo proyecto de ley del PP (LOMCE) con propuestas
altamente preocupantes, algunas terriblemente
retrógradas, como las antiguas reválidas estatales y el
cuerpo de directores, que nos retrotraen a tiempos
predemocráticos. Las medidas que propone la nueva Ley
persiguen una re-centralización y un mayor control del
Estado con respecto a las autonomías, son segregadoras
para el alumnado y proponen la desaparición total de la
democracia en el funcionamiento de los centros.
La LOMCE es una ley económicamente privatizadora,
que pone la educación al servicio de la economía, que
abandona el compromiso de la Administración de ofrecer
suficientes plazas públicas, beneficiando así a los
centros privados concertados. Aumenta el tiempo de los
conciertos, que no tendrán que renovarlo hasta pasados
seis año.
 Es una ley socialmente injusta, basada en
múltiples pruebas y reválidas que convierten el ciclo
educativo en una especie de carrera de obstáculos, con
múltiples “salidas” del sistema para el alumnado con más
dificultades. Como dice la propia ley “los alumnos
tienen distintos talentos y hay que encauzarlos”. Ni una
palabra sobre como compensar las desigualdades ni como
evitar la segregación escolar, sino todo lo contrario, a
los centros con mejores resultados (que, como demuestran
todos los estudios, coinciden con el alumnado más
favorecido social y culturalmente) se les asignará más
recursos, aumentando aún más las desigualdades.
Es políticamente centralizadora y ataca
directamente las competencias de las comunidades
autónomas. Pretende introducir el castellano como lengua
vehicular en Cataluña, desmantelando así el sistema de
inmersión lingüística que cuenta con un apoyo social
absoluto y que ha demostrado ser eficiente: el alumnado
de Cataluña termina con un nivel de conocimiento del
castellano igual o superior que el resto de CCAA. Relega
la asignatura de lengua catalana a una tercera categoría
y adjudica al Estado el control del 100 % del currículum
de las asignaturas básicas.
Es ideológicamente reaccionaria y está pensada
más bien para favorecer los intereses de Obispos y
empresarios que los del propio alumnado. Desaparece la
“Educación para la Ciudadanía”, reintroduce la religión
como evaluable, y disminuye notablemente todas las
materias consideradas no instrumentales: música,
plástica, filosofía, lenguas clásicas, etc.
empobreciendo enormemente los conocimientos y las
capacidades críticas de nuestros futuros ciudadanos y
ciudadanas.
Propone una organización de los centros públicos
educativos inspirada en las empresas privadas, olvidando
que la escuela no es una empresa. Aumenta el poder de
los directores que, a su vez, son nombrados por la
Administración y se les adjudica funciones más propias
de Jefes de personal que de coordinadores y
dinamizadores pedagógicos. Les da la posibilidad de
seleccionar al profesorado y tomar decisiones por encima
del claustro y del Consejo Escolar. Todo ello
dificultará enormemente la participación y la
innovación, aumentando la arbitrariedad, la submisión y
la represión. Es un retroceso en el tiempo de la
dictadura con el “cuerpo de directores” que habíamos
conseguido eliminar con la llegada de la democracia.
Es una ley laboralmente desregularizadora, que
hace desaparecer las normas claras sobre las condiciones
de laborales del profesorado: formas de acceso,
horarios, complementos, etc. precarizando aún más el
trabajo docente.
En definitiva, un modelo de educación cada vez más
neoliberal y más segregador, menos participativo y más
autoritario. Una contrarreforma que no contempla medidas
pedagógicas contra el fracaso escolar o el abandono
prematuro. Unos cambios que, junto a todos los recortes,
no harán más que aumentar las desigualdades educativas.
Hay que decir, también, que muchas de las propuestas de
este nuevo proyecto de Ley del PP están ya implantadas
en Cataluña, donde un gobierno, presuntamente de
izquierdas, aprobó en 2009 la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), guiada totalmente por los mismos
principios neoliberales que han inspirado la LOMCE.
Es necesario que la sociedad toda sea consciente que
desmantelar y devaluar a la educación pública y a su
profesorado es una pérdida enorme que afecta a la
convivencia democrática y pone en peligro la cohesión
social. Necesitamos mejorar nuestro sistema educativo,
pero ello es imprescindible aumentar el presupuesto
educativo, poner freno a la privatización y buscar
fórmulas de consenso social para no tener que cambiar la
ley nuevamente en el momento que cambie el color del
gobierno.
La educación es un bien colectivo y no puede convertirse
en una arma política y de adoctrinamiento ideológico al
servicio de un sistema que es incapaz de sacarnos de la
crisis y ofrecer un futuro a nuestros jóvenes,
sobradamente preparados..
 Rosa
Cañadel
Profesora.
Portavoz del sindicato USTEC·STEs.
@RosaCanyadell |
