La LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino el rechazo más airado de la comunidad educativa, como se ha puesto en evidencia en múltiples movilizaciones.

Como son maestros de la neolengua hablan de “calidad” e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o científico. Pero su verdadera esencia es mandar el mensaje de que “hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades”. Porque lo cierto es que no están dispuestos a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática. No quieren la mezcla social entre los hijos de familias de diferente estatus socioeconómico.

Y porque se someten a los intereses mercantilistas: la educación es un negocio que a nivel mundial supone un pastel de 2 billones de dólares y que en España obtuvo casi 700 millones de euros de beneficios según los últimos datos del INE. Por todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado el gobierno del PP es seguir trasfiriendo recursos del sector público al privado y pasar del 3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de euros menos al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de nuestro entorno.

Durante la democracia se lograron importantes avances en el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. Estas conquistas están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.

La educación pública española, por los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa dirección.

– Segregación, con diversos itinerarios que supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común por tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje, la Formación Profesional Básica y los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segregue más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. También convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad aún más clasista.

– Confesionalidad, que nos retrotrae al nacionalcatolicismo, con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos.

– Privatización y fortalecimiento de los conciertos privados, al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva creación. De esta forma se refuerza la doble red que crea discriminación, dándose la paradoja de que entre todos financiamos a quien más tiene, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.

– Menor democracia. Se reducen las competencias de los órganos colegiados y de la comunidad educativa, reforzando el poder y el clientelismo de las direcciones de los centros

La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con conciertos para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de profesores nativos o publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas.

Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el ministro más desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su gestión, que no puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de futuro. Porque una ley superideologizada, sectaria no ha conseguido ningún apoyo, excepto el de los obispos. Nadie la respalda en el parlamento, ni el profesorado, las familias, los estudiantes o los expertos en educación. Por ello, será una ley de muy corto recorrido y frustrante, que acabará en el mismo momento en que se produzca un cambio político progresista.

Es más, probablemente, junto al rechazo al austericidio, a la privatización de la sanidad o a la reaccionaria reforma del aborto, será uno de los elementos que más contribuyan al cambio político. Entre el profesorado, las familias, el alumnado y la ciudadanía que forma el movimiento de la Marea Verde en defensa de la Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más la convicción de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo. Para asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus habitantes.