Todas estas reformas educativas planteadas
por el Gobierno a través de la LOMCE con
prisas innecesarias y con poca o ninguna
voluntad de diálogo amplio,
vislumbran un modelo educativo nada avanzado
que no se ha movido un milímetro desde hace
200 años respecto a la presencia de la
Religión Católica que contribuye a
confundir ciudadanía con feligresía. Un
modelo que no conecta con la realidad de que
la mayoría creciente decide no estudiar
Religión en la escuela pública, por lo que
se ha hecho más necesario el debate abordar
la laicidad de la educación. ¿De aquí quizá
la decisión de poner una alternativa dura y
evaluable?
Un 47,7 por ciento de media de
los alumnos de los centros públicos de
Infantil, Primaria, ESO y Primero de
Bachillerato cursan Enseñanzas de la
Religión en la Escuela. En los centros
privados de son el 71,3 por ciento. Estos
datos, que corresponden al curso 2011-12,
indican también que cuanto mayor es el
alumno, más desvinculación hay con la clase
de Religión, pues pasan de un 77,8 por
ciento en Primaria a un 48,4 por ciento para
Primero de Bachillerato.
Cuanto mayor es el alumno, más
desvinculación hay con la clase de Religión.
¿Quizá por ello se pretende imponer en
segundo de bachillerato con la LOMCE?
La nueva Ley que se propone no sólo pretende
recuperar el protagonismo de la religión
en la enseñanza pública, además aboga por
blindar, mientras se aplican durísimos
recortes, la financiación de centros que
segregan por sexos, violando los principios
constitucionales. Para ello se apoyan en
unas conclusiones de la UNESCO de época
preconstitucional. ¿Quizá en algún momento
acudan a normativas del medievo o del
derecho romano para justificar todo?
Capítulo especial lo ocupa el extraño y poco
claro del status del profesorado de religión
y su proceso de elección arbitrario, lejos
de lo que es general en la función publica,
es decir el proceso de selección mediante
concurso oposición respetando la igualdad de
mérito y capacidad. En salarios están
equiparados en sus condiciones con los
funcionarios interinos docentes, siendo este
el colectivo al que más se asemejan tanto en
la base salarial como en la antigüedad.
Como el resto de profesores, los sueldos de
los de Religión los asume la Administración
educativa, es decir las Comunidades
Autónomas.
O lo que es los mismo se pagan con el
erario público. El gasto en
contratación de estos profesores alcanza
los 500 millones de euros al año, con
los que esta plataforma estima que se
podrían contratar a cerca 7.000 interinos.
El
profesorado de religión no tiene
condición de funcionarios ni son
interinos pero tienen plaza fija. Son
“otro personal docente” o,
específicamente, “Profesores de Religión”,
con su propia regulación y sujetos al
Estatuto de los Trabajadores. Sin embrago
hay 17 tipos diferentes de Profesores de
Religión, tantos como Comunidades
Autónomas”. Para ser profesor de religión,
se necesitan cuatro requisitos.
Una titulación en Magisterio o Grado de
Maestro para Primaria o una licenciatura
para Secundaria.
La Declaración
Eclesiástica de Idoneidad otorgada por
la Diócesis a la que corresponda el docente
y que atestigua una “recta doctrina y
testimonio de vida cristiana”. ¿De aquí los
despidos por temas de divorcio de cónyuges?
La Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica. La propuesta del
Ordinario diocesano, que es la
recomendación del obispo de la Diócesis a la
Administración Académica que indica que
esa persona es competente e idónea para
enseñar Religión.
Con estos requisitos se
puede ver claramente que quien paga es la
Administración, al igual que las
indemnizaciones por despidos, pero quien
decide quien trabaja o no es la
propia Conferencia Episcopal. No hay
exámenes ni hay oposiciones, Tampoco hay
movilidad permanente. Tan sólo ganarse la
confianza de Obispado de la diócesis para
obtener un puesto que cumpla los requisitos.
¿No es descabellado pensar que estamos ante
un Estado dentro de otro?
El contenido de la enseñanza religiosa
católica en la escuela lo marca la
Conferencia Episcopal a través su Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que
es la que organiza, coordina e impulsa los
contenidos. Su marco es el Acuerdo entre la
Conferencia y el Estado en 1976.
El currículo que se imparte hoy en Religión
es el que se aprobó en el año 2007 de modo
bastante general sobre las “claves de la fe
cristiana” que los profesores pueden seguir
por libros de texto o con materiales
propios. ¿El Ministerio se inhibe de su
competencia para dejarla en manos de una
organización privada?
La cabeza visible
de la citada Comisión que decide qué se
enseña en Religión es, desde el año 2008,
Casimiro López Llorente, obispo de
Segorbe-Castellón, quien en abril de 2012
arremetió contra los colegios públicos y la
legislación por poner “trabas a la clase de
religión al no equipararla al resto de las
asignaturas fundamentales”.
Mientras se mantiene un insostenible
Religión del ámbito de lo privado en lo
público
que cuesta 500 millones de euros,
que
sepamos, se recortan plantillas de
profesorado en la enseñanza pública y las
ofertas de empleo público son exiguas o
inexistentes.
¿De verdad hemos hecho la
transición de forma completa en el ámbito
educativo?
