La
nueva contrarreforma educativa del PP y
los recortes que contra la educación pública
lleva adelante, diligentemente, el
ministro José Ignacio Wert han puesto en
pie de guerra a toda la comunidad educativa,
pero no todo el mundo está descontento.
También hay quien se frota las manos sin
disimulo. Así los empresarios de la escuela
privada-concertada han sacado el compromiso
del Gobierno del PP de aumentar las
facilidades para elaborar conciertos
educativos más duraderos y con más
posibilidades de negocio. Es decir, que a la
vez que se recortan miles de millones de
euros a sanidad, educación y demás servicios
públicos, se crean las bases para desviar
miles de millones de euros de dinero público
a manos privadas, engordando así un
lucrativo negocio que hace crecer las
abultadas carteras de una minoría a costa de
la escuela pública y los intereses de la
mayoría.
El otro sector que da saltos
de alegría con la nueva contrarreforma es la
Conferencia Episcopal que, de ser aprobada,
verá cómo la asignatura de religión pasará a
ser evaluable y a contar en el expediente
académico del estudiante. Medida que se
completará con la creación de una nueva
asignatura alternativa, y que como todo el
mundo puede suponer será mucho más difícil
que la de religión, desanimando su elección
y promoviendo la opción religiosa. Al fin y
al cabo, el asunto será sencillo: si alguien
quiere ver inflado su expediente académico,
y no una merma en su nota, ya sabe lo que
tiene que hacer: "elegir" matricularse en la
asignatura de religión.
A nadie se le escapa que lo
más razonable sería sacar de una vez por
todas la religión de las aulas y dedicar ese
tiempo, y cuantiosos recursos económicos,
para reforzar asignaturas troncales o en las
que los alumnos tienen más dificultades para
facilitar la progresión en el sistema
educativo. Si esto no se hace es porque las
medidas lanzadas por el Ministerio de
Educación tienen un fuerte componente
ideológico reaccionario, fomentando el
modelo de una escuela de calidad para el que
pueda pagársela, frente a la
universalización y gratuidad de la misma,
además de apoyar el adoctrinamiento
religioso desde la escuela y, de paso,
blindar las prácticas "educativas" más
aberrantes, como la segregación por razones
de sexo dentro de las aulas. Algo que el
propio ministro ha asegurado que permitirá
la nueva ley.
Pero también hay mucho dinero
contante y sonante en esta operación con el
que seguir llenando las arcas de la Iglesia
Católica con fondos públicos. Un detalle
nada desdeñable a recordar es que el 80% de
la escuela privada-concertada está en manos
de la jerarquía de la Iglesia Católica. Una
Iglesia Católica que este curso recibió del
Gobierno de Esperanza Aguirre (aunque no es
el único caso en el Estado) para sus centros
de estudio más extremistas, adscritos a
Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo
y Opus Dei,
más de 25 millones de euros, cantidad
equivalente a los 26 millones de euros que
la misma Comunidad de Madrid retiró este
mismo curso
para las becas de comedor y libros a las
familias más desfavorecidas.
Atendiendo a los últimos
datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística, también poco antes del
inicio de este nuevo curso, las cifras
globales de dinero público que se dedican a
las subvenciones al conjunto de la escuela
concertada
podrían rondar los 5.900 millones de euros.
¡Todo un negocio! Pero un negocio para muy
pocos, puesto que incluso aquellos padres
que deciden enviar a sus hijos, o se ven
obligados a ello por la falta de plazas
públicas, a la escuela concertada se
encuentran con que el gasto derivado de la
matriculación de sus hijos en estos centros
es
hasta un 70% más caro que en la escuela
pública.
