Algunos
de los argumentos de las patronales que
defienden que la educación privada o
concertada es más barata,
esconden un afán por confrontar modelos
educativos que poco tienen que ver, con
el objetivo de que el modelo privado se
imponga con el apoyo de los diferentes
gobiernos autonómicos. Además de ser
falso se esfuerzan por ignorar que parte de
esa educación es además financiada con
ingentes subvenciones públicas de
hasta el 77% (INE
25-07-2012) para reportar unos
beneficios de 674 millones de euros, sin
cuyo sostén el coste real sería aun más
elevado de lo que nos pretenden contar.
Recientemente la OCU (7
de septiembre de 2012)
ha publicado un estudio que desvela que
el coste anual de un colegio concertado es
un 69% más caro que un colegio público,
una media de 3.675 euros por alumno en un
colegio concertado frente a los 2.179 euros
que supone el colegio público. El mismo
estudio pone de relieve que el 91% de los
colegios concertados se informa de la
obligación de pagar algún tipo de cuota, ya
sea en forma de donación o por determinados
servicios a los que no se puede renunciar
siendo “cuota voluntaria” de obligado pago.
La ley impide a los
centros con financiación pública cobrar por
la enseñanza obligatoria por lo que, su
financiación es incompatible con los cobros
que se dan en la concertada,
incluidos los pagos de pequeños importes
por material que también se dan en algunos
centros públicos. De esta situación no
debe extraerse la obtención de un cheque
escolar que pueda favorecer aún más la
actuación de algunas administraciones a
favor de la escuela concertada como ocurre
en Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y
León por poner varios ejemplos, mientras
se aplican recortes discrecionales sobre la
enseñanza pública con la excusa de rebajar
el déficit público.
El rumbo tomado por
el gobierno estatal y por los gobiernos de
las Comunidades Autónomas camina hacia el
recorte injustificado de la financiación de
la enseñanza pública en un 36% en los dos
últimos presupuestos del estado con 1926
millones euros recortados.
El presupuesto del 2012 se recortó en más
de 5220 millones de Euros en dos fases una
con los PGE y otra posterior sin previo
aviso. La consecuencia, más allá de que
en unas comunidades sea mayor menor, no es
otra que la pérdida de empleo en la
enseñanza pública (80.000 puestos de trabajo)
y la precarización del propio empleo, la
masificación de aulas, la falta de
inversión, mantenimiento de centros (lo
que reciben de las administraciones para los
gastos de funcionamiento, disminuye entre el
10 y el 25%) y la dificultad para atender a
todo el alumnado en las condiciones
necesarias. Esto se une a un momento en el
que la crisis hace crecer la matrícula
sobre todo en la enseñanza pública que
supera los 7,9 millones y que el
alumnado que antes estudiaba en los centros
concertados está solicitando matrícula en
los centros públicos al tener menos coste y
una buena progresión, con matices, de
resultados académicos según todos los
informes internacionales. La poda además
extiende el alcance a las becas y ayudas
que se recorta sin cesar alcanzando el 15,4%
es decir algo más de 210 millones de euros.
El panorama de
recortes sobre la enseñanza pública
se cuantifica también con la supresión de
Escuelas Rurales, la desaparición de
programas que combaten el abandono escolar,
de planes de convivencia, la subida del IVA
sobre el material escolar, la reducción de
las becas de comedor y las
privatizaciones que traen como consecuencia
el recurso a los denominados “tupper”.
Los recortes en la
enseñanza pública que en su momento fueron
ocultados por el presidente del gobierno con
la falsa promesa de que no tocaría “sanidad
y educación” ya no pueden enmascarar que se
está empleando la problemática económica
derivada de la crisis económica de forma
cicatera para imponer un componente
claramente ideológico,
por cuanto los gobiernos autonómicos y
central del PP optan claramente por la
escuela privada concertada con asignación
presupuestaria preferente y con recortes en
la enseñanza pública.
No sólo se observa la
defensa ideológica ultra conservadora de la
segregación por sexos, que defiende el peor
ministro de Educación de la democracia J.
Ignacio Wert, plasmada en el Proyecto de la
LOMCE que argumenta que “la financiación
de la enseñanza pública es suficiente”,
después de que el gobierno aplique durísimos
recortes. La contrarreforma aprobada en
anteproyecto contiene aspectos muy negativos
que suponen un claro retroceso educativo,
anterior a nuestra democracia. Entre ellos
la recentralización de competencias
básicas y contenidos, que eran del
ámbito de las Comunidades autónomas, la
supresión de contenidos de igualdad en
Primaria, la recuperación con claro signo
elitista de las “reválidas” desde las
etapas iniciales que sustituyen a las
evaluaciones de diagnóstico para detectar
dificultades, la especialización temprana
con la consiguiente desaparición de materias
o conversión en optativas, la
supresión de programas de refuerzo, la
conversión del cuarto curso de ESO en un
curso puente para especializar,
desarticulación de la actual diversificación
curricular, desaparición de los
programas actuales PCPI e instaurando
itinerarios en función de su rendimiento
académico. Uno de los elementos más
claros del sectarismo ideológico del
proyecto de ley es privar de apoyos y
refuerzos a causas difusas y nada
precisas como “imputables a falta de
estudio”, en favor de la división social
condenando al fracaso escolar a la parte del
alumnado más desfavorecido. Por otra
parte la polémica asignatura Educación
para la ciudadanía se reconvierte en una
materia vacía de contendido,
manteniendo religión como parte de una
enseñanza confesional defendida desde las
posiciones más conservadoras.
La apuesta por un
modelo educativo segregador que consagra los
recortes en enseñanza pública,
de la mano de los cambios que figuran en el
anteproyecto de la LOMCE se articulan en
varios puntos. Uno de ellos es la
liquidación de la autonomía de los centros
con la conversión de sus órganos de
decisión en consultivos a favor del
modelo directivo. La implantación de
evaluaciones externas para publicar rankings
de centros que perjudicarán a quien
peores estadísticas educativas tengan. El
recorte de profesorado aplicado hasta
ahora en las comunidades autónomas se ve
ampliado en esta ley por la
asignación de funciones de enseñanza sin
ajustarse a cuerpos o especialidades
docentes como hasta ahora, bajo las
condiciones de igualdad, igual mérito y
capacidad, aplicando movilidad forzosa por
“supuestas necesidades”. Esto no puede
traer otra consecuencia que la pérdida de
calidad en la docencia y el recorte de
profesorado, bajo el paraguas de la
movilidad donde el peso del mérito y
la experiencia son apartados a favor del
puro interés económico.
Castilla y león no
es ajena al recorte
ni tampoco al apoyo más que generoso de
la administración al modelo
privado-concertado en detrimento del público
sin tener en cuenta que el 73% del
alumnado se escolariza en los centros de
enseñanza pública con unos muy buenos
resultados en los informes
internacionales. A pesar de que el modelo
privado-concertado escolariza únicamente al
27 % del alumnado con una red menos
desarrollada que la pública, recibe ingentes
apoyos de la Junta de Castilla y León no
sólo por vía de ampliación de conciertos y
convenios bajo la excusa de que lo que pide
ha de autorizarse, sino vía presupuestaria.
La Junta de Castilla
y León es de las que más subvenciones
conceden a las enseñanzas
privadas-concertadas alcanzando el 77%
según el INE.
El
consejero de Educación, Juan
José Mateos en declaraciones del
comienzo de curso reconocía
"Nosotros
defendemos la concertada y quien quiera
poner en marcha un centro privado que
contará con la bendición del consejero".
No sólo es la evidencia de un apoyo desde el
momento de las transferencia de
competencias, sino una apuesta por la
privatización que se constata en el
crecimiento de asignación de recursos del
90% en perjuicio del crecimiento exiguo
del apoyo presupuestario de los centros
públicos que sólo ha crecido un 49%.
En el caso del sostenimiento de los
centros que separan por sexos,
primero no se reconocía y después se
traslada la decisión a ajustarse a la
legislación, que cuando entré en vigor la
LOMCE será la de blindar su
financiación pública a pesar de su muy
dudosa constitucionalidad tal como
reflejan las últimas sentencias. Este
patrocinio al modelo privado-concertado por
parte de la administración autonómica se
observa también en el desigual reparto del
recorte. Este curso con 3262 alumnos
más puede haber más de 1000 profesores y
profesoras en el paro, de los cuales
el recorte se aplica casi exclusivamente en
la enseñanza pública con el 96 % del recorte
frente al 4% de la enseñanza
privada-concertada.
La apuesta por la educación pública
según todos los expertos en una firme
garantía de salida de la crisis y tampoco
en Castilla y León se apuesta por ella.
De hecho el porcentaje de inversión en
educación es de los más bajos del conjunto
del Estado situado en el 4,6 %, siendo
del 3,3% del PIB y habiendo
descendido un 15% desde el año anterior.
Desde luego en la media estatal la inversión
educativa no está ni en la media
de
la
OCDE (5,4% del PIB) y se aleja
peligrosamente del objetivo de inversión del
6% del PIB.
Los recortes en
enseñanza pública que se aplican hoy tendrán
graves consecuencias en las décadas
siguientes
y la apuesta por un modelo privado
elitista y segregador aumentará la
brecha social y las desigualdades
impidiendo un acceso con garantías a la
población a las mismas oportunidades de
progreso social. Es hora de pedir
responsabilidades. La primera sería
pedir la dimisión del actual ministro de
Educación Wert que no tiene capacidad de
consenso más allá de sus postulados
ideológicos y la corrección de las
nefastas políticas educativas en Castilla y
León. La vocación no es moneda de cambio
para alimentarse ni para pagar hipotecas, y
la formación no es garantía de empleo
inmediato, por lo que las soluciones no
vienen por sí solas.
