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Si cualquier convocatoria de huelga general merece una especial atención por su trascendencia e impacto político, la que se celebrará mañana, 14 de Noviembre, aún más: se trata de la primera huelga internacional del siglo XXI.

Mañana Europa vivirá una Jornada Europea de Acción y Solidaridad por el empleo y contra las medidas de austeridad, que incluye protestas y manifestaciones en múltiples países así como una convocatoria de huelga general en España, Portugal, Italia y Grecia. Además, a dicha convocatoria se unirán en nuestro país múltiples colectivos y movimientos sociales, contribuyendo con ello a que la huelga trascienda el ámbito estrictamente laboral.

Los ciudadanos europeos, especialmente los de los países periféricos, han experimentado un significativo retroceso de sus condiciones de vida desde que comenzó la crisis. Los trabajadores griegos han visto cómo sus salarios y pensiones se recortaban entre un 30% y un 40%, cómo se suprimían el 15% de los empleos públicos, cómo se retrasaba en 4 años la edad de jubilación y cómo se cerraban cientos de colegios y hospitales. En Portugal se suprimieron las pagas extra de empleados públicos y pensionistas, se han eliminado 100.000 puestos de funcionario y una reforma laboral ha reducido las indemnizaciones por despido, las vacaciones, los subsidios de desempleo y la remuneración de las horas extraordinarias. El gobierno italiano incrementó el IVA del 21% al 23%, elevó la edad de jubilación hasta los 66 años y congeló las pensiones, al tiempo que ha procedido a la privatización de numerosas entidades públicas. En España conocemos de sobra las recetas exigidas por la Troika: los recortes salariales y los despidos han afectado de forma generalizada a los trabajadores tanto en el sector público como en el privado, se ha retrasado la edad de jubilación y se ha alargado el periodo de cómputo para su cálculo, la reforma del mercado de trabajo facilitó y abarató el despido al tiempo que quebraba la negociación colectiva, y los recortes en sanidad y enseñanza han sido generalizados y masivos (eliminación de derechos de asistencia, cierre de servicios y unidades, copago de medicamentos, incremento de las tasas universitarias, despidos de personal, etc.).

Estas políticas, implementadas bajo la presión de Bruselas y en nombre de la recuperación económica, no han hecho más que profundizar la crisis, empobrecer a millones de ciudadanos en toda Europa e incrementar las desigualdades sociales. Además, estas medidas se han adoptado sin respaldo social y de forma fraudulenta, dado que no estaban contempladas en los programas electorales de los gobiernos que las han impuesto.

Con ello, en los diversos países de la periferia europea se consuma una estafa similar: una crisis de origen bancario, vinculada a la sobredimensión de los balances de estas instituciones y/o al endeudamiento externo, ha podido ser transferida por las élites económicas al sector público, de forma que sea sufragada por el conjunto de la ciudadanía y, particularmente, por las clases trabajadoras. Los rescates vinculados al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, incluido el rescate de 100.000 millones de Euros solicitado en junio por el gobierno español a la UE para recapitalizar la banca, permiten –de forma más o menos directa– ir saldando las deudas con los acreedores privados y los inversores extranjeros a cambio de que el país “rescatado” contraiga una nueva deuda con la UE, que pasa a ser pagada con los recortes sociales y los impuestos de los ciudadanos.

La socialización de las pérdidas bancarias, una estructura impositiva regresiva y caracterizada por la desfiscalización de las rentas del capital, y la negativa del BCE a comprar deuda de los países en apuros han determinado que las economías periféricas incrementasen durante la crisis su deuda pública. Así, aunque el déficit primario (aquel que excluye el pago de intereses sobre la deuda) de Portugal, España, Grecia e Italia se sitúa actualmente, en promedio y según datos de Eurostat, en el -1,6% del PIB, estas economías se ven forzadas a hacer dramáticos recortes sociales para seguir pagando los abultados intereses de la deuda pública. Sólo en España los intereses de esta deuda ascienden a 114.000 millones de euros durante el periodo de 2008 a 2012 (equivalente a un 12% del PIB).

Frente a semejante estafa global las organizaciones sindicales europeas han convocado la primera huelga general del siglo XXI. Dado que la agresión contra los derechos laborales, sociales y democráticos es continental, también la respuesta tiene que serlo, en lo que constituye un importante hito en la historia sindical europea.

Este es el camino a seguir si se quiere frenar la ofensiva que vivimos en este momento contra los derechos sociales y si se pretende impulsar una política económica alternativa, que tome como punto de partida el abandono de los recortes fiscales y camine hacia moratorias, renegociaciones y quitas significativas en el pago de las deudas. Las declaraciones programáticas, los manifiestos críticos y los llamamientos a un cambio en la política, aunque necesarios, serán papel mojado si no cuentan con el respaldo social necesario y con la movilización popular que los empuje.

Por todo ello, mañana seremos millones las trabajadoras y trabajadores, los ciudadanos, que –desde Lisboa hasta Atenas, pasando por Madrid y Roma– no daremos clase, no pasaremos consulta, no acudiremos a los talleres ni encenderemos las fundiciones, no sacaremos las escobas de los armarios, no encenderemos los ordenadores de las oficinas, no abriremos nuestras tiendas ni descolgaremos los teléfonos de los centros de atención al cliente, no nos pondremos a los mandos de metros, trenes o autobuses ni tampoco consumiremos. En definitiva, las personas que hacemos que nuestra sociedad se ponga en marcha cada mañana no lo haremos en esta ocasión.

Porque parar mañana significa generar las condiciones para que una alternativa política sea posible pasado mañana. Nuestro futuro y el de los nuestros depende de ello.