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Después de conocer las medidas adoptadas por el gobiernos para “racionalizar” el gasto educativo en la universidad no sé bien qué es peor, el ataque a la universidad pública que suponen o las mentiras que el Ministro y los dirigentes del PP están diciendo para justificarlas.

La universidad española tiene problemas objetivos que son muy bien conocidos porque han sido puestos de manifiesto por muchos estudios empíricos realizados desde todos los enfoques ideológicos.

Sabemos que está mal financiada. No solo porque recibe menos recursos que la media de los países de nuestro entorno y mucho menos que los sistemas universitarios de vanguardia a los que siempre nos comparan (las práctica totalidad de las 100 mejores universidades a las que refiere el Ministro para decir que ninguna española está entre ellas, están en países en donde se invierte en I+D el doble que en España). También lo está porque la financiación que reciben las universidades no se dirige suficientemente bien y porque no hay suficientes mecanismos de evaluación de su impacto, de su equidad, eficacia y rendimiento.

En casi la totalidad de nuestras universidades hay un claro desacople entre demanda y oferta de titulaciones, y por supuesto también a nivel global. Tanto las autoridades académicas como las políticas han asumido el ineficaz e insensato criterio de que una universidad es mejor si dispone de un completo abanico de titulaciones, lo que ha dado lugar a duplicidades muy caras e inútiles y ha dificultado la especialización que hubiera permitido utilizar mucho mejor los recursos.

La universidad española tiene también un problema grande porque no está inserta en un auténtico sistema de enseñanza superior. En la práctica no existe la formación profesional de máximo nivel, o la enseñanza superior solo consagrada a la docencia más orientada a la formación laboral de excelencia, y eso ha masificado también inútilmente los centros universitarios con alumnos y profesores que deberían encontrarse realmente en la enseñanza superior no universitaria. Los intentos de acercar los estudios superiores a las demandas del mercado laboral incidiendo solo en la actividad universitaria sin desarrollar la enseñanza superior no universitaria es una barbaridad porque desnaturalizan a la primera que, por definición, no debe funcionar solo para satisfacer a las demandas de los mercados o las empresas sino, precisamente, para proporcionar la inteligencia colectiva que permita el progreso, que no es otra cosa que el cambio constante de las inercias dominantes.

En gran parte, estos problemas subsisten porque el sistema de control social ideado a través de los consejos sociales no ha funcionado. Y no se puede decir que eso haya ocurrido por culpa de los universitarios. Entre las presidencias y secretarías que ocupan dirigentes de partidos gobernantes que estaban en el dique seco (por cierto con sueldos desorbitados que se deberían hacer públicos) y que son muy poco operativas y las personalidades que los conforman en otros casos sin apenas capacidad ejecutiva sobre el funcionamiento de la universidad, solo se ha conseguido que los consejos se dediquen a dar unos cuantos premios, a ponerle unas algunas trabas sin importancia a los presupuestos para hacerse notar y a muy poco más.

Para proponer soluciones a problemas como estos y a otros más que puedan ponerse sobre la mesa, el Ministerio ha creado una comisión de expertos formada por personas todas ellas de indudable mérito y capacidad y del más alto nivel profesional o académico, pero de una gran homogeneidad ideológica. Es fácil prever que si se dejan fuera del análisis y de la posibilidad de hacer propuestas a quienes representan sensibilidades y preferencias diferentes y que responden también a los intereses de una buena parte de la población, las conclusiones a las que se llegue estarán sesgadas y nunca responderán a las necesidades del conjunto de la sociedad.

En cualquier caso, el gobierno no ha esperado a disponer de propuestas para dar el hachazo y ha adoptado medidas que llama de racionalización pero que simplemente representan un ataque sin precedentes a la universidad pública española.

Ha modificado la dedicación docente del profesorado en virtud de un supuesto criterio de dedicación a la investigación que no lo es y que lo que va a conseguir es un doble efecto perverso: que sea todavía más difícil que los profesores compaginen la docencia y la investigación y que se puedan atender con eficacia las nuevas necesidades que plantea el sistema de Bolonia que así va a perder lo único bueno que podía haber traído consigo. Paralelamente el Ministerio ha dado un tajo brutal en los Presupuestos Generales del Estado a los recursos destinados a financiar la investigación, lo que se va a traducir en docenas de proyectos paralizados, en mucha menos movilidad y en una menor presencia de los investigadores españoles en la vanguardia de la ciencia internacional. Y la disminución en el número y variedad de becas va a impedir que los mejores talentos se dediquen a la actividad investigadora si no disponen de recursos propios. Más o menos lo que va a ocurrir si la subida de tasas no se hace racionalmente,  con mayores criterios de equidad y con más becas o sistemas alternativos de financiación de las matrículas.

Y, como decía al principio, el Ministerio ha tomado estas medidas difundiendo una serie de datos erróneos, que realmente entran en la categoría de mentiras cuando se repiten conscientemente, y que solo se orientan a desprestigiar a la universidad pública española con el fin de justificar el daño que se le hace. El Ministro Wert ha hecho referencia, por ejemplo, a que en España hay un excesivo número de universidades, cuando lo cierto es que hay menos por habitante que en los países que están en la vanguardia del conocimiento (en España hay casi el doble de alumnos por universidad pública que en el Reino Unido y casi seis veces más que en Estados Unidos; y prácticamente la mitad de universidades de las que hay en California, en donde se inventó que había solo 10); ha hecho mención erróneamente a los datos de abandono de estudios (confundiendo la salida de la universidad con el cambio de titulación) y ha exagerado sin fundamento el supuesto coste de ello; utiliza los datos de desempleo de universitarios para afirmar la ineficacia de las universidades públicas pero no los compara con la tasa de paro general; y no tiene en cuenta que otros indicadores de eficacia y rendimiento académico muestran que la universidad pública española prácticamente está a la altura de las demás de nuestro entorno aunque dispone de muchos menos recursos para la docencia y la investigación o cuando gastamos la tercera parte en becas (Ver José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros en La reforma de la Universidad: preguntas erróneas, respuestas incorrectas.-El País, 16 de abril de 2012).

No puede ser casualidad que se estén difundiendo tantos datos falsos y opiniones negativas sobre la universidad española justo cuando, en lugar de abordar los problemas que tiene de verdad, se adoptan recortes que son los que realmente van a impedir que cumpla con eficacia sus funciones. Yo creo que no es ni mucho menos casualidad, porque desde hace tiempo sabemos que lo que está haciendo el Partido Popular en política universitaria y educativa en general es lo que mismo que hace en el conjunto de los servicios públicos: disminuir sus recursos, dejar así que empeore su gestión y funcionamiento y propiciar de esa manera que se vaya consolidando la provisión privada.

Si lo dijeran claro, al menos podríamos pensar que quienes lo están haciendo son políticos transparentes y honrados.

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