Si
se tratase apenas de una batalla por la
carga del trabajo del profesorado estarían
dados todos los motivos para permanecer al
margen. Tras años de una estrategia
corporativa sindical que he resumido en la
consigna de obtener más por menos, llega la
derecha y decide que hay que hacer más con
menos, lo cual podría hasta llegar a
producir cierto reequilibrio justo y eficaz
a corto plazo y abrir la perspectiva de un
nuevo pacto entre profesorado y sociedad
bajo la única máxima que siempre debió
presidirlo: más por más, mejores condiciones
laborales y salariales a cambio de más y
mejor trabajo (el que muchos ya hacen) para
una educación con más calidad y equidad.
Pero, en vez de eso, lo que el Gobierno está
haciendo es imponer su programa más
ideológico aprovechando la conmoción de la
crisis económica. Ante todo se trata de
renunciar a cualquier política de igualdad y
equidad y, de paso, satisfacer a lo más
rancio de sus aliados y su base electoral.
Suprimir el apoyo a la escolarización de 0 a
3 años cuando sabemos cada vez mejor que son
los decisivos para el desarrollo intelectual
golpeará precisamente a quienes nacen en un
contexto familiar más desaventajado y solo a
ellos.
Acortar la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) adelantando un año para todos la
bifurcación entre bachillerato y formación
profesional, al tiempo que se suprimen o se
dejan caer los programas y recursos
compensatorios en el tronco común, es hacer
que esa opción se acerque más a ser un calco
de las desigualdades de origen y que resulte
más irreversible.
Disparan así contra su bestia negra, la
comprehensividad -la suma de las reformas
estructurales de 1970 y 1990- que, digan lo
que digan, caracteriza a los sistemas más
efectivos y a las sociedades más
cohesionadas de nuestro entorno, y lo
acompañan con el delirio del bachillerato de
(seudo)excelencia y una idea quimérica de
formación dual. Combinar la subida de tasas
con la reducción de becas y la ausencia de
préstamos blandos significa cerrar el paso a
la educación superior a amplios sectores que
no pueden -y menos ahora- asumir sus costes
directos e indirectos.
En suma, una agresiva política de derechas
adobada, además, con insultos a la decencia
y la inteligencia como la reforma de la
Educación para la Ciudadanía. Por eso había
que hacerse oír el 22-M y mucho me temo que
habrá que volver a hacerlo una y otra vez a
lo largo de esta legislatura. Eso sí: que no
sea para defender un estado estacionario que
no lo merecía.
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Mariano
Fernández Enguita
Catedrático de Sociología
Universidad Complutense. |