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Un pacto tan deseable como imposible

En tanto se decide a presentar las cuentas de la comunidad autónoma para el 2012, la Junta de Castilla y León ha optado por ir dando a conocer por entregas los ajustes presupuestarios que se nos vienen encima. Si hace dos semanas fue la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien concretó el techo de gasto no financiero y el marco macroeconómico manejado por el gobierno autonómico, ayer fueron los consejeros de Sanidad y Educación, Antonio Sáez y Juan José Mateos, los encargados de salir a la palestra parlamentaria para informar sobre las estrecheces presupuestarias que acucian a sus respectivos departamentos. Supuestamente se trataba de diseccionar sobre el hemiciclo eso que unos, los que gobiernan, llaman ajustes, y otros, los de la oposición, denominan recortes.

Si algo quedó claro después de tres horas de confrontación dialéctica entre la Junta y la oposición, es que la posibilidad de alcanzar un pacto de comunidad para el blindaje de los servicios públicos esenciales es algo metafísicamente imposible. Las posiciones dificilmente pueden estar más alejadas y enfrentadas. No es lo de la botella medio vacía o medio llena. Es que unos la ven casi llena y los otros prácticamente vacía. El abismo que les separa se visualizó ayer especialmente durante el toma y daca sostenido por el consejero de Sanidad con los portavoces de la oposición. Lo que para Sáez es un conjunto de reformas para «racionalizar el gasto» y garantizar con ello la «sostenibilidad» de nuestro sistema público de salud sin merma de su calidad, para los socialistas constituye «una agresión sin paliativos» que «no deja títere con cabeza» y «se lleva por delante» los principios de la Sanidad Publica. Una divergencia radical compartida por el procurador de IU, José María González, a juicio del cual el PP ha decidido implantar «el impuesto a la enfermedad».

Sáez aguantó semejante chaparrón con la flema en él habitual contraponiendo su plan de ahorro, cifrado para el conjunto de un año en 234 millones, con los 1.005 millones que, según cierto documento presentado hace meses por el PSOE, cabía ahorrar en la Sanidad de Castilla y León. «No puede ser que ustedes defendieran que es posible ahorrar más de mil millones y descalifiquen un plan de ajuste por un coste mucho menor», dijo el consejero.

Igual de irreconciliables fueron las posiciones en torno a los ajustes/recortes en el ámbito de la Educación. El consejero del ramo, Juan José Mateos, utilizó el mismo «mantra» de la «racionalización» y la «sostenibilidad, pero a diferencia de su colega sanitario eludió cuantificar el coste de las diferentes medidas en marcha. Así se lo reprochó la socialista berciana Ángela Marqués, quién aprovechó los cinco minutos de que dispuso para reprochar a Mateos esa falta de concreción económica y preguntar directamente por el número de profesores que pueden quedarse en la calle el próximo curso.

Y no anduvo a la zaga en la crítica a los ajustes educativos el leonesista Alejandro Valderas, para quién las medidas anunciadas por Mateos suponen «la intervención del sistema educativo por parte de la Consejería de Hacienda». Para Valderas, a partir de ahora el titular de Educación debería cambiar su rótulo por el de «consejero de racionalización del gasto público en el ámbito educativo». Lo dicho: Si alguien mantenía alguna esperanza, ya puede olvidarse de ese deseable pacto de comunidad en torno al blindaje de los servicios públicos.

Entrado mayo, quinto mes del calendario, la comunidad de Castilla y León sigue sin conocer sus Presupuestos del 2012. Cuando tocaba presentarlos, allá por el mes de octubre, la Junta decidió aplazarlos, justificando su decisión en la falta de Presupuestos Generales del Estado y en la nula fiabilidad de las previsiones facilitadas por el gobierno —entonces en fase terminal— de Zapatero. Con esos argumentos se optó por prorrogar el Presupuesto del 2011 a la espera de que el nuevo gobierno central presentara sus cuentas para el 2012.

Cinco meses después dicha prórroga sigue vigente y los Presupuestos del Estado ya no son excusa, puesto que entraron en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de abril. Desde esa fecha el gobierno autonómico conoce con exactitud los ingresos que el Estado va a transferir a esta comunidad en el presente ejercicio. El presidente de la Junta se dio de plazo hasta el 30 de abril para cerrar el nuevo Presupuesto. ¿A qué se espera ahora?

Es cierto que en este tiempo las comunidades autónomas, todas, están teniendo que revisar sus cuentas para proceder a los ajustes requeridos por el gobierno Rajoy: de un lado, el exigido para acogerse al plan de pago a proveedores y de otro, el derivado de los 10.000 millones de euros a recortar en Sanidad y Educación. Pero estos ajustes no justifican este retraso indefinido en la presentación del Presupuesto de la comunidad, cuya tramitación parlamentaria permite además incorporar, vía enmiendas parciales, cuantos reajustes se consideren necesarios.

Todo ello induce a sospechar que la Junta está retrasando deliberadamente su proyecto presupuestario. La motivación política sería obvia: Mientras no se conozca íntegramente y al detalle, partida por partida, todo el gasto presupuestado, no se puede visualizar en toda su magnitud el alcance de los recortes sociales asumidos por el gobierno de la comunidad. Entretanto, y para salir del paso, se entretiene a la oposición y al Parlamento adelantando aspectos parciales (primero fue el «techo de gasto» y hoy mismo serán los «ajustes» en Educación y Sanidad) que escamotean esa visión global. El Presupuesto es un retrato político al que la Junta parece resistirse.

Teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria se prolonga durante dos meses, en el mejor de los casos los nuevos Presupuestos de Castilla y León no entrarán en vigor hasta mediados de julio, es decir, iniciado el segundo semestre del año. Y habrá que ver si dicha tramitación, que suele acaparar la agenda parlamentaria, no sirve a su vez de excusa para aplazar o suprimir el debate sobre el estado de la comunidad celebrado siempre a finales de junio. Si ello fuera así, la tomadura de pelo a la oposición sería mayúscula.