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“Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio”. La premio Nobel polaca Wislawa Szymborska supo crear imágenes poderosas, capaces de revelar la realidad, en pocas y sencillas palabras. Sus poemas hablan de las cuestiones más trascendentes, pero en un entorno cotidiano, “un entorno de paz vulnerable y amenazada”, como escribe Mercedes Monmany en la presentación de Instantes (Ediciones Igitur).

La cita viene a cuento de la angustia que producen los recortes que se anuncian en los presupuestos de Educación de este país. No hace ni cinco meses que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, aseguró solemnemente que “la España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo”. Habló de lo mucho que había que cambiar para, entre otras cosas, reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos.

Cinco meses después, lo único que está realmente claro es que la educación en España va a sufrir un recorte inmediato de 3.623 millones de euros (más de medio billón de las antiguas pesetas) en solo un año. Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, deberán rebajar 3.000 millones y el Gobierno central otros 623 millones (el 21,9% respecto a 2011), a la espera del recorte que haya que sumar en el presupuesto de 2013.

El sistema educativo español está clavado en la tierra mientras se le aproxima el incendio. Ninguna de las medidas anunciadas pretende impedir el abandono escolar prematuro (el número de alumnos que fracasa en la secundaria es ya superior al 30%, una de las cifras más altas en la Unión Europea) ni mejorar la formación, sino, simple y directamente, rebajar el coste. No cubrir las bajas de docentes durante las dos primeras semanas, aumentar los alumnos por aula y subir el número de horas de clase que imparten los profesores perjudica la calidad de la enseñanza y solo desde el cinismo se puede decir que es posible llevar adelante un recorte presupuestario de estas proporciones sin acarrear graves consecuencias para todo el sistema.

Reducir el presupuesto para becas (un 11,6% menos) y endurecer los criterios para poder conseguir, y mantener, esas ayudas es un disparate. Si la mayoría de los ministros, banqueros, diputados, presidentes de comunidades, periodistas o empresarios de este país solo hubiera podido estudiar sus carreras universitarias aprobando cada año el 90% de sus asignaturas, muchos no estarían hoy en el gabinete, ni en los tribunales ni en las empresas. Es muy posible que la mayoría de ellos haya tenido unos padres capaces de pagarles las matrículas, pero, por pura decencia, deberían mostrarse algo avergonzados a la hora de defender unos listones que ellos mismos hubieran sido incapaces de superar.

La realidad es que “la España del futuro” no es ni remotamente una prioridad en este país. Los niños y jóvenes de hoy, con menos incentivos y ayudas para proseguir su formación que los niños franceses, alemanes o italianos, van a ser quienes paguen el agujero que ha provocado una crisis puramente financiera, es decir, relacionada con cuestiones bancarias y grandes negocios mercantiles. Como si estuviéramos en el siglo XIX. Y frente a todo ello, la sociedad española parece mirarles sin fuerza ni capacidad para defenderles. En lugar de considerar que la crisis exige un mayor esfuerzo en educación y en investigación, en lugar de volver a llevar a la escuela a los muchachos y muchachas que abandonaron la secundaria en busca de un empleo que hoy ya no existe, la sociedad acepta casi sin rechistar su sacrificio.

“No hay razón para aceptar doctrinas creadas para mantener el poder y los privilegios, ni para creer que estamos obligados a respetar desconocidas y misteriosas leyes sociales. Se trata simplemente de decisiones tomadas por voluntades humanas y deben pasar un test de legitimidad”, escribe Noam Chomsky. Y lo legítimo no es solo lo que se adecua a la ley, sino lo que está conforme con la justicia. solg@elpais.es