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El Gobierno ha abierto una amnistía fiscal durante ocho meses de forma que las empresas y personas que defraudaron queden en paz con el fisco con una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles o acciones en que invirtieron las cantidades ocultadas. Lo acompañó de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011.

Montoro sugirió que la amnistía facilitará que afloren 25.000 millones que, tras pagar el 10%, se invertirían en España y mejorarían la situación económica.

Pero el gran inconveniente es que cualquier amnistía raya los límites del principio de igualdad tributaria del artículo 31 de la Constitución, supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, con tipos que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda observamos que, como primer defecto, el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, contrapuesta a los anuncios de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. Es decir, viajaba al doble de velocidad que la economía del país, alcanzando actualmente unos 245.000 millones de euros sumergidos, con un impago anual de impuestos y cuotas sociales de unos 89.000 millones.

El segundo defecto es que la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta en seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Conviene recordar que el 72% de la evasión tributaria proviene del fraude realizado por las grandes fortunas y corporaciones empresariales del país: la amnistía propicia enjuagar los mayores fraudes.

Para los menores, por debajo de los 120.000 euros impagados, el tercer defecto es que la amnistía evitará cuotas, intereses, recargos y sanciones. Esto será difícil de explicar para los cientos de miles de ciudadanos que han tenido que pagar y además han sido sancionados.

El cuarto defecto es que la “declaración especial será confidencial”, lo que no impide que se blanqueen cantidades ingentes de dinero procedente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, proxenetismo, tráfico ilegal de armas, corrupción… Es decir, se permite al delincuente que utilice o no esa declaración en cualquier proceso judicial según le convenga.

El quinto defecto es que será difícil explicar a la opinión pública que se suban los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueben amnistías para quienes defraudan.

Otra carencia: la cuarta amnistía fiscal también resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como las tres anteriores, y fomenta la tranquilidad de los grandes defraudadores; saben que llegará otra amnistía.

Finalmente, la séptima carencia es que no exige la repatriación de dinero o bienes situados en paraísos fiscales.

Gestha no cree que se alcancen los 2.500 millones previstos. Quien tenga una fortuna oculta en un paraíso fiscal no tiene que pagar la tasa del 10% para invertir en España; constituirá una sociedad opaca que realice una inversión en el interior.