El sistema capitalista está siendo intensificado progresivamente con cada ensayo. En España han decidido imponer planes de ajuste, siguiendo y profundizando el modelo griego, adaptándolo a nuestro contexto. Los denominados planes de ajuste suponen políticas de recortes y reducción de los servicios públicos, recortes y reducción de los salarios de quienes los prestan, aumento de las tarifas para poder acceder a ellos, venta o privatización de los mismos.

El objetivo y los fines son los mismos que en otras partes. Cambia únicamente la terminología y la justificación. En Grecia era pagar en buena parte las deudas de los bancos y de las financieras que hundieron el país en la quiebra y el ingente gasto en armamento. Una deuda que se ha considerado ilegítima. Aquí, sin embargo, la justificación para aplicar los planes de ajuste es el pago de las deudas de las administraciones municipales y autonómicas a los proveedores, es decir a las empresas que han sido contratadas para prestar diferentes servicios y a las que aún no se les ha pagado por ello. Pagar las deudas contraídas con estas empresas es algo con lo que todos y todas estamos de acuerdo. Es justo el pago a dichos proveedores.

Lo que no es aceptable es el chantaje consiguiente: sólo se refinancia la deuda de un ayuntamiento si éste se somete a un plan de ajuste. Esa deuda debe pagarse a los bancos privados al 5% de intereses, con un dinero que prestan obtenido del dinero público del Banco Central al 1%. En caso contrario la parte de nuestros impuestos que reciben los ayuntamientos del Estado será incautada. Es decir, te ofrecen como «salvación» elegir horca o cuchillo.

La parte perfeccionada del modelo es que lo imponen en cascada. A nivel nacional, autonómico y local. Del plan de ajuste a nivel local hay información, del que se va a realizar a nivel regional y nacional hay poca, pero nos tememos lo peor.

El que se impongan estos planes de ajuste a los ayuntamientos es crucial en los mecanismos de extensión y consolidación del capitalismo. Los ayuntamientos son las administraciones locales más cercanas a la población y los que prestan los servicios más inmediatos a la ciudadanía. Si además se les obliga a «imponerse» a sí mismos estos planes de ajuste, a través de los representantes elegidos por su población, todo el mundo se siente involucrado en este proceso de ajuste. Se ven envueltos en la discusión de si sería mejor ajustarse quitándose el centro de educación infantil, el transporte publico, el centro de formación o la residencia de ancianos, porque hay que elegir el «mal menor». Sin darse cuenta de que la trampa está en la misma discusión: el esquema dominante se introduce en la concepción de los dominados y ya no nos planteamos cómo es que siempre hay dinero para rescatar y recapitalizar a los bancos privados sin ninguna exigencia y nunca se encuentra dinero para rescatar a las administraciones, a los ayuntamientos que presentan servicios a la ciudadanía, si no es exigiéndoles que desmonten los servicios públicos y el empleo público.

Y van a ser ellos y ellas, nosotros y nosotras, los vecinos y vecinas, a través de sus representantes elegidos, los que nos vemos obligados a elegir entre cercenarnos una mano o un pie, amputarnos un servicio básico u otro.

Esta estrategia de profundización de los mecanismos capitalistas se ve acompañada por lo que sus expertos denominan la «doctrina del shock»: introducir recortes, normativas, legislaciones y decretos de forma simultánea y urgente para que no se tenga capacidad para reaccionar ante ellos. Reforma constitucional, reforma laboral, nueva reforma laboral, plan de ajuste, etc., etc. Se quiere crear unas situación mental de shock que impida reaccionar ante tantos frentes y que genere la sensación de impotencia, de que «no hay alternativa» (la famosa frase de Margaret Thachter).

Para ello se juega con el lenguaje, con eslóganes y términos, estribillos que se repiten sin cesar. Por ejemplo, el reiterado mantra de «no gastar por encima de nuestras posibilidades» ha sido uno de esos lemas que, a fuerza de repetirse una y otra vez, han acabado delimitando nuestro mundo mental e incluso el terreno de debate posible. Porque impide que nos preguntemos si se puede recaudar más y con más justicia. La reducción del déficit público solo quiere hacerse reduciendo los gastos públicos, no luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más al capital, a las transacciones financieras, al patrimonio y a las rentas mas altas, persiguiendo los paraísos fiscales, reduciendo el gasto en armamento y acciones militares (1 millón de euros diarios nos cuesta la intervención en Afganistán).

¿Hay otras alternativas? Sí. Pero esas alternativas pasan por decisiones políticas que afectan a la forma de concebir y organizar nuestra sociedad. Por eso lo primero es recordar que la finalidad de los mercados, de las multinacionales, de los fondos de inversiones, es el enriquecimiento de unos pocos. Mientras que la finalidad de la política es el bien común y el interés general. Por ello la política tiene que tener supremacía sobre los mercados, y legislar y consensuar y trabajar políticamente para su control, no al contrario, como se esta haciendo ahora.

Una alternativa básica y fundamental es la creación de una banca pública que cumpla con su objetivo de dar crédito y estimular la economía y no la usura. Nos tenemos que preguntar por qué se ha rescatado a la banca con 1,6 billones de euros de dinero público y no se puede rescatar a los ayuntamientos que dan servicios a la ciudadanía. La justificación de que si se rescata a los ayuntamientos se rescata la mala gestión no es válida. Se ha rescatado a los bancos a pesar de su mala gestión, por cierto, una mala gestión que nunca estuvo dirigida a satisfacer necesidades de la ciudadanía, sino al enriquecimiento de sus accionistas.

En tiempos de crisis, cuando las pequeñas empresas cierran, cuando crece el desempleo, el sector público tienen que estar fuerte para amparar y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas y ahora es cuando con más vigor y rapidez lo desmontan.