Aunque el concepto de paraíso fiscal tiene muchos matices y definiciones, cuando lo escuchamos todos sabemos a qué nos referimos: territorios que ofrecen condiciones fiscales muy ventajosas a los ciudadanos y empresas foráneas para lograr atraer su dinero, lo que generalmente implica también una falta de control sobre la naturaleza de tales fondos.

Si bien es cierto que la existencia de los paraísos fiscales es un problema que viene de largo, la llegada de la crisis ha contribuido a dar una mayor visibilidad social a este problema. Y es que en un contexto como el actual, marcado por los recortes y las subidas de impuestos para contener el déficit, resulta difícil convivir con el hecho de que algunas empresas y particulares puedan recurrir a este tipo de ‘trucos’ para evitar dar cuenta de sus obligaciones.

Sin ir más lejos, hemos conocido recientemente un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en el que, tras analizar las memorias anuales de las empresas del Ibex 35 correspondientes al año 2010, se concluye que una treintena de ellas -el 86%- tenían filiales en paraísos fiscales.

Aún más llamativo es el hecho de que ninguna de esas filiales se dedicara a producir bienes o prestar servicios en el propio territorio en el que se instalaban: o bien lo hacían en terceros países, o bien se dedicaban exclusivamente a actividades financieras con sociedades carteras o holdings.

Difícil justificación tiene, por tanto, asegurar que la presencia de las grandes empresas en estos países es una mera consecuencia de sus políticas de expansión comercial. Además, ninguna de las 35 empresas analizadas en el estudio aportó información sobre los impuestos pagados en cada país, ni sobre las subvenciones que han recibido en los países en los que actúan, aparte de España.

Pero las grandes multinacionales no son las únicas que recurren a los paraísos fiscales: también los grandes patrimonios aprovechan en ocasiones la posibilidad de ocultar su identidad valiéndose del secreto bancario, la ineficacia de los sistemas de intercambio de información y las facilidades para constituir diferentes figuras jurídicas sin demasiadas medidas de identificación.

Otro tanto ocurre con los bancos, que encuentran en estos territorios una vía no ya sólo para reducir su factura fiscal, sino también para constituir filiares que escapen de los estrictos controles a los que suelen estar sometidos por los bancos centrales y las normativas de sus países de origen.

No se debe menospreciar la importancia de esta supervisión para impedir excesivas exposiciones al riesgo, ya que como todos recordamos fueron los propios bancos estadounidenses quienes iniciaron la actual crisis al operar en paraísos fiscales con las hipotecas subprime, provocando en ocasiones su propia quiebra.

Lucha contra los paraísos fiscales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha conminado a los países que considera paraísos fiscales a que se comprometan a eliminar sus prácticas fiscales lesivas sin compromiso previo alguno, considerando a quienes no lo hagan como "no cooperadores".

Para salir de esta lista de territorios, los paraísos fiscales deben firmar acuerdos sobre intercambio de información fiscal con al menos una docena de países, aunque -por irónico que resulte- entre ellos se pueden incluir también otros países incluidos en el propio listado.

Por su parte, España viene firmando diversos acuerdos de este tipo durante los últimos años, lo que conlleva que muchos países vayan perdiendo la consideración de paraísos fiscales. Un ejemplo reciente es el de Singapur, cuyo convenio fue publicado en el BOE a comienzos de este mismo año.

Gracias a estos acuerdos, los contribuyentes y empresas españolas que inviertan o realicen negocios en estos países puedan aplicar los beneficios fiscales que contempla la legislación vigente en el Impuesto sobre sociedades o en el IRPF.

Sin embargo, los Técnicos de Hacienda consideramos que el mero hecho de suscribir estos acuerdos no puede considerarse suficiente como para eliminar la consideración de paraíso fiscal a un determinado territorio. Ello se debe a tres razones.

Evasión y elusión

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el intercambio de información está orientado en la mayoría de las ocasiones a la persecución de actividades delictivas, entre las que se encuentran los delitos de evasión fiscal, pero que en ningún caso se refieren a su elusión.

Y es que, si bien es cierto que la diferencia entre ambos conceptos es muy matizable, creemos que en muchas ocasiones aprovechar los huecos o lagunas legales o las imperfecciones de la regulación de determinados impestos puede considerarse un verdadero fraude de ley, y por tanto debe ser tratado como un incumplimiento legal.

Todos somos conscientes de que las más importantes empresas multinacionales tributan finalmente con tipos efectivos de un sólo dígito, valiéndose de entramados societarios que -mediente lo que se denomina ingeniería fiscal y financiera- derivan sus beneficios hacia territorios con escasa o nula tributación.

Aún más críticable es, no obstante, el hecho de que para ello se valgan en muchas ocasiones de las facilidades que ofrecen los propios países de la OCDE, e incluso de la Unión Europea, para llevar a cabo tales operaciones.

Buen ejemplo de ello son las prácticas conocidas como ‘doble irlandés’ ó ‘sandwich holandés’, que se valen tanto de la normativa que tienen estos países europeos como de determinados convenios de doble imposición firmados por los mismos territorios que podemos considerar como paraísos fiscales por su baja o nula tributación.

Lagunas normativas, consecuencias reales

Otro problema persistente es el hecho de que los acuerdos de información no conlleven necesariamente la circulación de ésta de manera efectiva, dado que los compromisos adquiridos no se refieren a intercambios automáticos. De hecho, están prohibidas las ‘phising expedition’ -solicitudes de información no relacionadas con una investigación o fiscalización concreta-, por lo que la petición debe añadir siempre el motivo por el que se sospecha que la persona podría poseer bienes en el paraíso fiscal.

Finalmente, cabe destacar que la firma de acuerdos de intercambio de información como principal o único requisito para dejar de considerar a un territorio como paraíso fiscal olvida otro de los elementos básicos de este concepto: la nula o escasa tributación que disfrutan las personas no residentes.

En este sentido, cada vez son más los dedos que apuntan a los paraísos fiscales como uno de los elementos que agudizan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, ya que fomentan las desigualdades sociales y la pobreza, permiten y protegen -en algunos casos- la delincuencia financiera, socavando las democracias al condicionar el comportamiento de los países en materia fiscal y política económica.

Asimismo, el impacto económico y social que tienen estas prácticas fiscales sobre el ejercicio de derechos básicos de las personas es innegable, ya que supone menos ingresos para los Estados y, por tanto, menor capacidad de cumplir con sus deberes de garante de derechos de los ciudadanos y del tan ansiado estado del bienestar.

Respuesta global

Aunque la falta de transparencia dificulta poder cuantificar el volumen de operaciones en los paraísos fiscales, algunos estudios lo cifran en más de un tercio del PIB mundial, lo que supone una cantidad superior a los 15 billones de euros anuales, aunque otras fuentes lo reducen hasta el entorno de los 9,2 billones de euros.

Es necesario, por tanto, alcanzar cuanto antes un acuerdo en el marco de la OCDE que facilite la obtención automática de información mercantil o tributaria de aquellas personas o empresas que operen en paraísos fiscales, además de suprimir las prácticas abusivas para reducir la factura fiscal internacional de las grandes corporaciones.

Por desgracia, los países que componen el G-20 han demostrado una gran lentitud en la puesta en marcha de medidas concretas, pese a haber proclamado a los cuatro vientos hace casi tres años que "terminaba la opacidad de los paraísos fiscales". La declaración de intenciones está pero, como vemos, aún queda mucho por hacer.


Carlos Cruzado
Presidente de GESTHA

Reclaman una reforma profunda del impuesto de Sociedades
Se deducen la inversión en el extranjero y no tributan ingresos foráneos
Difieren el impuesto gracias a la libertad de amortización
El Estado ‘está subvencionando y financiando los EREs’

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) advierte de que el tributo que necesita una reforma "más en profundidad" de todos es el impuesto de Sociedades, pues de sus agujeros se están beneficiando numerosas grandes empresas que pagan "una tasa efectiva sobre beneficios inferior a la de un mileurista en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

El reto de reducir el déficit público es cada vez más difícil por la caída de la recaudación. En concreto, el impuesto de Sociedades acumula una reducción de más del 60% en el último año, "inexplicable sólo por la caída de beneficios empresariales".

"Se debe abordar urgentemente la tarea de tapar los agujeros fiscales más obvios del tributo", advierten los inspectores de Hacienda en un comunicado donde desglosan los ‘trucos’ más comunes para tributar menos.

La gran ‘trampa’ de las multinacionales

El defecto más grave del impuesto español, reconocido en todos los manuales de planificación fiscal, es la ausencia de cualquier tipo de límites a la deducción de gastos financieros", señala la organización de inspectores de Hacienda.

En España, los ingresos obtenidos en el extranjero están exentos del impuesto de Sociedades mientras que los gastos invertidos para ello sí tienen deducciones fiscales. "El mecanismo es muy simple: los ingresos no suman (computan) y los gastos financieros necesarios para obtener los ingresos sí restan (se deducen)", denuncian los inspectores, preocupados porque "supone una pérdida recaudatoria de miles de millones de euros en impuestos de grandes empresas".

Frente a las ventajas fiscales de España, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Alemania han limitado la deducción de gastos financieros. Sin embargo, esta situación no beneficia al país, sino que tiene "efectos económicos perversos".

"En primer término, concentra el endeudamiento mundial de los grupos multinacionales en España, agravando el enorme y gravísimo problema de sobreendeudamiento privado en España", advierten.

"En segundo lugar, hace más rentable la inversión exterior que la interior, por puros motivos fiscales, fomentando la deslocalización de empresas y la creación de empleo fuera de nuestras fronteras a costa de empleos españoles", añaden.

Otra ventaja para las grandes empresas

El segundo gran beneficio fiscal es la libertad de amortización sin obligación de mantener plantilla, algo que perjudica a las pymes frente a las grandes empresas.

Las inversiones son la esencia del negocio de muchos sectores. Los inspectores citan "redes de comunicación, energía y prospecciones", entre otros.

"La libertad de amortización supone el diferimiento indefinido y continuo del impuesto de Sociedades a pagar y a coste cero. Esto supone un grave quebranto para las arcas públicas que no obtienen ingresos sin que la inversión aumente; de hecho está disminuyendo", critican.

"La supresión del mínimo requisito de mantenimiento de plantilla ha hecho que, de hecho, el Estado esté ‘subvencionando y financiando’ los EREs de las grandes empresas", añaden.

"Antes de pensar en recortes impopulares e injustos o en subidas de impuestos para todos los ciudadanos, debe abordarse urgentemente la tarea de tapar los agujeros más importantes de nuestro sistema fiscal", concluyen la organización de Inspectores de Hacienda.