Los abajo
firmantes, profesores del Instituto de
Educación Secundaria Alfonso X el Sabio de
Toledo, ante la visita del señor Arzobispo,
le damos la bienvenida a este Centro
educativo en su condición de personaje
público y cabeza visible de los creyentes
católicos toledanos, a la vez que queremos
darle traslado de esta carta abierta.
Nos consta que
su visita a este Centro se hace en
reconocimiento de nuestra colaboración en la
campaña del mercadillo solidario realizada
en el mes de diciembre pasado, cuyos fondos
fueron entregados a Cáritas. Por tanto,
agradeciendo la deferencia mostrada con su
visita, queremos aprovechar para
reafirmarnos en los valores comunes. La
solidaridad es sin duda un valor compartido,
patrimonio común, que aproxima creencias,
ideologías y culturas, valor en el que
debemos colaborar instituciones,
organizaciones y organismos públicos y
privados. En ese aspecto, nos veremos
caminando siempre de la mano.
Ahora bien,
aprovechando la oportunidad que nos brinda
con su visita, queremos transmitirle algunas
consideraciones.
La educación
pública constituye un espacio de encuentro
plural, es un vector de convergencia de
distintas sensibilidades, culturas y
creencias; un patrimonio que no puede ser
conculcado ni mermado por las creencias,
dogmas o sensibilidades particulares.
Afortunadamente, en nuestra sociedad,
existen ámbitos para la fe, para el ocio, o
para el desarrollo y disfrute individual. La
sociedad democrática ha sido capaz de
generar espacios donde la convivencia
pacífica se ve enriquecida, merced a la
separación de lo privado en esferas
aisladas, y espacios de sociabilidad donde
compartir los valores comunes. Esa es una de
las razones de ser de la educación pública y
laica.
En ese
sentido, desde los principios de la laicidad
y el rigor académico y profesional que
definen la educación pública, manifestamos
una discrepancia sustancial: estamos en
contra deque se utilicen los Centros
educativos públicos para desarrollar
creencias particulares. Desde el respeto más
profundo a las diversas convicciones de la
fe, sobre las cuales la razón no debe entrar
a debatir, nos parece un desacierto la
injerencia en sentido contrario. Sin negar
el derecho a difundir los principios de la
verdad revelada, nos parece que existen
otros escenarios, sin duda más adecuados.
La confusión
que supone ocupar el horario y el espacio de
la educación pública para la impartición de
la Doctrina Católica cuando menos es un
error de las autoridades académicas; sin
embargo, es aceptado por la Iglesia
Católica, con tal de tener un momento y un
lugar para impartir doctrina, aunque la
equiparación de la asignatura de Religión
sea con No Cursa (la nada). Transformar un
centro educativo -templo del saber, la
razón, la creatividad- en un espacio para la
catequización, supone una contradicción
esencial.
Por otra
parte, esta situación -herencia contaminada-
puede constituir un abuso de posición
dominante, en tanto en cuanto deriva de una
negociación preconstitucional con el poder
temporal del Vaticano, a través de la firma
de un Concordato, que choca frontalmente con
los valores laicos de una sociedad
aconfesional, Concordato que está siendo
cuestionado, tanto por determinados
colectivos católicos como por organizaciones
ciudadanas.
La realidad de
la España plural se dibuja en nuestros
centros, en los que escolarizamos alumnado
con diversidad de culturas y religiones. La
respuesta educativa no puede ser la
impartición de las religiones que profesen
cada uno de nuestros alumnos. Ello
conduciría a un multiconfesionalismo, lo que
contraría a nuestra Carta Magna. La
aconfesionalidad de la que han hecho
dejación tanto nuestros gobernantes como la
Iglesia Católica debe tener una oportunidad.
La laicidad,
nuestro punto de partida, ni es ni puede ser
entendida como un ataque a ninguna creencia,
sino como la solución democrática a la
diversidad de creencias y religiones; es el
triunfo de la convivencia sobre la base del
respeto y las libertades individuales. Por
ello, consideramos que la enseñanza de la
Religión en los Centros públicos contradice
el conocido pasaje del evangelio: al
César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios. Para ese cometido, la Iglesia
Católica dispone de sus templos y
parroquias. A mayor abundamiento, la Iglesia
cuenta con el privilegio de recibir fondos
públicos para el mantenimiento de los
centros educativos concertados. Retomando la
cita evangélica, que se materializa en los
tiempos modernos en la separación
Iglesia-Estado, no es admisible que se
sufrague la enseñanza de la asignatura con
cargo al erario público.
Aún
reconociendo la valía personal de todos los
profesores que imparten la asignatura de
Religión, consideramos una irregularidad el
sistema establecido para su provisión y
nombramiento, porque se conculcan con él los
principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. Es un despropósito que
mientras el profesorado interino del resto
de las materias está ordenado en las listas
por criterios objetivos consensuados, los de
Religión lo sean por el dedo del Ordinario
Diocesano, potestad ésta que sería
comprensible si se tratara de una actividad
extraacadémica, que es lo que se propone.
La historia
nos muestra los errores cometidos en el
pasado, errores que perjudican tanto a la
laicidad del Estado, como a la propia
dimensión pastoral de la Iglesia Católica.
Al Estado, en tanto que hace dejación de su
papel neutral, al segregar a los alumnos en
función de sus creencias. A la institución
que representa, porque la pervierte en su
esencia evangélica. La inclusión de la
asignatura en la red pública educativa la
condiciona y la arrastra hacia intereses y
actuaciones temporales que no son los
puramente evangélicos. Se ve abocada a la
condición de empleador público, con la
tentación de actuar como un grupo de
presión, al calor de los fondos públicos.
Esperamos y deseamos que también el
adoctrinamiento en la fe católica se realice
libre y voluntariamente en el horario y
espacios propios, sin tener que hacerlo
compitiendo con la educación pública.
Por mera
cuestión de higiene moral, sería razonable
una revisión de la situación actual.
Evitaría, de una parte, convertir la
laicidad, en laicismo, ateísmo o incluso en
anticlericalismo. De otra, salvaría a la fe
católica del integrismo, y de una posible
confrontación con otras confesiones y
creencias. Por todo ello, sabedores de su
actitud dialogante y receptiva, nos
permitimos sugerirle, con los mejores
propósitos, que, en su condición de
Arzobispo, contribuya a dar una solución
digna, razonable y evangélica a este
despropósito, heredado del nacional
catolicismo preconstitucional. Y ambos,
Iglesia y Estado, ganarían en autenticidad y
dignidad.
Deseándole el
mejor ejercicio de su labor pastoral, y
esperando coincidir en los valores
universales, reciba nuestro más cordial
saludo.
En Toledo, a 2
de marzo de 2012.
Grupo de profesores y profesoras
del IES Alfonso X El Sabiol
