La nueva oleada de recortes derivada de los Presupuestos Generales del Estado era algo que se daba por descontado desde que el pasado 30 de diciembre la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría presentó aquellas primeras medidas presupuestarias y fiscales del gobierno Rajoy como «el inicio del inicio». Tres meses después, reforma laboral por medio, los Presupuestos vienen a ser el segundo capítulo de ese proceso.

Desde el punto de vista de la reducción del gasto, los ajustes han sido los previsibles. La sorpresa ha venido por el lado de los ingresos, donde, frente a la alternativa de subir el IVA, se ha preferido una controvertida amnistía fiscal con la que se pretende recaudar 2.500 millones de euros. Coincide que ambas opciones habían sido descartadas en el pasado por el PP, que contraviene nuevamente con ello otro de sus antiguos postulados.

Lo más preocupante es que los peores recortes están por venir. Y no me refiero a otros que en el futuro nos traiga el gobierno central, sino a los que nos esperan por parte de la Junta de Castilla y León. No se olvide que, excluidas las pensiones y el subsidio de desempleo, los otros grandes pilares del Estado de Bienestar descansan sobre las maltrechas espaldas de las comunidades autónomas. Es el caso de la Sanidad, la Educación y el grueso de los servicios sociales, capítulos que vienen a representar cerca de dos tercios de los presupuestos autonómicos.

Es aquí donde las cuentas no salen. El «centimazo sanitario» y demás impuestos establecidos por la Junta no compensan ni de lejos el desplome que ha sufrido la recaudación propia. Y si a ello se añaden los gastos financieros de la deuda (nada menos que 600 millones), la congelación de las aportaciones del Estado y el estrecho margen de déficit permitido, el sudoku presupuestario resulta imposible de cuadrar. Para colmo la reputación de la deuda autonómica de Castilla y León está muy a la baja en los mercados, como lo prueba el pinchazo sufrido en su última emisión, en la que la Junta sólo pudo colocar 53 de los 200 millones que pretendía.

Ante semejante panorama, y para que vayamos mentalizándonos, la consejera de Hacienda ha comenzado a advertir sobre la gran dificultad existente para financiar los grandes servicios públicos en los niveles hasta ahora conocidos. Y otro dato que hace sospechar de lo que nos espera es la decisión de la Junta de no presentar sus Presupuestos hasta finales de mes. Igual que el gobierno Rajoy aplazó los del Estado hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas, se diría que Juan Vicente Herrera no quiere desvelar el hachazo presupuestario hasta después del 23 de abril, fiesta oficial de la comunidad y día de reivindicación ciudadana en Villalar de los Comuneros..