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El ministro de Educación acaba de proponer a las consejeras y consejeros de las comunidades autónomas una modificación en la estructura del sistema educativo que consistiría en sustituir 4º de la ESO por el primer curso de Bachillerato o de Formación Profesional.

Recordemos que la educación es en nuestro país obligatoria y teóricamente gratuita, tanto en la Primaria como en la Secundaria, por ley desde hace ya muchos años. La medida propuesta parece responder a un interés de este nuevo Gobierno no de reforzar el Bachillerato, sino, como ya han avanzado los representantes de la enseñanza privada concertada, de abrir la puerta a la concertación total del sistema educativo. El coste para el conjunto de la sociedad se podría estimar en cientos de millones de euros.

Al mismo tiempo, la enseñanza pública ha sufrido en los últimos años recortes sustanciales tanto en materia salarial como en gastos de funcionamiento para los centros educativos, que ha suscitado numerosas movilizaciones en su defensa que continúan en estos días, como las del País Valenciano, Catalunya, Navarra, Castilla-La Mancha o Madrid, entre otras.

Últimamente se reiteran en los medios de comunicación las afirmaciones sobre lo barato que resulta la concertada. Éstas parecen, cuando menos, inexactas, por no decir sin fundamento alguno. A no ser que pretendamos comparar magnitudes de carácter esencialmente distinto: mientras la enseñanza pública, la de todos y todas, la que escolariza al alumnado de ciudades, aldeas, pueblos, la que atiende a la diversidad del alumnado -con menos recursos de los que a nosotros nos gustaría-, la que saca adelante a miles de niñas, niños y jóvenes sin tener en cuenta a qué clase social pertenecen, ni las posibilidades económicas de las familias, supone una inversión para el conjunto de la sociedad, los centros privados concertados responden a criterios de corte empresarial que les hacen cerrar centros donde no son rentables, como hemos visto recientemente en las cuencas mineras.

No se puede comparar una red que es un servicio público con vocación universal con una empresa cuyo interés, como el de todas las empresas, es obtener un beneficio. En las cuentas que se realizan para determinar cuánto cuesta mantener el servicio público de educación, ¿se tiene en cuenta la «rentabilidad» social de que en los pueblos asturianos sigan viviendo familias jóvenes? ¿Se tiene en cuenta que en muchas empresas educativas se deriva sutilmente al alumnado hacia centros públicos, «pues ellos tienen más medios» para atender a alumnado con necesidades educativas especiales o con una situación socioeconómica desfavorecida? ¿Se tiene en cuenta que las empresas vinculadas a la Iglesia católica están exentas de impuestos y que las cuotas «voluntarias» se convierten en criterios de selección económica del alumnado? ¿Se tiene en cuenta que los colegios privados concertados, situados en las grandes ciudades mayoritariamente, atienden a un gran número de alumnos con el mínimo de profesorado mientras que la pública en villas, pueblos y aldeas atiende a un número de alumnos y alumnas variable a quienes se intenta garantizar profesorado, muchas veces especialista, itinerante?

Soplan malos vientos para la enseñanza pública: definanciada, denigrada, hasta sin calefacción en algunas comunidades autónomas. El nuevo ministro Wert, y su equipo, ajeno al mundo de la educación y cercano al del marketing, parece interesado en favorecer la privatización de uno de los últimos sectores que aún se conservan del Estado del bienestar; en esa línea están sus intenciones de convertir el 4.º de la ESO en un primero de Bachillerato, lo que abriría la puerta a la concertación del Bachillerato y la FP; es decir, obligaría a que con el dinero de todos se pagaran los caprichos de algunos, como ya hizo el anterior Gobierno asturiano concertando un nivel no obligatorio como la Educación Infantil, ahora concertado en todo el país.

Las intenciones similares para crear nuevos centros concertados utilizando patrimonio público las tenemos aquí en San Claudio, donde el Ayuntamiento de Oviedo sigue pretendiendo fomentar la cesión de un edificio público para crear un colegio privado concertado.

Somos prácticamente el único país de Europa, junto con los Países Bajos, donde la red privada concertada tiene tal magnitud. Una anomalía que es escandalosamente alta en las comunidades autónomas con mayor renta per cápita.