La política de recortes
presupuestarios en Cataluña tiene una nueva víctima: la
escola bressol pública. El Gobierno de la Generalitat y
el Ayuntamiento de Barcelona se han escudado en la
crisis económica para burlar la ley, incumplir su
programa electoral, negar los derechos de la infancia,
frenar la base del progreso personal y social, y
menospreciar la labor de unos excelentes profesionales
de la educación infantil. Un cóctel de disparates
políticos que puede dar al traste con muchos años de
lucha para conseguir una educación infantil pública de
calidad.
La Ley 18/2003, de apoyo a
las familias, aprobada en la última etapa del Gobierno
de Jordi Pujol (artículo 33) y la Ley 5/2004, de
creación de llars d’infants de calidad (artículo 1),
originada a través de una iniciativa legislativa popular
y aprobada por unanimidad (también por CiU) afirman que
el Gobierno de Cataluña, en coordinación y colaboración
con los Ayuntamientos, impulsará una red de llars
d’infants de titularidad pública con el objeto de
asegurar una oferta suficiente para la población menor
de tres años que solicite una plaza en cualquier
territorio de Cataluña. En el programa electoral de CiU
para las autonómicas de 2010 se apostaba por la
"vinculación de las llars d’infants de iniciativa social
al modelo educativo de interés público" y el programa
marco de CiU para las municipales de 2011 establecía
como primer objetivo de políticas educativas "impulsar
las llars d’infants de gestión municipal". Ni lo uno ni
lo otro, sino todo lo contrario.
La Unicef, a través de la
Convención de los Derechos de la Infancia de 1989,
afirma que la educación infantil es un derecho humano
fundamental y una herramienta decisiva para el
desarrollo de las personas y las sociedades. Los
profesionales de la educación y los psicólogos coinciden
en considerar la etapa educativa de 0 a 3 años como
aquella en la que se construyen los cimientos de la
personalidad, del lenguaje y la comunicación, del
proceso de socialización, de los hábitos individuales y
colectivos, de los comportamientos emotivos y de las
pautas de convivencia. Es en el primer ciclo de la
educación infantil donde los niños empiezan a adquirir
actitudes y valores, y donde se desarrolla una función
de prevención y detección de dificultades para evitar no
solo el fracaso educativo, sino también el personal y el
social.
Los modelos educativos
modernos, como el que pretende dibujar la Ley 12/2009,
de educación de Cataluña, pactada por las dos
principales fuerzas políticas catalanas (CiU y el PSC),
prevén un primer ciclo público de educación infantil de
0 a 3 años (artículo 56) que, como primera fase del
proceso de aprendizaje, permita desarrollar, junto con
la familia, las capacidades de los niños durante los
primeros años de vida. El modelo se basa en la
creación de un mapa de escoles bressol públicas para
poder garantizar el derecho a la educación infantil y
una oferta pública que permita el acceso en condiciones
de igualdad y que se ajuste a las necesidades sociales.
Para desarrollar la ley y su modelo educativo bastaría
con reproducir, aplicando criterios de equilibrio
territorial, el magnífico referente de las actuales
escoles bressol municipales, con sus protocolos
pedagógicos y su ratio profesor/alumnos.
Es incomprensible que los
responsables de la educación pública de CiU estén
frenando los equipamientos educativos que se iniciaron
con el anterior Gobierno, limiten todavía más el exiguo
presupuesto destinado a las escoles bressol y
estudien la posibilidad de externalizar y privatizar
esta etapa educativa. Su osadía estulta les puede
impulsar a convertir las escoles bressol en
guarderías y sustituir el modelo educativo infantil
público por un mero servicio de parking de niños.
Estamos ante una grave irresponsabilidad educativa y
social de unos políticos que parece que creen que los
niños de 0 a 3 años se deben quedar en casa con su
madre, con su abuela o con la sirvienta (todo en
femenino, por supuesto).
Ni la comunidad
educativa ni la sociedad catalana deberían permitir que
la crisis económica sirva de excusa a nuestros
gobernantes para sobrepasar la frágil línea roja de la
educación infantil.
 Jordi
Matas Dalmases
Catedrático de Ciencia Política
Universidad Barcelona |
