Hacía muchos años que un
curso académico no empezaba de forma tan convulsa. Los
profesores salieron a la calle y ejercieron el derecho a
la huelga contra los zarpazos al gasto educativo. Quizá
fue en Madrid donde las movilizaciones adquirieron más
pujanza y fueron más visibles las manifestaciones de la
marea verde, así llamada por el color de las camisetas
que vestían padres, profesores y alumnos. Los paros solo
cuajaron en la comunidad que gobierna Esperanza Aguirre,
aunque al final acabaron perdiendo fuelle.
La política de austeridad
para contener el déficit se tradujo en un tijeretazo
sobre los presupuestos educativos de cuatro comunidades
autónomas. Los Ejecutivos de Madrid, Galicia, Navarra y
Castilla-La Mancha optaron por reducir el número de
docentes interinos (sin plaza fija) y suplir su trabajo
mediante un aumento de la jornada lectiva de los
profesores de la enseñanza pública.
Los recortes acontecieron
en un mal momento. Cuando el sistema educativo asimilaba
el choque que supuso la escolarización masiva de
inmigrantes y el aumento de la escolarización
obligatoria hasta los 16 años, vino la temporada de
rebajas. Lo peor de todo es que la política de
austeridad vendrá a agravar más un vicio estructural del
sistema educativo: el abandono escolar. La tasa de
jóvenes de 18 a 24 años que desertan de la escuela trepa
ya al 31,2%, el doble de la media comunitaria.
Si ya los resultados
académicos de los alumnos son desalentadores, según pone
en evidencia el informe Pisa, con recortes de por medio
el nivel de conocimientos de los quinceañeros puede
empeorar todavía más. Sobre todo si se tiene en cuenta
que la supresión de profesores sin plaza obliga a que
muchos docentes tengan que impartir disciplinas que no
son de su especialidad. Por añadidura, la inversión en
educación sigue estando por debajo de la media europea.
A final de año se espera que llegue al 4,79% del PIB,
por debajo del 5,03% alcanzado en 2009. Con menos dinero
habrá que atender más necesidades: los alumnos que no
van a la universidad son 320.000 más que hace dos años.
Retroceso irreversible
A nadie se le oculta que
la disminución del gasto educativo es un retroceso que
dará al traste con los logros conseguidos durante
décadas. No solo se retrae la inversión, también el
prestigio de la educación pública. A esa labor de zapa
contra la buena imagen de la escuela contribuyó
Esperanza Aguirre. Con palabras que inducían a la
confusión, la presidenta de la Comunidad de Madrid
equiparó de manera artera la jornada lectiva con la
jornada laboral. "20 horas son en general menos que las
que trabajan el resto de los madrileños". Así las cosas,
los profesores quedaron expuestos ante la opinión
pública como un hatajo de indolentes.
Los datos hablan bien a
las claras de las consecuencias de la bajada del gasto.
En los últimos dos años, la inversión por alumno de
las comunidades autónomas se ha reducido en casi un 10%.
Los territorios que más se han resentido de los recortes
son Baleares (16,1%), Cataluña (14,9%), Canarias (11,9%)
y Comunidad Valenciana (11,8%). Donde menos, en
Extremadura (4,5%), Asturias (4,8%) y Castilla-La Mancha
(5,4%). La investigación abarca a los alumnos de los
centros públicos y concertados y concierne también a las
escuelas de idiomas, de adultos y enseñanzas artísticas.
En vez de incrementar la
jornada lectiva, Castilla y León apostó por reducir el
presupuesto anual en lo que se refiere a gastos de
funcionamiento de colegios e institutos, lo que en
ciertos casos representa un 40% del presupuesto anual.
Ese dinero, que ronda los 52 millones, va destinado,
entre otras cosas, a pagar la calefacción, la luz, el
agua y equipamiento diverso.
Para la comunidad
educativa de signo progresista, detrás de las medidas
anunciadas por los Ejecutivos autónomos hay un empeño de
los sectores neoliberales para desacreditar a los
profesores de la enseñanza pública.
Antonio Paniagua |
