El nuevo Gobierno ha
anunciado que va a recuperar la deducción por vivienda.
Este anuncio se ha hecho a la vez que se suben los
impuestos a las rentas del trabajo y el capital. Aunque
es posible que desde el punto de vista electoral la
medida pueda ser atractiva para los votantes, pensamos
que desde el punto de vista económico no tiene ninguna
justificación. Por un lado esta deducción supone un alto
coste para las arcas públicas. En el año 2008 la
deducción por vivienda supuso cerca de 6.140 millones de
euros (0,6% del PIB). Es decir, hablamos de una cantidad
similar a toda la inversión publica en I+D en ese año.
Pero además, en los últimos 10 años, la medida ha
costado 53.000 millones de euros (alrededor del 5% del
PIB). Además, es regresiva. Solo las rentas más altas
tienen capacidad adquisitiva para conseguir la máxima
deducción permitida.
Por otro lado, la
deducción por vivienda hace más atractiva la compra
frente al alquiler y sesga las decisiones de ahorro de
los hogares hacia la adquisición de vivienda en
propiedad. De hecho, en España el mercado del alquiler
es prácticamente inexistente y el 81% de las familias
tienen una vivienda en propiedad (frente al 64% de la
media europea). Y según la Encuesta Financiera de las
Familias, en el año 2008 la vivienda es el activo más
importante, representando el 55% del valor de sus
activos. La deducción no solo alimenta la creación de
burbujas especulativas como la que acabamos de sufrir.
La experiencia internacional nos muestra que la vivienda
en propiedad reduce los incentivos de los trabajadores a
mudarse por motivos laborales. Esta reducción en la
movilidad tiene efectos negativos sobre la tasa de paro.
Además, existe un amplio consenso entre los economistas
en el hecho de que aumentar las deducciones por vivienda
tiene un efecto directo en el precio de esta. Permítanos
un simple ejemplo. Supongamos que hay cinco casas para
vender (la oferta de viviendas es fija) y que hay un
conjunto de compradores con distintas valoraciones. En
estas condiciones, el precio de las viviendas sería
igual a la disponibilidad a pagar del consumidor con la
quinta valoración más alta. Supongamos que esta
valoración sea 100 euros. Así, en ausencia de subsidio,
el precio de las viviendas sería 100 euros.
Si el Gobierno introduce
una ayuda que permite deducir el 10% del precio, cada
comprador estaría dispuesto a pagar 1,11 veces lo que
estaba dispuesto a pagar sin la deducción. ¿Por qué?
Consideremos el comprador que valora la vivienda 100
euros. Con la deducción, el comprador con valoración
100, estaría ahora dispuesto a pagar 111,11 euros ya que
una vez descontado el 10%, estaría pagando los 100 euros
originales. Así, el nuevo precio sube un 10% a 111,11
euros. Conclusión, la subvención se traslada al precio.
En la realidad las cosas
no son tan simples. Es posible que la oferta de
viviendas se amplíe frente a la subida de precios. No
obstante, en la situación actual, donde hay un stock de
viviendas sin vender superior a 750.000, no parece que
el efecto sobre la oferta vaya a ser muy grande. Así,
esperamos que la deducción se traslade, casi
íntegramente a precios. La medida tendrá efectos
negativos en las arcas públicas (en un momento en que se
han anunciado importantes subidas de impuestos para
reducir el déficit), es regresiva y, sin apenas efectos
positivos en los ciudadanos. La pregunta es, ¿quién es
el beneficiario último de volver a introducir la
deducción por vivienda? La respuesta parece clara. Los
promotores de vivienda y las entidades financieras más
expuestas al sector inmobiliario.
J. I. Conde-Ruiz
(Universidad Complutense y Fedea)
J. F. Rubio-Ramírez
(Duke University y Fedea) |
