La dinámica iniciada por
el Plan Bolonia, continúa su curso con la Estrategia
2015, la LAU y los recortes, arrollando la enseñanza
pública y generando varias reacciones en medios
estudiantil y docente
En los últimos meses,
hemos vivido diferentes episodios de protestas, en
enseñanzas media y superior, con episodios como la
última huelga general de estudiantes del 17 de
Noviembre, en rechazo a la subida de tasas, el
recorte de titulaciones y el aumento de la injerencia de
agentes privados en materia de gobernanza de
Universidades, previstos en la Estrategia 2015, y
avaladas por sucesivas reformas de las leyes autonómicas
de financiación, como Ley Andaluza de Universidades.
Ésta, otorgaba ya, en su
versión anterior, más financiación estatal a aquellas
universidades que buscasen fuentes de financiación
adicionales, ajenas al propio Estado –empresas
privadas–, sentando así las bases para una Universidad
de dos velocidades. Ahora, con la nueva reforma de la
LAU, aprobada el 24 de Noviembre, se otorgarán nuevas
competencias a los consejos sociales, en los que cuentan
con representación grupos políticos y empresariales,
restando poder al alumnado y a los académicos. Así, “el
texto resta además algunos derechos fundamentales de los
estudiantes, como es el reconocimiento del derecho a
paro académico” (Marina Agraz / Pablo G. de Castro,
NOTON, 23/11/11). Días antes, varias Asambleas de
Alumnos de Universidad ratificaban la convocatoria de
huelga del 17-N, a lo que han seguido manifestaciones,
convocatorias de encierros y acampadas como la tenida
lugar en las puertas del Parlamento de Andalucía, con
motivo de la aprobación de la reforma.
Este episodio, se suma a
las varias semanas de movilizaciones por parte del
colectivo de trabajadores de enseñanzas medias, en
varias Comunidades Autónomas, regidas por gobiernos
neo-conservadores, como las de Madrid, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, País Valenciano, Galicia,
Aragón y Cataluña, que están comenzando a sufrir varias
medidas de recortes en enseñanza pública por parte de
las administraciones regionales. Estos recortes, se
suman a políticas extras de subvención a escuelas
privadas. Así, según artículo del diario Público: “El
Gobierno de Esperanza Aguirre implantó por primera vez
en 2010 una deducción fiscal para los gastos de
escolaridad de aquellas familias que lleven sus hijos a
la escuela privada”, que, “ha dejado de ingresar 60
millones de euros un año antes de hacer unos polémicos
recortes, que han supuesto un ahorro de 80 millones a
cambio de prescindir de miles de profesores interinos”
(“La Verdad del Debate”; Madrid, 9 de Nov. de 2011, pág.
5).
Varios eran los
testimonios que podían oírse el día de la manifestación
estatal de enseñanzas medias, convocada por la “Marcha
Verde”, así como por los sindicatos mayoritarios –CCOO y
UGT–, sectoriales –CSIF, STEM, STECyL, etc.– y
alternativos –CGT, CNT, etc.–. Testimonios como de
profesores de 1ªria. y 2ªria. en protesta por 11
compañeros despedidos, en un colegio de Castilla-La
Mancha: “Nos han recortado personal. Se trabaja peor. La
calidad de la enseñanza empeora y los profesores tienen
que impartir materias que no son de su especialidad.” O
el testimonio de una trabajadora de la enseñanza,
diputada al parlamento madrileño, durante varios años,
por IU, que denunciaba que “3000 profesores han sido
despedidos en toda la Comunidad, para ahorrar costes en
lo público y poder seguir financiando escuelas privadas.
En consecuencia, hay menos tutorías, además de menos
bibliotecas.” Otro profesor de Castilla y León
criticaba: “A raíz de los recortes, hay menos cursos
especiales de apoyo, en secundaria, los profesores
tienen que echar más horas y como consecuencia, se
curran menos las clases, al tener que repetir la misma
materia varias veces.” De fondo, se podían escuchar
consignas del tipo de: “Espe, Espe, Espe, especulación”
ó “Aguirre, pirata, lo público arrebata”.
A su vez, un mar de
banderas de sindicatos, CCOO, UGT, STECyL y STEC-M, CSIF,
CGT, CNT, etc., se perdían por el horizonte. La
manifestación era multitudinaria; poco después de partir
la cola, la cabecera ya había llegado a su destino,
teniendo que disolverse varias veces para dejar espacio
a quienes venían detrás. Nuevos manifestantes iban
llegando, procedentes de todas las comunidades autónomas
(las dos Castillas, Andalucía, País Valenciano, Aragón,
La Rioja, Galicia, Cataluña, País Vasco…), engrosando
aún más el volumen de la convocatoria.
Otros testimonios,
cuestionan el papel de la burocracia sindical: “En
Madrid, una Asamblea de profesores entera estaba
pidiendo a los sindicatos CCOO y UGT que gestionasen una
huelga general de enseñanza de 48 h., pero estos se
negaban, diciendo que 24 h. ¿Qué poca vergüenza es esa,
cuando son los trabajadores de la asamblea los que han
decidido, y sólo están pidiendo a los dirigentes
sindicales que gestionen algo que se ha votado
asambleariamente?”.
Finalmente, hablamos con
dos profesores de F.P. del I.E.S. Alarnes, Getafe: “no
hay previstas horas de reunión para tratar temas
didácticos entre el personal docente, ni hay posibilidad
de desdobles [división de un mismo curso por grupos, en
prácticas]. También hay falta de personal para aulas de
enlace, destinadas a aquellos alumnos que no conocen
bien el idioma; alumnos, sin contar los hispanohablantes
[Perú, Colombia…], claro está, de nacionalidades tan
variadas como Marruecos, Bulgaria, Mali, Afganistán,
Polonia, Ukrania, rumanos, chinos, jamaicanos… Son
gente muy diversa, y para poder educarlos son necesarias
aulas de castellanización. Luego está el problema de las
tutorías: ya no son lectivas, los profesores de tutorías
tienen que cubrirlas fuera de horario. A su vez, al
personal auxiliar, los mandan “con cuentagotas”:
hablamos de personal de programas internacionales, que a
su vez requieren de traducción. No califican, pero son
autóctonos y tienen capacidad de impartir conversaciones
nativas.
En cuanto a los cursos de
F.P.: automoción, mecanizado, chapado, delineación,
gestión administrativa, obra civil, mantenimiento de
vehículos, etc.; en ellos, cada profesor se reparte 21
h., y no 20 h., como es estipulado. Las prácticas, como
dije, no se desdoblan. Antes, con 30 ó 31 alumnos para
una misma clase de prácticas, había que desdoblar. Esto
ya no se hace. Ahora tenemos 1 profesor para 30 alumnos
y 30 máquinas. Si además, hay exceso de alumnos,
tenemos, en varios casos, a 2 y hasta 3 alumnos por
máquina, esto conlleva un problema de aprendizaje, y un
mayor riesgo de accidentes. Por ej.: el otro día, se
cortó un chaval con la fresadora-delineadora; como no
había nadie de guardia, puesto que van a 21 h., tuvo que
atenderle el jefe de estudios.”
Nos encontramos, en
definitiva, ante un transvase de dinero público,
mediante recortes, que se deriva en concepto de
desgravaciones fiscales, a las escuelas privadas.
Esto se enmarca en el actual contexto de
desmantelamiento de los servicios públicos, a fin de
liberar gasto estatal que luego es destinado a la
financiación de entidades privadas (bancos, empresas,
etc.), con el consecuente proceso de deterioro y
precarización de tales servicios.
Es un proceso que, lejos
de limitarse a la enseñanza, está generalizándose, tal y
como hemos podido ver, en los últimos meses, a otros
terrenos, tales como la sanidad, las cartillas médicas a
desempleados, las pensiones, la administración pública
[reducción de oposiciones y aumento de subcontratación y
libre designación], los sueldos de funcionarios, la
legislación laboral, los convenios colectivos, la edad
de jubilación, etc.
Mientras, en la enseñanza
universitaria, el Plan Bolonia sigue su curso. Tras las
anteriores LOU y Real Decreto 1393/2007, ahora le toca
el turno a la Estrategia 2015. Estos, se traducen
en una paulatina rebaja de la calidad del nivel
educativo, que se concreta en el recorte gradual de
contenidos y titulaciones, en función de criterios
mercantiles, como la rentabilidad y máxima obtención de
beneficios de cara a la empresa.
De esta manera, la
Universidad, que tradicionalmente representaba un
espacio
dedicado a la transmisión y acumulación de conocimiento,
y que era independiente a la injerencia directa del
mundo de la empresa privada, comienza a verse cada vez
más adaptada a la lógica del negocio empresarial, que
sólo busca la
compra-venta de mercancías, extrapolando así
esta lógica a la
venta del conocimiento. De esta forma, se
supedita la enseñanza a la máxima obtención de
beneficios por parte de unos pocos, mediante la
precarización del “servicio”, la subida de tasas, el
recorte y mercantilización de contenidos, y la privación
de un derecho, convertido así, en poco menos que un
privativo negocio.
Roberto
Mérida. Socialismo Revolucionario, Sevilla. |
