No hay plena conciencia en los mayores centros de los
establishments políticos y mediáticos españoles del
grado de descontento de la mayoría de la población hacia
la clase política. Una de las expresiones utilizadas por
el Movimiento 15-M para manifestar su desacuerdo con las
políticas públicas altamente impopulares aprobadas
durante los años de crisis por mayorías en las Cortes
españolas (y en varios parlamentos autonómicos), es que
tales políticos “no nos representan”, dicho que goza de
una simpatía generalizada entre la población. Las
encuestas de opinión popular expresan que la clase
política se ha convertido en uno de los mayores
problemas que existe en España.
Este desapego con las instituciones políticas está
basado, en parte, en la naturaleza poco representativa
del Parlamento, resultado de un sistema electoral poco
representativo, hecho que se ha mostrado con toda
claridad en las elecciones del 20-N.
La interpretación más común en los medios de mayor
difusión españoles es que la población se ha movido
hacia la derecha, eligiendo masivamente al partido
conservador. Con ello se señala por parte de tales
medios que existe un amplio apoyo a las propuestas
electorales de tal partido, que se centran en la
necesidad de hacer recortes masivos de gasto público.
Rajoy señaló en campaña que, excepto las pensiones,
ningún otro capítulo del presupuesto se salvaría de las
reducciones de gasto público.
La victoria del PP se está presentando, pues, como una
victoria abrumadora, utilizándose el término tsunami con
gran frecuencia. Y como muestra de este tsunami se
presenta el mapa electoral de España cubierto de azul,
el color del PP, excepto en Catalunya y en el País
Vasco. Tal tsunami se presenta también como un mandato
para hacer políticas de austeridad. Por cierto, en
Catalunya, la victoria de CiU también se ha presentado
como una aprobación masiva por parte del pueblo catalán
de las políticas de recortes que ha realizado tal
partido en el Gobierno.
En todas estas interpretaciones se ignora la escasa
calidad democrática del sistema electoral español.
Veamos los datos. El PP consiguió sólo el 30% del voto
del censo electoral, es decir, de todos los españoles
adultos que podían votar. Ello quiere decir que el 70%
no le votó. No es cierto, por lo tanto, que el pueblo
español que incluye, además de los votantes del PP, a
los abstencionistas y a los votantes de otras opciones
políticas, haya dado su apoyo al PP y a sus políticas de
austeridad. La gran mayoría del pueblo español no votó
al PP, ni apoya sus políticas.
Es más, los datos tampoco confirman que haya habido un
movimiento del pueblo español hacia la derecha. El voto
del PP fue del 30,27% de todas las personas que podían
votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más
del que consiguió en 2008 en las anteriores elecciones
legislativas (un 29,31%). Es difícil sostener que ha
habido un tsunami a favor del PP, la expresión utilizada
en la mayoría de los medios.
Continúa siendo un partido que, bajo un sistema
proporcional que diera el mismo peso a todos los votos,
sería minoritario. Su aumento acentuado de número de
parlamentarios se debe primordialmente al colapso del
PSOE, que pasó de representar el 32,19% del censo
electoral al 19,49%, precisamente por haber hecho los
recortes que ahora el PP quiere expandir. No es
coherente argumentar que hay un mandato popular para
realizar las políticas de austeridad del PP cuando el
PSOE fue expulsado del Gobierno precisamente por llevar
a cabo tales políticas.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya
con CiU. Este partido consiguió sólo el voto del 18,8%
de todos los catalanes que podían votar, lo cual quiere
decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha
concluido el presidente de tal partido y de la
Generalitat– que el resultado de las elecciones es una
muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es
una lectura excesivamente sesgada que carece de
credibilidad. Aquí, de nuevo, el hecho de que se
presentara a toda Catalunya bajo los colores de CiU se
debe predominantemente al descenso tan notable del PSC,
que pasó de cosechar el apoyo de un 31,74% del censo
electoral (de todos los catalanes que podían votar) a un
17,1%, resultado en gran parte de la identificación del
PSC con los recortes del Gobierno ZapateroNo hay, pues, un mandato popular para que el PP o CiU
realicen las políticas de recortes, si por mandato se
entiende el deseo de la mayoría de la ciudadanía. En
realidad, las encuestas que tenemos disponibles muestran
que la mayoría de la población no está de acuerdo con
tales políticas, favoreciendo otras alternativas, muchas
de las cuales ni siquiera están siendo consideradas
(encuesta del CIS de 2010 y 2011).
Vemos, pues, que el partido que gobernará es un partido
minoritario entre la población española, aunque tenga
gran mayoría en escaños. De ahí que cuando el Movimiento
15-M denuncie a las Cortes españolas por realizar las
políticas impopulares de recortes, por no representar a
la mayoría de la población, llevará toda la razón, pues
representarán sólo a una minoría. El PP tendrá un
control casi absoluto sobre los aparatos del Estado sin
que le haya votado la mayoría de los españoles, por
mucho que los medios pinten en azul el mapa de España.
No hay duda de que, de llevarse a cabo tales políticas
de recortes, además de generar gran conflicto social,
desacreditarán todavía más a la clase política y a la
democracia española. Las nuevas generaciones, educadas
ya en valores democráticos, son más exigentes que las
que les precedieron y no aceptarán la democracia
limitada que tenemos, resultado de una Transición
inmodélica que determinó una democracia incompleta,
responsable de un bienestar insuficiente.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas
Universidad Pompeu Fabra |
