La universidad española está en una situación provocada de emergencia, de emergencia económica sin duda, pero también ante una crisis de su sentido fundamental. Nos encontramos en el filo de una encrucijada, en un momento en el que se pretende acabar con la idea de la Universidad como bastión del pensamiento libre y producción de conocimiento científico crítico, para consolidarla como fábrica de mano de obra al dictado de los mercados.

No es alarmismo, es una realidad tristemente armónica con la mercadocracia dominante. Este proceso de deterioro es el resultado de una transformación pensada y preparada en el plano discursivo y legislativo, estatal y europeo, desde hace muchos años y que verá su consagración con la Estrategia EU2015, continuación del desolador plan Bolonia.

A estas alturas es ya evidente que el plan Bolonia fue un paso decisivo hacia el objetivo de someter la Universidad al dictado de los mercados. Presentado con muchos disfraces, intentando un ejercicio de seducción de los críticos por la vía de la necesaria revolución pedagógica o de la movilidad de los estudiantes, el Bolonia está dando los resultados que los colectivos de estudiantes críticos ya apuntaron y contra los que tomaron las calles y las facultades.

En efecto, el plan Bolonia no ha cumplido con los objetivos declarados, pero sí que ha permitido una paulatina mercantilización de la Universidad, con un encarecimiento creciente de la educación superior pública y una entrada exponencial de las empresas en el sistema educativo, sin que se produzca una mejora en la calidad de la enseñanza.

Los ejemplos de esta afirmación son sencillos: se pretendía mejorar la movilidad de los estudiantes, pero aún cuando los títulos se homologasen, ¿cómo se fomenta la movilidad sin aumentar las becas o ayudas?; se pretendía orientar los estudios hacia la formación de "profesionales" para mejorar la integración de los estudiantes en el mercado laboral, en un mercado laboral donde el paro juvenil alcanza el 48% (en la eurozona es de un 21%). Con la implantación de los grados, lo que se ha conseguido es abocar a la mayoría de estudiantes a una formación generalista, los grados, mientras que para especializarse mínimamente, los estudiantes deben encadenar un máster tras otro, endeudándose para poder pagarlos; se pretendía revolucionar la metodología de enseñanza, con nuevas estrategias pedagógicas. El resultado, a pesar de los esfuerzos de muchos docentes, no ha sido satisfactorio. La renovación pedagógica difícilmente puede ponerse en práctica cuando se mantienen los grupos masificados de estudiantes, la práctica identidad en los programas docentes y las limitaciones en la coordinación de las estrategias. Una renovación pedagógica a coste cero es inviable, todos lo sabían y tal vez por eso nos vendieron el señuelo.

En esta realidad llega la EU2015, donde se reconoce sin ambages la necesidad de que la investigación y la transmisión del conocimiento en la Universidad vengan predeterminados por las necesidades del tejido productivo. La EU2015 señala así la importancia de asegurar el vínculo entre formación-investigación-innovación con la producción, pero no a posteriori, como viene ocurriendo, sino con antelación. Así, se afirma que la Universidad debe ser el motor de crecimiento de una "cultura emprendedora como signo de identidad irrenunciable" para la formación de ciudadanos y profesionales cualificados.

Como puede observarse, las palabras "pensamiento crítico" o "ética científica" han desaparecido. Y es que, a pesar de que la primera función de la Universidad es, según la propia Ley Orgánica de Universidades, "la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura", con la EU2015 se persigue directamente (y ya sin medias tintas) la consecución de una generación de trabajadores preparados para ser sometidos, sin capacidades críticas para protestar, a las exigencias cada vez más salvajes de la economía y del mercado capitalista.

Pero esta estrategia no se queda en una reformulación de la misión de la Universidad. La misma aborda igualmente temas como la orientación que debe guiar la investigación, el estatuto de las personas que trabajan y estudian en las universidades, su financiación y su organización y gobierno, con una clara injerencia en el principio de autonomía universitaria reconocido en el art. 27 de la Constitución Española.

En efecto, se apuesta por la "gobernanza", ese término vacuo e interesado por quienes quieren diluir la participación democrática para una supuesta "agilización y mejora de la gestión". Así, los documentos de la EU2015 recalcan la necesidad de que la Universidad sea gobernada por tecnócratas y se aumente el protagonismo de los consejos sociales (participados por políticos, agentes sociales y empresarios) en las decisiones del gobierno de los centros de enseñanza superior.

Frente a esta situación, no cabe duda, estudiantes, profesores y personal de administración tenemos que unirnos para defender la universidad pública, para evitar que sea una fábrica de precarios o una escuela de élites.

Por eso, el 17N protestamos juntas, porque hay motivos sobrados y un objetivo común: la defensa de nuestra universidad como bastión necesario e irrenunciable de pensamiento crítico, que debe ser pública y de calidad para todas.

Termino con la afirmación con la que hace unos días comenzaba una conferencia el profesor Carlos de Cabo: "Hay que asumir la ética como principio de conducta científica, la ciencia como camino de transformación social, y el conocimiento como vía de emancipación".