Resulta una novedad que la educación haya entrado en el debate público. Llevábamos años sin discutir sustancialmente sobre ella. Los recortes que actualmente se están produciendo en la educación pública en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como los movimientos de protesta que han suscitado, devuelven a la educación al primer plano del foro público (de hecho, es significativo cómo la educación ha aumentado en el ranking de preocupaciones ciudadanas, según la última encuesta del CIS). Aprovechemos esta oportunidad para discutir a fondo sobre la educación que tenemos y sobre la que queremos. Tratemos de arrojar un poco de luz en un debate que no se suele caracterizar por su claridad. Para ello es importante plantearse qué se esconde tras esos recortes. Argumento en este artículo que dichos recortes responden a un planteamiento de tipo ideológico sobre la educación y satisfacen las demandas de unos intereses muy concretos. También expongo qué consecuencias se pueden derivar de que se impongan dicha ideología e intereses en el conjunto del país.

En primer lugar, el planteamiento ideológico. Los recortes no pueden entenderse como un ejercicio puramente contable, para disminuir el déficit, sino que responden a una determinada visión de la educación en la que la iniciativa privada es preferida a la iniciativa pública. Tomemos el caso de la Comunidad de Madrid, que ejemplifica muy bien lo que estamos tratando. Las declaraciones de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, el verano pasado en Italia en el congreso organizado por el grupo ultraconservador Comunión y liberación revelan de forma muy precisa el planteamiento del PP en dicha comunidad. En ese foro, la consejera critica la, desde su punto de vista, excesiva intervención del Estado en la educación española y ensalza las virtudes de la iniciativa privada en este campo. Declara cómo el Gobierno regional madrileño ha incluido este año la deducción por gastos educativos en el impuesto sobre la renta de los madrileños, y cómo el principal objetivo de su consejería es mejorar la educación concertada, es decir, la educación privada que obtiene fondos públicos. Señala cómo ha sido prioritario para esta comunidad aumentar los conciertos, incluso a centros que, utilizando sus propias palabras, "tenían algunas dificultades dentro del programa de centros concertados". El programa electoral del PP madrileño de 2011 da un paso más y plantea un nuevo decreto de conciertos educativos que, entre otras cosas, fomente la autonomía de estos centros.

Las anteriores declaraciones vienen a confirmar lo que se aprecia en los datos del Ministerio de Educación, puesto que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades españolas con mayor porcentaje de alumnos de educación no universitaria escolarizados en centros privados, un 43%. Además, esta comunidad es líder indiscutible en educación privada sin concertar, que en esta región asciende al 18%, a gran distancia de otras comunidades. También se observa que Madrid, con diferencia, es la comunidad que menos porcentaje de su PIB dedica a gasto público en educación, tan sólo un 2,9%, cuando la media española es del 5%. A lo que hay que añadir que, en esta comunidad, el porcentaje de dinero público dedicado a conciertos educativos a la educación privada supera la media nacional. Es decir, en Madrid, en comparación con otras autonomías, la educación privada tiene mucho más peso, el gasto público en educación es más exiguo y una parte mayor del mismo se dedica a conciertos privados.

En segundo lugar, los intereses. Este planteamiento ideológico de la educación, no solo refleja una determinada visión educativa, sino que responde a intereses muy concretos, los de la Iglesia. Más de la mitad de los colegios privados españoles pertenecen a la Iglesia. La Iglesia se beneficia enormemente de los conciertos educativos. Nueve de cada 10 colegios religiosos están concertados (solo 6 de cada 10 colegios laicos). Una política educativa cuyo objetivo primordial sea favorecer a la educación privada y mejorar la educación concertada beneficia, y mucho, a la Iglesia.

La relación de la Iglesia con la educación no es un fenómeno nuevo en este país. Como tampoco lo es la relación entre el PP (y su antecesor AP) y la iglesia en esta materia; estos partidos estuvieron siempre del lado de los intereses de la Iglesia. Hace medio siglo, el panorama educativo español era muy distinto al actual. La educación pública tenía un carácter subsidiario de la iniciativa privada, principalmente en manos de la Iglesia. A lo largo de los años, la educación pública fue ganando terreno, hasta llegar a ser mayoritaria como lo es hoy. Sin embargo, la Iglesia se ha resistido siempre a perder el inmenso poder que supone controlar la educación de las generaciones más jóvenes. En su momento presionó para recibir subvenciones del Estado, aunque siempre trató de escaparse al control de las autoridades públicas. El artículo 27 de nuestra Constitución, o la LODE de 1985, son buenos ejemplos de la tensión entre la Iglesia y el Estado en educación. En todo caso, como resultado del lobby religioso, España es, según datos de la OCDE, uno de los países con porcentajes de educación privada y concertada más altos (la educación privada supone un 28% del total, correspondiendo a la concertada un 20%).

Por último, las consecuencias. La generalización del modelo educativo de Esperanza Aguirre al resto del país supondrá una presencia cada vez mayor de la educación privada en nuestro sistema educativo. Implicará también que la Iglesia vaya poco a poco recuperando poder sobre la educación de nuestros hijos. Estos cambios tendrían, sin duda, consecuencias negativas en nuestro sistema educativo, puesto que atentarían contra la igualdad de oportunidades educativas. La educación privada, incluida la concertada, es más cara para las familias y acoge, por este y otros motivos, a un alumnado de un nivel socioeconómico, como media, superior al de los centros públicos. Resulta especialmente sangrante cómo los colegios concertados no están respetando el espíritu de nuestras leyes; a pesar de que la legislación vigente trata de que la educación concertada no resulte más cara que la pública para las familias, según el INE, llevar a un hijo a la educación concertada puede suponer unos 800 euros más al año que llevarlo a la pública. Por tanto, apostar por la educación privada y por los conciertos, así como dar más autonomía a los centros concertados, supondría polarizar socialmente la educación. Por un lado, existiría un fuerte sector de educación privada y concertada, que acogería a los hijos de las familias más acomodadas. En el otro extremo, una educación pública residual, deteriorada, que sería el refugio de las familias sin recursos o con determinados problemas de los que los centros privados no querrían hacerse cargo.

En definitiva, los recortes en la educación pública no pretenden solo sanear las cuentas; responden a la idea de que la iniciativa privada es mejor que la pública, tratan de devolver el control de la educación a la Iglesia y pretenden polarizar socialmente la educación. En este país ya hemos vivido esa situación y optamos por otro modelo educativo, más justo desde el punto de vista social. Podríamos tratar de mejorarlo, empezando por controlar mejor a los centros privados concertados, en vez de dar pasos hacia atrás.

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