 Una
de las características más llamativas del Estado del
bienestar español es su escasa financiación, lo cual
explica su escaso desarrollo. Según los últimos datos
disponibles de Eurostat, la agencia estadística de la
Unión Europea, España tiene el gasto público social por
habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países de
semejante desarrollo económico al español). Un tanto
semejante ocurre si se escoge otro indicador: el gasto
público social como porcentaje del PIB. España tiene el
porcentaje más bajo de la UE-15.
Como consecuencia de ello, los servicios públicos del
Estado del bienestar (tales como sanidad, educación,
servicios domiciliarios a las personas con dependencia,
escuelas de infancia, servicios sociales, vivienda
social, entre otros) están muy poco desarrollados. Sólo
una persona adulta de cada diez trabaja en España en
tales servicios. En Suecia, el país que tiene un Estado
del bienestar más desarrollado, es una de cada cuatro.
De nuevo, España es el país que tiene proporcionalmente
menos personas trabajando en tales servicios públicos de
toda la UE-15.
Estos datos señalan la falsedad del argumento sostenido
por economistas y políticos conservadores y neoliberales
de que el Estado del bienestar español está
hipertrofiado, o que es más extenso de lo que el país
puede permitirse (tal como acentuó recientemente Mariano
Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno).
En realidad, España se gasta en el Estado del bienestar
mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de
riqueza. España, cuyo PIB per cápita es ya el 94% del
PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su
Estado del bienestar sólo el 74% de lo que se gasta el
promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo porcentaje,
el Estado del bienestar español recibiría 66.000
millones de euros más de lo que se gasta ahora. Es una
falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en
el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos.
El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el Estado
no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de
las rentas superiores no contribuyen al Estado en los
mismos porcentajes que sus homólogos en la mayoría de
países de la UE-15. Su contribución fiscal real (y no
nominal) es mucho menor de la existente para estos
grupos de renta en los países del centro y norte de
Europa. El fraude fiscal es mucho menor en estos países
que en España (y en los otros países del Sur de Europa,
como Grecia, Portugal e Italia, que, no por casualidad,
son los países de la eurozona que tienen mayores
dificultades en pagar su deuda pública).
Tal fraude fiscal se concentra en los sectores más
pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria
del Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan
las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan
más de 150 millones de euros al año (que representan
sólo el 0,12% de todas las empresas), y la banca,
alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros
al año, que, en caso de que se recogieran por el Estado
y se gastaran en su Estado del bienestar, reducirían dos
tercios del déficit de gasto. No es pues que no nos
podamos pagar el escasamente financiado Estado del
bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que
debería, es decir, enfrentarse con estos poderes
fácticos y grupos sociales minoritarios para recoger lo
que el país requiere.
A lo largo de nuestra historia, las opciones
conservadoras y neoliberales han sido las más tolerantes
con el fraude fiscal. El número de inspectores de
Hacienda disminuyó durante la época de Gobierno dirigido
por el Partido Popular, bajo la presidencia de José
María Aznar, el cual había reconocido que “en España los
ricos no pagan impuestos”. Pero ha sido también este
partido el que ha bajado más los impuestos de estas
rentas superiores, lo cual se acentuará todavía más en
caso de que gobierne de nuevo. Los ingresos al Estado
(central, autonómico y municipal), que son los más bajos
de la UE-15 (sólo un 34% comprado con un 44% en el
promedio de la UE-15, y un 54% en Suecia), bajarán
todavía más, con la consiguiente reducción del gasto
social.
Esto ocurrió ya en el periodo 1996-2004 en España,
cuando la diferencia de gasto público social por
habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó
un 17,2%. Fue durante el Gobierno socialista, aliado con
otras fuerzas a su izquierda, IU, ICV-EA, ERC y BNG, en
el periodo 2004-2008, que el gasto público social
aumentó notablemente, reduciéndose el déficit público
social con la UE-15 un 17,5%. Este déficit se vio
aumentado de nuevo en el periodo 2008-2010, en gran
parte resultado de los recortes a nivel central y
autonómico. En realidad, tales recortes han sido más
acentuados en Catalunya (gobernada por CiU) y Madrid
(gobernada por el PP) que en las otras comunidades
autónomas. En ambas comunidades la reducción del déficit
se ha basado más en los recortes (llamados ajustes en
las comunidades gobernadas por el PP) que en el aumento
de los impuestos.
Cada uno de los recortes podría haberse evitado si los
impuestos de las rentas superiores se hubieran aumentado
sin afectar los impuestos de la mayoría de las clases
populares. En lugar de recortar el gasto sanitario
(6.000 millones de euros), podría haberse mantenido el
impuesto de patrimonio (2.100 millones), evitado la
reducción del de sucesiones (2.552 millones) y eliminado
la rebaja de impuestos de las personas que ingresan más
de 120.000 euros al año (2.500 millones). En lugar de
recortar 600 millones en los servicios de dependencia,
podría haberse anulado la bajada de Impuestos de
Sociedades de las grandes empresas que facturan más de
150 millones de euros al año (5.300 millones), y así
ítem por ítem. La mayoría de estos recortes fiscales se
hicieron con la aprobación, además del partido
gobernante, de los partidos conservadores y liberales (PP
y CiU), partidos que ahora señalan que no hay recursos
para financiar el Estado del bienestar.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas
Universidad Pompeu Fabra |
