Como denuncia el presidente de la Junta de Personal Docente de Educación de León, Javier Ampudia, los recortes en educación no sólo afectan a las provincias madrileña, castellano manchega o gallega, sino que Castilla y León y, más concretamente León, también se ha visto perjudicada, a pesar de que la consejería de Educación de la Junta no lo quiera admitir, haciéndolo de manera encubierta o solapada, pero que se traduce en el recorte de 400 interinos en los últimos años o en la eliminación de cursos de diversificación curricular.

Este afán de recorte en la educación pública responde a una estrategia política que ya se ha ensayado en diferentes países, donde las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional han producido un progresivo desmantelamiento de la educación pública y un auge simultáneo del negocio privado de la educación.

Estas políticas educativas de recortes y privatización de la educación pública responden a la aplicación de la doctrina neoliberal a la educación. El capitalismo persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos del planeta, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida. Pero quedaban las empresas de propiedad pública y, sobre todo, los servicios sociales que proporciona el Estado. Para el capital financiero la educación mundial representa el último gran mercado, un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año según la Unesco y éste es un «suculento pastel» al que no está dispuesto a renunciar.

Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino que se ha generado un proceso sutil y progresivo que va adquiriendo pequeñas partes del pastel y del sentido común, convenciendo y avanzando, poco a poco, coordinando acciones y discursos.

Los organismos internacionales, especialmente la OMC, encargados de imponer la liberalización y la privatización de los servicios públicos, proponen un «movimiento de abandono de la financiación pública en beneficio de una mayor respuesta al mercado, junto con una mayor apertura hacia mecanismos alternativos de financiación». Los organismos internacionales de menor rango, como la Ocde, emiten «informes de expertos y expertas» que consagran esta doctrina en forma de «recomendaciones», presionados por los lobbies patronales del sector. Los gobiernos nacionales se amparan en estos «informes técnicos neutros» para demostrar que sería un error llevar a cabo una política respetuosa de preservación de los servicios públicos. E incluso, se argumenta, si se decidiera no seguir sus recomendaciones, los demás países sí que lo harían y se perdería «competitividad», palabra mágica donde las haya. Los gobiernos socialdemócratas europeos se han vuelto especialistas en dar la impresión de querer resistir en un primer momento las exhortaciones de la Ocde para ir aplicándolas más tarde con cuentagotas. Después de haber anunciado que se está luchando contra el fin del mundo, reducir el riesgo a una simple catástrofe puede considerarse fácilmente como un progreso.

El Reino Unido se ha hecho especialista en la privatización de escuelas públicas: empresas vinculadas a la venta y fabricación de armamento, como Serco, se han hecho cargo de la gestión de escuelas en Inglaterra, así como la gestión de la inspección educativa y de la formación del profesorado. Todo centro público que tarde en alcanzar los estándares fijados por el gobierno es, pura y simplemente, vendido; se cambia la dirección y si los malos resultados persisten, se cambia todo el profesorado y el centro empieza desde cero con gestión privada. En Francia, el gupo Educinvest gestiona ya 250 escuelas privadas y realiza un volumen de negocio anual de más de 130 millones de euros.

La Reforma Moratti en Italia, comenzó suprimiendo el término «público» en el nombre del ministerio, entregando una prima a cualquier familia que optara por la escuela privada, favoreciendo la competitividad entre centros y su privatización, y promocionando la búsqueda de sponsors que patrocinaran económicamente las escuelas. La posterior reforma Gelmini, recortó el gasto educativo, bajó la educación obligatoria de los 16 años a los 14, privatizó los consejos de administración de los institutos y transfiere recursos públicos a manos privadas a través de cheques canjeables por educación.

En Chile, con la reforma del año 1980, la educación pasó a constituir un campo más de posibilidades de inversión privada y expansión del libre mercado, en donde el Estado literalmente dejó de preocuparse por el proceso educativo, asumiendo sólo una función de carácter subsidiaria, al igual que Colombia o México. Este modelo quedó consolidado con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), de la dictadura de Pinochet, que redujo la aportación estatal a los centros públicos y limitó la responsabilidad del Estado solo a garantizar la gratuidad en la educación primaria. De hecho, el sistema de educación pública, en manos de la administración municipal, está en un proceso progresivo de destrucción (la denominada «educación de los pobres» y último vestigio de la educación pública). Y en la educación superior rige el principio de que «si no te endeudas, en Chile no estudias». De ahí las movilizaciones en Chile contra el Gobierno del multimillonario conservador Sebastián Piñera para exigir mejor calidad y la gratuidad de la educación.

El resultado de estas políticas ha sido desastroso en todo el mundo: incremento de las tasas de analfabetismo, aumento de la segregación social, unos enormes índices de abandono escolar y un aumento de la desigualdad social. Este parece ser el camino emprendido con las actuales medidas de recortes presupuestarios en educación que ya ha comenzado en nuestra comunidad, pero lo más grave está por venir, por eso la Junta no quiere dar a conocer los presupuestos para el 2012 hasta después del 20N.

Está claro que detrás de estas medidas hay una estrategia política clara: degradar y empeorar la calidad del sistema público educativo, de tal forma que las familias se vean obligadas a pagar en centros privados la educación de sus hijos e hijas, convirtiendo la educación en un negocio. El ataque es a la igualdad, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas. Los recortes se justifican como medidas de ahorro, pero hay una decisión política e ideológica cuando se han vuelto a destinar recientemente 17.657 millones de euros para «salvar» a los bancos y cajas. El problema no es la crisis, ni que no haya dinero: son las prioridades de gasto, en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos.