Nos hemos acostumbrado a escuchar una y otra vez términos como crisis, austeridad, recortes. Palabras repetidas y reiteradas hasta la saciedad. De tal forma que han ido calando en nuestro imaginario colectivo y nos han acostumbrado a asumir una visión de la realidad que damos por sentada. Una visión que se torna incuestionable a fuerza de repetirse una y otra vez.

Pero si somos capaces por un momento de salirnos de este espejismo y mirar la realidad con una cierta objetividad, nos daremos cuenta que no hay tal crisis. Lo que hay es un saqueo organizado y consentido por los gobernantes de nuestro país y de Europa. El dinero es como la energía: ni se destruye, ni desaparece, sólo se cambia de bolsillos. No es que ahora no haya dinero, no es que haya menos riquezas ahora que hace cinco años, es que unos insaciables y avarientos ricos las han acumulado todavía más, despojándonos progresivamente de los bienes y los recursos que teníamos.

El problema es que ya no sólo se limitan a saquear las periferias, donde no nos importaba mucho que las grandes multinacionales como Zara explotaran a sus trabajadoras en fábricas textiles, algunas adolescentes de 14 años, en condiciones de esclavitud, con jornadas extenuantes de 16 horas. Ahora tratan de apoderarse del centro del sistema: se hunde la periferia europea más débil, después van a por España e Italia, se comienza a mencionar a Bélgica e incluso a la potente Francia. Es la voracidad de un sistema insaciable. Todo les parece poco.

Hasta a algunos ricos les ha dado vergüenza. Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo, declaraba «dejad de mimar a los ricos», «mis amigos y yo hemos sido bastante mimados por un Congreso amigable con los multimillonarios», «el año pasado, sólo pagué de impuestos el 17.4%, mucho menos que lo que pagaron otras 20 personas en nuestra oficina, entre el 33% y el 41%». También 16 millonarios franceses han solicitado al gobierno francés que se cree una ‘contribución especial’ para personas acaudaladas.

Algo falla cuando son los ricos los que piden a los gobiernos que les hagan pagar más impuestos, dada la discriminación que han permitido los gobiernos entre la renta del trabajo y la del capital a la hora de pagar impuestos. El mundo al revés: en vez de ser el gobierno el que nos proteja de los ricos, van a ser los ricos los que nos protejan del gobierno.

Pero no nos engañemos. Estos mensajes no dejan de ser parte del juego al que están acostumbrados, pues la clase empresarial francesa condiciona cualquier contribución extraordinaria al establecimiento de las políticas de siempre de los ricos para seguir ganando más y que la crisis la pague la clase trabajadora: reducción rápida del déficit, drástico recorte del gasto público, moderación de los salarios y flexibilidad del mercado laboral. Es decir, lanzan un mensaje de «compasión» y «solidaridad», proponiendo «dar una limosna» en concepto de contribución especial, pero a cambio exigen unas leyes y normas que les sigan garantizando más beneficios, más riqueza.

Lo más indignante es que los gobiernos les escuchan y les obedecen. Sarkozy y Merkel no sólo se prestan sumisamente a ello, sino que exigen a Zapatero que lo haga igualmente. Porque de esto se trata la reforma propuesta de forma urgente fijando «un techo presupuestario» donde se limita el gasto público, institucionalizando así en la Constitución las políticas de recortes sociales. Esta reforma, lo que pretende en sí, es mermar el dinero que el Estado invierte en lo público, y por consiguiente los derechos sociales, como sanidad, educación o pensiones.

Los mercados tratan así de dar un golpe de estado en forma de reforma constitucional. «No hay democracia si gobiernan los mercados» recuerda el Movimiento 15M. Lamentablemente el último parte de la guerra económica que libramos contra los mercados da cuenta del naufragio de nuestra soberanía, pactada por PSOE y PP.

Constitucionalizar el déficit cero, mediante esta reforma exprés, es otro golpe al estado social y a la participación democrática, pues se pretende hacer sin referéndum vinculante. Sin embargo, como los expertos de derecho alegan, es necesario un referéndum puesto que esta reforma afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social.

No podemos permitir que secuestren la democracia delante de nuestras caras. Esta crisis está desvelando con claridad el papel instrumentalizado y subordinado de la política. El poder económico dictamina la política. Los mercados imponen la orientación económica y la vida política está cada vez más supeditada a sus indicaciones. Es cada vez más dictatorial y está alejada de cualquier objetivo relacionado con el bien común.

La única posición lógica es luchar para lograr cuanto antes un sistema alternativo.