 Se
están haciendo en España recortes muy sustanciales del
gasto público social que financia las transferencias
públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las
familias) y los servicios públicos (tales como la
sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las
personas con dependencia, las escuelas de infancia, los
servicios sociales, entre otros) que representan la
mayor reducción del Estado del bienestar español que
éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos
recortes los está realizando el Gobierno central, así
como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido
particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos
hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba
anunciado en los programas electorales de los partidos
gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos
ellos subrayaron en sus campañas electorales que no
realizarían recortes en las transferencias y servicios
que están siendo recortados. La segunda observación es
que estos recortes se presentan, tanto por el
establishment político como por el mediático, como
inevitables y necesarios, y responden –según tales
establishments– a la presión externa de los mercados
financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar
tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y
necesidad ha calado en la opinión popular como
consecuencia de una promoción masiva por parte de los
medios de información de mayor difusión (tanto públicos
como privados) del país, que han estado respaldando
tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión
presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos
a escoger, había más españoles que, para reducir el
déficit, preferían los recortes a la subida de
impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se
están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los
legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es
profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular
está también equivocada. Miremos primero el argumento de
que los recortes tan intensos del gasto público social
se deben a la presión de los mercados. La lectura de los
informes de las agencias de valoración de bonos y de los
mayores centros financieros muestra una variabilidad de
opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el
tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras
ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la
falta de crecimiento económico.
En cuanto a la reducción del déficit, tales
instituciones financieras no indican cómo debería
realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto
público social, pero no es ni la única ni la mejor
manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los
impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con
lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se
podrían haber conseguido 2.100 millones de euros
manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones
si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de
sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la
bajada de impuestos de las personas que ingresan más de
120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados
–todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos
recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que
intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían
haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de
las grandes empresas que facturan más de 150 millones de
euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas
las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en
lugar de recortar los servicios públicos como sanidad,
educación y servicios sociales (logrando un total de
25.000 millones de euros), podrían haber corregido el
fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de
las grandes empresas (que representa el 71% de todo el
fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000
millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las
personas con dependencia (intentando ahorrar 600
millones de euros), podrían haber reducido el subsidio
del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia
de la religión católica en las escuelas públicas, o
eliminar la producción de nuevo equipamiento militar,
como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados
sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene
nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones
de los mercados financieros. La reducción del déficit
público podría haberse logrado revirtiendo las enormes
rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente
a las rentas superiores (una persona que ingrese más de
300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos
durante el periodo en que España estuvo gobernada por
Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran
mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede
derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de
preguntarle a la población si para reducir el déficit
prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el
aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin
aclarar de quién, genera siempre una respuesta
predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el
término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de
impuestos citados en este artículo, que se centra
primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo
las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no
afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta
sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa
indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad
política o la exposición mediática que tienen los
recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y
la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado
español que las clases populares, que son las que están
más afectadas por los recortes.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas
Universidad Pompeu Fabra |
