Durante los últimos 13 años (2000/20112) un total de 7.582 profesores/as (5.606 maestros/as y 1.976 de los cuerpos de secundaria) de los Centros Públicos de Castilla y León se han jubilado anticipadamente acogiéndose al actual sistema de Jubilación voluntaria anticipada del profesorado de los Centros Públicos. Un sistema que, de no remediarse, puede tener los días contados ya que la LOE únicamente ha prorrogado este derecho básico del profesorado hasta el 2011. Tras casi veinte años de ejercer este derecho, consideramos que debe consolidarse, ya que somos conscientes de que esta medida supone una ventaja para todo el sistema educativo. Contribuirá además al reconocimiento social e institucional del trabajo docente y a que se efectúe el recambio generacional que requiere el sistema educativo, originando más empleo en el sector.

 La Administración no puede ignorar la demanda unánime del profesorado de prorrogar indefinidamente la jubilación anticipada, así como la implementación de otras medidas para los mayores de 55 años. El profesorado, día a día en las aulas y durante muchos años, se ha esforzado por responder a las crecientes exigencias de la profesión docente, por lo que acaba tras esos años de trabajo en las aulas verdaderamente cansado. Defendemos la necesidad de la jubilación voluntaria anticipada como condición ineludible de apoyo al profesorado: las exigencias sociales respecto a la docencia aumentan día a día, requiriendo adaptaciones permanentes a cambios continuos, con cargas emocionales y psicológicas cada vez mayores que están dificultando en los últimos tiempos el trabajo en los centros.

 Permite al profesorado que ya ha dedicado en la actualidad muchos años de servicio a la sociedad, bastantes de ellos con más de 35 años trabajados, tener el merecido derecho a jubilarse y con ello, además, hacer posible la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas docentes, dando opción al profesorado interino a acceder al cuerpo de funcionarios, así como permitir un futuro más esperanzador a los y las jóvenes que terminan la universidad. Tenemos un amplio colectivo del profesorado mayor de 50 años en nuestra Comunidad que podría acogerse a ella en breve. De no permitírselo, tanto el sistema de acceso a la función pública docente como el concurso de traslados se verían colapsados. Además hay que señalar que este sistema de jubilación anticipada  ha permitido a la Consejería de Educación incrementar moderadamente, y sin coste añadido,  los cupos de plantillas de los profesores en los centros, lo que ha sido posible gracias al ahorro en retribuciones derivado del elevado número de jubilaciones anticipadas del profesorado.

 Pedimos a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que colabore y apoye ante el Ministerio de Educación y el Gobierno Central esta demanda. Al Ministerio de Educación le exigimos que inicie negociaciones con los sindicatos de la enseñanza y que se adopten con urgencia los cambios legislativos necesarios para que el profesorado consolide este derecho a la jubilación anticipada con 60 años.

 Valladolid a 21 de junio de 2011.
Secretaría de Comunicación de STECyL-i