Uno de los primeros puntos del consenso de mínimos en el movimiento Democracia Real Ya ha sido la eliminación de los privilegios de la clase política como uno de los elementos básicos para la regeneración de nuestro sistema político y económico. Sin embargo, las medidas políticas que se están tomando, con la excusa de afrontar una crisis que han generado los bancos y los especuladores bursátiles, es bajar el sueldo a los trabajadores y trabajadoras del sector público (sanidad, educación, etcétera), suprimir la ayuda a los personas en paro de larga duración, congelar las pensiones y alargar el período de cotización, reducir la ayuda al desempleo.

Mientras, los dos mismos grandes partidos, PP y PSOE, rechazan la proposición de ley de Izquierda Unida sobre la incompatibilidad de altos cargos y la limitación de sus indemnizaciones posteriores a su cese. Por lo que Felipe González y Jose Mª Aznar seguirán compatibilizando las pensiones vitalicias que les pagamos con nuestros impuestos con las remuneraciones que obtienen de compañías privadas en calidad de consejeros o, más bien, de -œconseguidores-. Su pensión pública no se limita a los 80.000 euros, sino que los ex presidentes, por el hecho de serlo, tienen asegurado un puesto en el Consejo de Estado como consejeros natos con carácter vitalicio, que les da derecho a otros 80.000 euros. Ambas retribuciones son compatibles. En definitiva, el PP y el PSOE nos obligan a pagarles a los contribuyentes algo más de 13.000 euros al mes de por vida, con independencia de sus cursos, conferencias y demás «conseguimientos». Es cierto que González renunció y a Aznar le hicieron renunciar porque pretendía seguir cobrando de Murdoch. Pero pueden incorporarse al Consejo de Estado cuando deseen. Por lo que la propuesta de IU parecía justa y razonable. Si Aznar y González, o tantos políticos que acaban de asesores de empresas que previamente privatizaron, quieren hacer carrera en el sector privado, no deberíamos pagar con dinero público a los ejecutivos de una multinacional.

Por eso es lógico que el PP y el PSOE voten en contra de una proposición de ley que supondría un terrible varapalo para muchos de sus compañeros de partido que están en situaciones similares a Aznar y González. Montilla, tras jubilarse de la presidencia de Cataluña, cobra más de 100.000 euros anuales, con oficina, personal y coche oficial. Los expresidentes de la Generalitat Valenciana, según la ley de Estatuto de los Expresidentes, tienen derecho a una oficina de apoyo con dos asesores y coche oficial y a cobrar 57.000 euros como miembros permanentes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Cuando estos políticos nos dictan una lección de indecoro e insolidaridad, cuando nos enteramos que María Dolores de Cospedal gana al año 241.000 euros con el cobro de tres sueldos públicos, cuando sabemos que el presidente de la Diputación de Castellón no tiene mas remedio que declarar un patrimonio de 3,9 millones de euros cuando hace cinco años no declaraba ninguno, se ha sabido, de manera totalmente accidental que, hace siete años, Julio Anguita renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex parlamentario de Izquierda Unida, argumentando que «con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante».

Julio Anguita viene a demostrarnos que el dicho populista de «todos los políticos son iguales» no se verifica, al menos en su totalidad. Que hay distintas formas de ser y estar en la política, de entender los compromisos éticos de un cargo público. Julio Anguita hace suyo el lema de Ghandi de «vivir sencillamente, para que los demás puedan, sencillamente, vivir». Y desde su forma de entender la política como un servicio, desde su oposición al «político al uso», nos aporta soluciones a nuestros graves problemas con la ética y la estética de los cargos públicos.

Al margen de las jactanciosas modernidades de los políticos pendientes de la dieta, la nómina y el futuro cargo en el consejo de administración de cualquier sucursal de una gran multinacional, Julio Anguita, sin contárselo a nadie, ha sonrojado a este sistema, que aplica medidas a los trabajadores y trabajadoras que no se aplican a sí mismos los ejecutivos de la política y de la gran empresa. Él, cuando dejó su cargo de diputado, volvió a su trabajo de maestro. Como Gerardo Iglesias, del Partido Comunista, regresó a la mina.

La proposición de ley de Izquierda Unida tenía como finalidad la extensión del régimen de incompatibilidades a los Diputados y Diputadas y Senadores y Senadoras. Según el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado, solo el 12% de los miembros de la Cámara Baja no desempeñan actividad privada, al margen de la de Diputado o Diputada. Mediante la proposición de ley se pretendía regular que el del mandato se ejerciera en régimen de dedicación exclusiva y fuera incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida. Con esta propuesta de IU se hubiera evitado que hubiera diputados o senadores que legislen o Altos Cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias, cobrando al mismo tiempo en la empresa privada por labores de asesoría en esas misma materias, ocasionándose evidentes colisiones entre lo público y lo privado.

Este es el tipo de reformas que necesitamos y no reformas que establecen que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 euros al mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otros a 6.500 euros al mes. Es increíble que nos quieran subir la edad de jubilación y hacer cotizar 40 años con la reforma de las pensiones para percibir una jubilación y los diputados que lo apoyan les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo. Esta forma de hacer política es lo que debemos cambiar. Ejemplos hay. No sólo Julio Anguita o Gerardo Iglesias, sino cientos de concejales y alcaldes que trabajan por sus pequeños ayuntamientos sin apenas percibir ningún salario o compensación, porque de los 8.115 ayuntamientos del país, formados por más de 65.000 concejales electos, el 80% no recibe ingresos. Otra política como servicio es posible, urgente y necesaria.