Políticas educativas para el profesorado (pag. 1.058)

El nuevo borrador de Decreto para el acceso a los cuerpos docentes aporta novedades interesantes en lo relativo a la fase de oposición, con dos primeras pruebas, prácticas y prueba final. Además, observa más racionalidad y rigor si lo comparamos con el anterior Decreto. Los sindicatos mayoritarios en el sector de la enseñanza han manifestado sus preocupaciones sobre la falta real de tiempo político, la situación de debilidad del gobierno y algunas de las fórmulas que se manejan en la propuesta y su incidencia en el colectivo de los interinos. Hay que recordar que el decreto de acceso que durante cinco años ha estado vigente se aprobó pensando en funcionarizar a miles de interinos para que obtuvieron así sus plazas en comunidades autónomas donde el problema era especialmente grave, entre otras cosa, por la inestabilidad que esta situación aportaba a las plantillas de las escuelas y los institutos.

Habiéndose conseguido el objetivo de rebajar la interinidad en la mayoría de las CCAA por debajo del 8%, que además era un reto para la administración pública que se recogió en un acuerdo con las confederaciones de UGT y CCOO, los sindicatos de la enseñanza deben de entender que la política de personal del gobierno no la pueden marcar los interinos. Aunque si no fijamos en las plazas para oposición que han convocado las comunidades autónomas, a instancia del ministerio de Hacienda, el problema de la interinidad puede volver en unos años con toda su crudeza.

Por otra parte, es un problema de gran calado social porque no hay argumentos que justifiquen tener a miles de jóvenes con unas notas media altas, 9 y 10, en las oposiciones y sin posibilidad de acceder a una plaza. Tanto una situación como otras son muy difíciles de explicar a la sociedad y muy difícil de entender para los ciudadanos normales que por cientos de miles se presentan cada año a las oposiciones y ven truncadas sus aspiraciones e ilusiones a pesar del esfuerzo.

Las políticas en la enseñanza tienen que ser capaces de conectar con las sensibilidades de la comunidad educativa y con los problemas que se generan cada día en un sector tan complejo.

Las macropolíticas si no perfilan debidamente las acciones posibles y generan micropolíticas sirven de poco o de casi nada, esto ha venido pasando con los temas relacionados con el profesorado. El acceso a la función docente se quedaría en tierra de nadie si no va acompañado de unas políticas que incidan en la selección y el acceso a la formación inicial y si no se complementa con una carrera profesional que colme las aspiraciones de los docentes. Este es el paquete que después de treinta años no hemos sido capaces de completar, porque no ha habido voluntad política o porque en determinados momentos las prioridades se han situado en otros objetivos, como el año del pacto, que al final no han llegado a ningún puerto.

Se hacen necesarias y urgentes políticas que definan la profesión docente desde sus inicios hasta el final de la misma. En muchos años no se ha legislado para los docentes o se ha legislado poco y de forma incompleta y fraccionada. Las políticas educativas dirigidas hacia este colectivo profesional tiene que tener visión de conjunto y no caer en el parcheo permanente. El gobierno tienen que gobernar y los sindicatos pensar más en los intereses generales, y menos en algunos intereses corporativos, y valorar si el nuevo borrador de Real Decreto viene a poner más orden, rigor y sentido común. Aunque el nuevo acceso abra nuevos interrogantes sobre su implantación, desarrollo y gestión, estamos en el inicio de una tarea larga y compleja, que no se completará sino a medio y largo plazo.