Este artículo cuestiona las tesis
ampliamente extendidas en los establishments políticos y
mediáticos del país de que las medidas altamente
impopulares impuestas por el estado español (tanto
central, como autonómico), responden a las exigencias de
factores externos como los
mercados financieros.
El artículo señala que este énfasis sobre
los factores externos diluye la
importancia de los factores internos, que
son
los determinantes de tales políticas.
Tales políticas
responden a una enorme concentración de
poder financiero y empresarial que está dañando no sólo
el estado del bienestar, sino la democracia en España,
ampliándose la distancia existente entre los gobernantes
y los gobernados. El artículo concluye con la necesidad
de movilizaciones para recuperar la democracia en
España.
Este artículo es una
reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía
de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores
republicanos son la máxima expresión de los valores
democráticos que tendríamos que sostener en un sistema
político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma
capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin
cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos
que a otros, como está ocurriendo en España. La
Transición inmodélica de la dictadura a la democracia
produjo una cultura escasamente democrática y un proceso
electoral que estaba diseñado –como han reconocido
algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios
sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun
cuando las encuestas muestran que la mayoría de la
población española está en el centro-izquierda e
izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de
grandes avances) no han dominado la mayoría del
comportamiento legislativo durante el proceso
democrático. El sustancial retraso del Estado del
bienestar español (con el gasto público social per
cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la
democracia, es un indicador de ello.
Nuestro sistema electoral
es poco representativo y se nota. Y esta escasa
representatividad en las Cortes españolas (que se
reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada
de unos partidos, la mayoría de los cuales están
enormemente influenciados por los mayores medios de
información y por grupos de presión, entre los cuales,
el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo
se ha desarrollado casi un consenso en los
establishments políticos y mediáticos del país sobre la
necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67
años, propuesta legislativa del Gobierno que fue
aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas.
Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad
de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la
cual se opone. Según la Constitución española, el poder
del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si
comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado
y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en
especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado)
aprueban por el otro, el contraste es significativo.
Otro ejemplo de ello son
las medidas que el Estado ha tomado para salir de la
crisis (desde la congelación de las pensiones a los
recortes radicales que se están aplicando a los ya
subfinanciados servicios del Estado del bienestar).
Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy
altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen,
promovidas por la mayoría de los medios de mayor
difusión. Tales medios editorializan y repiten
machaconamente que no hay otras medidas posibles en
respuesta a factores “externos”, en este caso, los
mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de
“externos” a fin de diluir las responsabilidades
internas. Pero lo externo es una mera excusa para
realizar lo que los establishments financiero,
empresarial, político y mediático han deseado siempre:
debilitar al mundo del trabajo para optimizar los
intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha
de clases”.
Naturalmente que las
clases sociales van variando y su conflicto se expresa
de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran
mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría
de las clases medias) frente a una enorme concentración
de poder financiero y económico español que, en alianza
con sus aliados extranjeros, está imponiéndose a la
mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para reducir el
déficit, en lugar de congelar las pensiones y
recortar los gastos en sanidad, educación, servicios
domiciliarios y otros, se podrían haber conseguido
35.000 millones de euros mediante las cargas
impositivas de los sectores más privilegiados (sin
afectar a la mayoría de la población), tal como han
sugerido los inspectores de Hacienda del propio
Ministerio de Economía. Es más, mediante la corrección
del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente
a la banca, a las grandes empresas y a las rentas
superiores (eliminando, por ejemplo, los paraísos
fiscales), así como revirtiendo las reducciones fiscales
regresivas llevadas a cabo en los últimos 15 años–
podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.
No es, pues, lo “externo”,
sino lo “interno” lo que está obstaculizando la
expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es
consciente de ello. Encuesta tras encuesta muestra el
desapego de la ciudadanía hacia la clase política y
hacia los gobernantes. Nuestra democracia está
seriamente amenazada. De ahí la urgencia de
movilizaciones para continuar la lucha iniciada por las
generaciones anteriores en defensa de la democracia.
Nuestros padres lucharon para defender la democracia y
fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de su
derrota. Mi generación luchó en los difíciles años
cincuenta, sesenta, y más tarde en los setenta,
oponiéndose a la dictadura. Fue esta lucha y otras las
que fueron responsables del fin de la dictadura. No hay
que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la
cama, la dictadura murió en la calle.
Y es ahora cuando hay que
luchar para recuperar la democracia que está siendo
secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas
sistemáticamente en contra de la mayoría de la población
y en contra de su deseo. Esto es indignante y requiere
movilizaciones populares basadas en los valores
republicanos que exijan al Estado que responda a la
sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se
imponga a ella.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Director del Observatorio Social de España
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
