Cada 10 médicos y médicas que se jubilen, sólo serán sustituidos por uno. Cada diez bomberos y bomberas sólo serán sustituidos por uno. Cada diez maestros y maestras, cada diez profesores y profesoras, sólo serán sustituidos por tres. Así se consolida la privatización de la sanidad pública. Así se consolida la privatización de la educación pública. Así se consolida el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos. Esta es la forma de desmontar la educación pública, la sanidad pública, los servicios públicos.

Esta reducción de personal en los servicios públicos ya empezó en 2008. Cuando nos demos cuenta y reaccionemos, será ya tarde. Empezaremos a protestar por la falta de profesionales de la medicina para la atención primaria y pediátrica, la falta de especialistas en los hospitales públicos, las largas colas y tiempos de espera que aumentarán cada vez más porque no dan abasto con la demanda, la reducción del tiempo de atención a cada paciente porque tienen muchos en lista de espera-¦ Mientras, las empresas de la sanidad privada se están frotando las manos.

Esta estrategia, abanderada por algunas comunidades autónomas, de deteriorar los servicios públicos, para que la ciudadanía empiece a recurrir a los servicios privados (quienes se los puedan pagar), es una forma de deshacerse de lo público, privatizando el Estado de Bienestar. Pero la pregunta que habría que hacerse es: si el Estado y las Administraciones públicas no garantizan los servicios públicos, si no los prestan, ¿para qué sirven, si esta es su finalidad fundamental?

Cuando desde todos los ámbitos se proclama que la educación es la mejor inversión y un instrumento imprescindible para combatir los peores efectos de la actual crisis económica, imponer nuevos recortes es una muestra más de que tales proclamas son pura retórica y de que la educación pública no es una prioridad política para PSOE y PP. Porque esta tasa de reposición en educación es un nuevo asalto a la educación pública, privándola del personal docente necesario para mantener, cuando menos, la calidad de la atención educativa que precisan nuestros escolares. Llega además en el peor de los momentos, cuando los resultados educativos en nuestro país siguen siendo muy insatisfactorios, especialmente entre la población con menores recursos, por lo que esta medida lo que contribuye es a reforzar las desigualdades sociales.

Este tipo de recortes se traducen en el incremento del número de interinos e interinas, es decir, de profesorado en situación provisional y precaria, con el consecuente aumento de la inestabilidad del profesorado y de los equipos docentes. Se traduce igualmente en una reducción pura y dura del número de profesorado, que tiene su inmediato reflejo en el empeoramiento de sus condiciones y de la calidad de la enseñanza, al tener que concentrar y aumentar aún más el número de alumnado por grupo. Cuando se concentra el alumnado en las aulas, el profesorado se ve obligado a volver a la clase magistral, a no poder personalizar el proceso educativo, a no poder atender la diversidad, a tener que estar más pendiente de la disciplina que del aprendizaje, es decir, a convertir los centros en espacios de contención y de control, en vez de lugares de aprendizaje y desarrollo personal. Esto genera un progresivo deterioro de los centros públicos, que hace que las familias empecen a mirar a los centros privados y concertados, para los que no hay reducciones de aportaciones de dinero público. Al revés, Comunidades Autónomas del PP, de CIU, incluso del PSOE, están incrementando la financiación de la educación privada-concertada.

Es inmoral esta política social y económica del actual gobierno del PSOE, que han aprovechado las Comunidades Autónomas del PP para pisar el acelerador de su política de privatizaciones. Es obsceno seguir recortando en pilares básicos del Estado del bienestar, como la educación o la sanidad, antes que renunciar a inversiones «glamourosas» y de escasa rentabilidad social, como por ejemplo el AVE. Sólo con lo que ha costado uno de los tramos del AVE no haría falta recortar en Sanidad ni Educación, denuncia el catedrático de Economía Germà Bel. Renfe puede decir que el año pasado ganó 2,5 millones de euros porque no paga nada de los trenes, ya que se los regala el Gobierno. Es decir, que el mismo Gobierno que recorta en educación regala los AVE a una empresa privada.

Todos los estudios realizados, como explica el catedrático Vicenç Navarro, muestran sobradamente que son las inversiones en los servicios del estado de bienestar las que crean el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que tales empleos son los que benefician al mayor número de personas posible. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales, como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos, estos últimos son los que crean más empleo, y proveen servicios que benefician a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1.2 millones en los servicios del estado de bienestar. Estos datos son especialmente relevantes para España donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del estado del bienestar. España es el país de la UE.15 con el número más bajo de empleo público (6.5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a 14 en Suecia, 10 en Francia, 17 en Dinamarca y 12 en Finlandia.

Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las ren tas superiores. La tasa de reposición es, pues, parte de la respuesta neoliberal a la crisis, promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores, liberales y socialdemócratas, que prioriza la reducción del déficit y de la deuda, frente a la que debiera promoverse favoreciendo la creación de empleo, incluyendo empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica.