El movimiento ha sido coordinado y multipartidista, lo que permite apreciarlo al margen de filtros o sesgos ideológicos. Las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, gobernadas por siglas diversas, y que recorren de izquierda a derecha (pasando por los nacionalismos periféricos) todo el espectro político español, han decidido hacer economías dejando de convocar plazas de profesores para la enseñanza pública. Ahora que se aproximan elecciones, y volveremos a oír a diestro y a siniestro las más bellas palabras, es oportuno que nos ilustren previamente con sus hechos. El mensaje no puede ser más elocuente, ni dejar más claro en qué andan y en qué no andan nuestros dirigentes, de todo signo.

La decisión viene a ser la culminación de un proceso que se viene desarrollando desde hace años, a despecho de las sucesivas leyes educativas con las que cada uno trata de echar abajo los cambios introducidos por su predecesor de signo opuesto. Cambios que rara vez tienen que ver con el núcleo central de los problemas de la educación, sino con arrabales tales como la enseñanza de la religión, la historia común o la forma de ser ciudadano. Cuestiones todas ellas respetables y dignas de atención, pero en las que dudosamente está el meollo del asunto.

El último episodio de esta triste historia fue el desencuentro entre el Gobierno y el primer partido de la oposición a propósito del pacto educativo, intentado con desmayado empeño y abandonado como se aparta una tarea engorrosa al primer signo de encallamiento. La manera, tan poco sentida, en que unos y otros lamentaron que fuera imposible entenderse y archivaron las negociaciones, dejó bien claro (a quien no lo hubiera notado antes) que este es un punto nada prioritario de la agenda.

Lo único que faltaba era empezar a retirar las tropas que, mejor o peor, venían dando la batalla de la educación pública. Se deja de reponer el contingente docente, y no es posible que a cambio no se espere un deterioro suplementario de la formación que reciben quienes no pueden procurársela previo pago y han de acudir a recibirla al sistema general. Con ello, se termina de consolidar el destrozo, que repercute no solo en la baja competitividad de nuestra mal instruida población, sino también en el mantenimiento y la agravación de nuestra injusticia social, por la pérdida de oportunidades de los más humildes respecto de los que poseen recursos para suplir la carencia pública.

En cualquier país del mundo, incluso en los más atrasados, los ricos pueden llevar a sus hijos a un buen colegio. El grado de desarrollo de una sociedad se mide por la formación que recibe aquel cuyos padres no tienen un duro. Si la crisis impone ahorrar, tómese de otra partida. Que hay donde escoger.