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 Se acaba de publicar un
informe en EE.UU. que es especialmente relevante para
España. El título es “Beyond Normal: Raising the
Retirement Age is the Wrong approach for Social Security”
(El retraso obligatorio de la edad de jubilación es la
medida errónea para salvar la Seguridad Social) y
analiza la experiencia que supone para el sistema de
pensiones públicas en EE.UU. la medida aprobada por el
Congreso de EE.UU. de retrasar la edad de jubilación en
aquel país de 65 a 67 años. La autoría del trabajo es de
uno de los centros de investigación económica y social
más importantes de EE.UU., el Economic Policy Institute
(EPI).
La tesis de tal informe,
documentada con gran evidencia científica, es que tal
medida, además de dañar el bienestar social de las
clases populares, tiene un impacto en la viabilidad del
sistema público de pensiones menor que otras medidas que
deberían haberse tomado si las reformas se hubieran
centrado más en el capítulo de ingresos a la Seguridad
Social que en el de gastos. Señala por ejemplo, que, los
ingresos al sistema de pensiones públicas en EEUU han
ido disminuyendo (en términos proporcionales) como
consecuencia de la creciente polarización de las rentas,
polarización que ha ido ocurriendo en la sociedad
estadounidense como resultado de las políticas públicas
que se han ido desarrollando por el gobierno federal
durante los últimos treinta años, medidas que, aún no
siendo las únicas, han tenido un papel determinante en
la polarización de las rentas en aquel país.
Los datos empíricos que
apoyan tal tesis son contundentes. Las rentas del
capital han crecido mucho más rápidamente que las rentas
del trabajo. Y dentro de estas últimas, ha habido una
enorme desigualdad de crecimiento, con un incremento muy
notable de los salarios de los profesionales de elevado
nivel de renta, y un estancamiento e incluso descenso de
los salarios de la mayoría de la población trabajadora
(con un aumento, muy elevado por cierto, del trabajo
subterráneo o trabajo negro).
El documento muestra como
tal polarización de las rentas ha afectado negativamente
los ingresos al sistema de pensiones. Puesto que en EEUU
(tal y como ocurre en todos los países en que las
pensiones públicas se financian a base de las
cotizaciones basadas en el trabajo) los ingresos a la
Seguridad Social derivan de las rentas del trabajo, nos
encontramos que cuanto menores sean las rentas del
trabajo como porcentaje de la renta total, menores son
los ingresos a la Seguridad Social. Y a menores salarios
y menor porción del salario que cotiza, menores son los
ingresos a la Seguridad Social. El problema, pues, para
la Seguridad Social es que, a no ser que la gran mayoría
de los salarios suban, los ingresos a la Seguridad
Social no suben. No es suficiente con que el grupo
minoritario de salarios altos suba, pues una parte
considerable de los salarios altos quedan excluidos de
cotizar a la Seguridad Social (una situación
semejante ocurre en España donde uno de los banqueros
más ricos de España, el Sr. Emilio Botín, paga a la
Seguridad Social un porcentaje de su salario mucho,
mucho más bajo que el de un mero empleado de su banco).
Si la contribución a la
Seguridad Social, sin embargo, fuera progresiva, en
lugar de regresiva (como lo es ahora) y si los fondos
del Estado a la Seguridad Social fueran superiores (un
18%) a los existentes ahora, tales ingresos serían
equivalentes a los ahorros que quieren obtenerse a base
de disminuir los beneficios, retrasando la edad de
jubilación dos años. Estas observaciones son aplicables
a España, pues nuestro país es uno de los más desiguales
existentes en la UE-15, como muestran los estudios de la
Luxembourg Study Groups (pero no los que se basan en los
datos de la OCDE que, al estar basados en las
declaraciones de renta dan una visión muy optimista y
poco real de la distribución de la renta en España).
Otra observación que hace
el informe del EPI es que el cambio demográfico es
sensible a intervenciones públicas. El descenso tan
notable de la natalidad del Sur de Europa se debe al
poco poder que la mujer tiene en la sociedad, con escaso
desarrollo de los servicios de ayuda a las familias
(como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las
personas con dependencia) que permitan a las mujeres
compaginar las responsabilidades familiares (que
debieran compartirse con el varón) con su proyecto
profesional. El hecho de que la natalidad en el norte de
Europa es mucho mayor que en el Sur se debe a las
mejores condiciones laborales y sociales en los países
del norte que del sur de la UE. Como dice el informe del
EPI el problema de la generación del baby boom no es el
boom (la explosión), sino el bust (el descenso). Una
medida que facilitaría la solvencia de las pensiones
futuras sería facilitar que las familias españolas
tuvieran el número de hijos que desean, es decir 2
niños.
Pero, como bien señala el
informe del EPI, el impacto de la jubilación del baby
boom se está exagerando, pues es transitorio y
significaría sólo un ascenso del gasto relativamente
menor (0.6% del PIB). Lo que debiera hacerse es
facilitar la integración de la mujer al mercado de
trabajo exigiendo además que se pague a la mujer como al
hombre, (impidiendo el crecimiento de las desigualdades
que están empobreciendo a la Seguridad Social) y
asegurarse que el crecimiento de la productividad se
traduzca en un incremento salarial en lugar del
crecimiento de las rentas del capital. El crecimiento
salarial determinaría el crecimiento de las
contribuciones de la Seguridad Social.
Pero otra observación que
hace el informe del EPI es la injusticia que supone para
muchos trabajadores que se les exige que trabajen dos
años más. En realidad, señala que el 40% de la gente que
tuvo que jubilarse antes de lo que deseaban era por
causas de enfermedad, o por tener que cuidar a otra
persona o familiar, o por haber perdido su trabajo. Sus
ingresos bajaron en picado. Es más, la enorme
discriminación que existe en EE.UU. (y en España) hacia
los ancianos, hace muy difícil que puedan conseguir
trabajo de nuevo. En cuanto a los que continúan
trabajando, el 45% de trabajadores con 65 años trabajan
en trabajos físicamente exigentes, que consideran
estresantes.
Tal y como he señalado en
otro texto, un gran error (con un coste humano elevado)
es asumir que el incremento de la longevidad significa
un retraso en el proceso de envejecimiento. En realidad,
para muchas personas de las clases populares, a la edad
de 67 años, tienen ahora menos años de vida saludable
que hace veinte años (ver mi artículo: “Falsedades sobre
las pensiones”.Público, 13.01.11). He ahí que el informe
del EPI señale lo profundamente injusta que es esta
medida de retrasar obligatoriamente la edad de
jubilación al aplicarse por igual a todas las clases
sociales.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Director del Observatorio Social de España
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
