La teórica derecha nunca hubiera osado acometer los recortes sociales que está realizando la teórica izquierda, e incluso últimamente con la complicidad de los sindicatos. ¿Podemos imaginar lo que hubiese ocurrido si hubiese sido un gobierno del Partido Popular el que hubiera tomado las medidas que en estos momentos está adoptando el PSOE? ¿Qué manifestaciones se habrían producido? Seguro que el resultado de la huelga general habría sido muy distinto y la postura de ciertos periódicos también.

La última reforma ha sido la de las pensiones. Reforma claramente antisocial, ya que la única finalidad se circunscribe a reducir la cuantía de la prestación. Según estimaciones del propio Gobierno, un 20 por ciento por término medio. El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. La primera a señalar es esa afirmación de la OCDE acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Sin embargo, los datos no pueden ser más elocuentes. El 20 por ciento de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2010 la cuantía de la pensión media ascendió a 895 €, y el 77 por ciento de los pensionistas cobran en la actualidad menos de 1.000 € mensuales.

Por otra parte, el gasto en pensiones en España es bastante inferior al de los países de nuestro entorno. Dedicamos a esta partida un 9 por ciento del PIB, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en un 12 por ciento; Francia 13,3 por ciento; Italia 14,6 por ciento; Alemania 12,4 por ciento; Austria 13,8 por ciento. Hasta Polonia y Portugal dedican un porcentaje mayor: 11,6 y 13,1 por ciento, respectivamente. Es más, en España la parte del PIB que se dedica a pensiones se ha reducido del 10,3 por ciento en 1993 al 9 por ciento en 2007. Contemplando estas cifras, resultan carentes de sentido y desproporcionados las peroratas catastrofistas sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Todos esos discursos suelen basarse en el aumento de la esperanza de vida, en la pirámide de población, y en la proporción entre activos y pasivos. En primer lugar, hay que decir que no se ha cumplido ninguna de las proyecciones y previsiones que durante años han venido realizando de forma interesada sobre esta materia los distintos servicios de estudios de las entidades financieras. Fenómenos como la inmigración o la incorporación de la mujer al mercado laboral no se han tenido en cuenta. Pero en segundo lugar, y ello es lo más importante, no son estas variables las que hay que considerar para ver si es o no viable el sistema público de pensiones. Las magnitudes cuya evolución hay que contemplar son la renta per cápita o la productividad del factor trabajo. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no pueden seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no sólo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El tema de las pensiones hay que plantearlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Sólo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero entonces no serían solo los jubilados los que tendrían problemas.

Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos para incrementarlos; más bien todo lo contrario, de cuando en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. En primer lugar cabría desplafonar la cotización máxima. No es lógico que un presidente de un banco cotice igual que un técnico medio. Pero existe un factor más importante aún, y es que en ninguna parte está dicho que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales. En cierta forma, el culpable ha sido el Pacto de Toledo con su famosa separación de fuentes, que ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras las pensiones deben hacerlo con las cotizaciones sociales? Es el Estado con todos sus ingresos el que debe responder de que todos los trabajadores en su vejez cobren una prestación digna. El obstáculo no está en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.

Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que deben ser satisfechas y, por ende, en los bienes a producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no se adapte -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las verdaderas necesidades ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios conllevan a su vez nuevas contingencias o, al menos, más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen por tanto la dotación de nuevos servicios.

Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes a producir y en consecuencia, a consumir, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluso las pensiones, los puede suministrar el mercado. Pero tal aseveración significa en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en este país podrían permitirse el lujo de costear todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos españoles tienen capacidad de ahorro en cuantía suficiente para garantizarse una jubilación digna? La única dificultad se encuentra en que, bajo el imperio del neoliberalismo económico, la tendencia es la contraria. Más sector privado y menos público.

El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.