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El pasado lunes se
publicó es este periódico un artículo del catedrático de
Derecho Constitucional de nuestra Universidad, mi buen
amigo Pepe Asensi sobre salarios. Su planteamiento es
que la ruptura del pacto histórico establecido entre los
factores Capital-Trabajo durante los años de la última
postguerra europea es el causante de la tendencia actual
a reducir salarios, y que la sociedad debe salir a
protestar por ello. Me parece un planteamiento
interesante como todos los del profesor Asensi por su
trascendencia y actualidad, y susceptible por lo tanto
de debate. A nadie satisface el fin del llamado "Estado
del Bienestar", y sería bueno conocer las causas de esta
realidad incómoda que nos toca vivir.
Para empezar creo que
sería útil profundizar en el equilibrio capital-trabajo
que se establece durante los 30 años siguientes a la
Segunda Guerra Mundial en Europa. Creo que estaremos de
acuerdo en convenir que esta situación es consecuencia
de un proceso de reconstrucción de todo el continente,
destruido física y moralmente, y de la competencia con
un mundo comunista poderoso y amenazante. La
reconstrucción europea se produce en un plazo récord,
financiada por capitales americanos y apoyada en el
control de materias primas baratas procedentes de países
en vías de desarrollo y del Tercer Mundo. Este
crecimiento acelerado crea empleo y excedentes que se
traducen en beneficios sociales y mejoras salariales. En
su segunda etapa, el sistema salarial complementado con
amplios beneficios sociales se consolida empujado por
gobiernos de tinte socialdemócrata que hacen bandera de
este modelo en países clave de la Comunidad Europea. La
educación y la cultura se generalizan, y como
consecuencia las sociedades de los distintos Estados
empiezan a superar las viejas estructuras de las
diferencias de clases. Aquí se instituye el llamado
"Estado del Bienestar" consecuencia del equilibrio
Capital-Trabajo.
Los gobiernos
socialdemócratas de la época acuñan el modelo y se
apropian de su autoría intelectual, cuando en realidad
todo es consecuencia del proceso relatado. Lo que se
hace evidente a partir de este momento, que podríamos
fechar entre los últimos años 60 y primeros 70, es que
el capital pierde su rango de estamento y se convierte
en un mercado internacional de inversiones, mientras que
la masa obrera se diluye en una burguesía con opciones
de ejercer una profesión o crear una empresa. La
acelerada reducción de la población agraria favorece el
nuevo modelo, y sólo la inmigración tiene atisbos de las
características del factor trabajo, aunque van siendo
asimilados con el paso del tiempo.
Las crisis económicas
globales, empezando por la del petróleo del año 73,
consecuencia del deseo de los países productores de
participar en el reparto de la tarta, comienza a poner
en duda la patente occidental del "Estado del
Bienestar". Empieza a cuestionarse ese don por el que
los ciudadanos, sólo por el hecho de serlo, tienen
derecho a un puesto de trabajo y a un salario dignos
amén de otra serie de ellos como la vivienda y toda la
batería de beneficios sociales. Todo esto será así si se
es capaz de generar la riqueza necesaria, y mientras
tanto es necesario ir adaptando el sistema a la
realidad. Esta es la evolución en los Estados de la
reconstrucción de Europa, que como principio se mantiene
hasta el momento. En la actualidad se está viviendo una
situación nueva, consecuencia de la integración
económica y la unión monetaria, por la que las
instituciones europeas deben imponer a los distintos
Estados miembros el cumplimiento de ese principio
básico, la creación de riqueza o en su defecto, la
adecuación del gasto.
El caso de España es
peculiar. Cuando comienza la reconstrucción europea
España está condenada a una economía autárquica por su
aislamiento político internacional. Durante los años del
franquismo se pierde una gran parte de ese período
excepcional de crecimiento. Luego, a pesar de la
incorporación a Europa, o quizá a causa de ella, España
no es capaz de dotarse de una estructura industrial del
suficiente rango como para suponer una base económica.
Hemos podido competir en otros sectores, siempre con las
ayudas de los fondos europeos. Nuestro proverbial
déficit de infraestructuras y vivienda potencia el
sector de la construcción, y nuestras características
socio-culturales, geográficas y climáticas nos convierte
en un país de turismo y servicios. Este modelo es más
vulnerable a las crisis económicas que el de nuestros
vecinos industriales europeos.
Los últimos gobiernos de
España no han sabido gestionar esta crisis. Su interés
por escalar a toda velocidad las cotas europeas de
beneficios sociales derivadas del viejo "Estado del
Bienestar" les ha impedido medir a tiempo la magnitud
del problema y se les ha hecho tarde para tomar medidas
razonables. Las que hay que tomar ahora son de tal
magnitud, afectan a los derechos sociales de tal manera
que son inabordables por un gobierno de tinte
socialista. Quisieran cambiar la realidad. Quisieran que
en realidad existiera ese capital malvado que ha roto el
pacto y pretende negar a la clase obrera los beneficios
adquiridos. Pero es que ese malvado capital no es otra
cosa que un mercado internacional de inversores, que
para prestarnos su dinero tiene primero que confiar en
nosotros. Y la clase obrera, la otra parte del pacto, es
un conjunto de empleados, profesionales, autónomos y
pequeños empresarios que en gran número se han visto
obligados a perder su actividad.
La realidad es que por la
mala gestión económica de los últimos años hemos perdido
el derecho al poco bienestar que teníamos antes de los
últimos gobiernos socialistas. Si lo queremos recuperar,
no tenemos más remedio que "arrimar el hombro": trabajar
más y mejor, gastar menos y ahorrar lo poco que se
pueda. En el ámbito privado los españoles ya lo estamos
haciendo. Sin embargo, el sector público sigue de
espaldas a esta realidad, intentando transmitir el
mensaje de que las medidas que se adoptan a
regañadientes son "deberes" impuestos por Europa y los
mercados de capitales, una especie de castigo que no nos
merecemos.
Este planteamiento implica
la pérdida del liderazgo social, indispensable en un
Gobierno democrático. Ante esta evidencia y para
recuperar el terreno perdido, el partido que le sostiene
manda protestar, protestar por la ruptura del famoso
pacto. Ahora bien, ¿a quién dirigimos la protesta?
¿Quiénes protestamos? ¿Qué conseguiremos con las
protestas? ¿Vamos a manifestarnos ante la casa de aquel
pequeño empresario que ha tenido que cerrar y enviar al
paro a sus diez empleados porque el Ayuntamiento para el
que trabajaba no le paga las facturas? Si es así vayamos
pronto, porque están a punto de quitársela por no pagar
al banco la hipoteca.
Hasta ahora hemos visto
materializada la protesta en una huelga general, en la
que se hizo patente la esquizofrenia del Gobierno
nombrando ministro a un huelguista. Ya se anuncia la
segunda, y parece que la idea es seguir así: sindicatos
de una clase obrera inexistente protestando contra un
malvado capital inexistente. ¡Viva el surrealismo!
Jesús
Carmona Calero |
