|
 El
alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad
obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy
desigual a distintos sectores de la población, como
consecuencia de que España continúa teniendo clases
sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño
burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona
de clase media, la cual vive dos años más que una
persona trabajadora cualificada, que vive dos años más
que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive
dos años más que un trabajador no cualificado con más de
cinco años en paro. La distancia entre la última y la
primera es de diez años, mientras que el promedio de la
UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de
longevidad entre las clases sociales es una
aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior
entre la burguesía, pequeña burguesía y clases medias, y
superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras
puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan
distinta según la clase social, es profundamente injusto
que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo
tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo
es más intelectual que manual y que es fuente de goce y
estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un
perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por
ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo
desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia
que la universidad reclama a todos los docentes. La
jubilación es un derecho, no una obligación. No así en
España, donde es una obligación, llegando al absurdo de
que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de
sus facultades y competencias en profesiones y
especialidades (como la medicina) donde hay una enorme
escasez de profesionales.
Pero este absurdo es
incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más
manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es
un instrumento de goce sino un medio a partir del cual
obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores
de la clase trabajadora se encuentran en esta situación.
Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es
una enorme injusticia, y ello debido a que se la
homologa con otra que, además de tener un trabajo
estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es
profundamente injusto pedirle a un miembro del personal
de limpieza de la universidad que trabaje dos años más
para pagar mi pensión, ya que probablemente le
sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se
añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de
vida en los últimos 30 años ha sido también muy
desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases
medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más
rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que
tiene un sistema de recolección y análisis de
estadísticas sociales y vitales mejor que España, las
clases con mayores rentas han incrementado notablemente
su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal
incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las
rentas inferiores (primordialmente trabajadores no
cualificados), que no han visto crecer su esperanza de
vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos
años de su edad de jubilación significaría incluso una
reducción de sus periodos de pensionista en comparación
con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y
David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the
Length of Retirement, Center for Economic and Policy
Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos
para España es enorme, pues mientras que en EEUU la
mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en
ocupaciones físicamente exigentes y/o en condiciones
difíciles (difficult working conditions), este
porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de
cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU.
De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha
crecido menos en los últimos 30 años que las clases de
renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran
injusticia.
Otro problema que existe
en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es
que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se
utiliza constantemente para indicar que el sistema de
pensiones público es insostenible es subrayar que,
mientras ahora el gasto público en pensiones representa
el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual
consideran que es insostenible. Este argumento lo han
utilizado una larga lista de instituciones y firmas de
sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el
nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una
entrevista en el rotativo de mayor difusión del país,
donde repitió el mismo argumento. Es más, este último
indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara
un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.
Pero esto no es cierto. Si
el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%,
el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello
quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería
220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9%
del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15%
del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187
(220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir,
como resultado del incremento de la tarta (más del
doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán
muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades
monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en
2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor,
resultado del crecimiento de la población que trabaja
(ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del
52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho
mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el
Estado debería hacer es mejorar la productividad del
país y facilitar la integración de la mujer al mercado
de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad
de jubilación.
Ilustración de Mikel Jaso
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Director del Observatorio Social de España
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
