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Tenemos derecho a conocer los estudios y sus autores, por si entre ellos nos encontramos a los bancos más activos en colocarnos a cualquier precio sus planes y fondos para incautos

Tener escrito el final de los guiones resta mucha intriga pero permite a cambio otras licencias argumentales. En Titanic, por ejemplo, era inevitable que el barco se fuera al fondo del mar, como lo era en Los Diez Mandamientos que los egipcios acabaran hinchándose de agua salada. Con el Pacto de Toledo se daba por descontado que el Gobierno iba a aumentar la edad legal de jubilación al margen de cualquier otra recomendación. Lo sabían esos mercados que son personas, en clarividente apunte de Fernández Ordóñez, y lo sabía el PP, que por eso se permitió el lujo de oponerse a la medida, aun cuando comulgara con ella. Pasando de las musas al teatro, lo sabía hasta el apuntador.

El de las pensiones es un tema muy serio en el que debería hablarse claro. Tenemos derecho a conocer los estudios qué sostienen que el actual sistema irá a la quiebra en 20 años y quienes son sus autores, por si entre ellos nos encontramos a los servicios de estudios de los bancos más activos en colocarnos a cualquier precio sus planes y fondos para incautos. Pero sobre todo, nos asiste el derecho de que no se nos tome por idiotas y se nos diga claramente que elevando la edad de jubilación no se pretende que haya más ocupados contribuyendo a la caja común sino simplemente rebajar la cuantía de las pensiones.

Dicho de otra forma, se puede aumentar la edad de jubilación pero nadie por eso trabajará más tiempo. No habrá albañiles subidos al andamio a los 67, sino que sobrevivirán como puedan hasta llegar a la edad reglamentaria para cobrar luego la pensión mínima, y aquellos profesionales liberales que pueden prolongar su actividad más allá de los 65 lo seguirán haciendo como hasta ahora. Por estas mismas razones de ahorro se ha hecho la vista gorda cuando se ha expulsado en masa del mercado de trabajo a los mayores de 50 años después de toda una vida de cotización.

Es un sarcasmo que se declare la guerra a las prejubilaciones cuando el propio Estado ha facilitado que miles de empleados públicos como los de RTVE se vayan a su casa a los 52 años. Como lo es que el sistema de pensiones se modifique a toda prisa por exigencia de esos inversores que con cada reforma estructural cobran más intereses por comprarnos deuda pública. Como sigamos reformando, nos llevan a la ruina sin remedio.

Juan Carlos Escudier