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Como analistas
universitarios en el ámbito de la Sociología del Trabajo
y de las Relaciones Laborales, asistimos con
preocupación a una campaña sistemática de deslegitimación
del sindicalismo por parte de una derecha política y
mediática que, si hasta hace poco impugnaba su
estrategia dialogante y negociadora, tildándola de
pactista y domesticada, ahora eleva el tono contra sus
convocatorias reivindicativas y movilizadoras.
No se trata, lamentablemente, de reflexiones o
propuestas sobre los efectos de la crisis económica y el
cambio ocupacional en el mercado de trabajo, las
relaciones laborales y los agentes que participan en las
mismas; ni de una evaluación crítica de sus resultados,
identificación de sus límites y elaboración de
alternativas; sino de un discurso descalificador que,
más allá de su sesgo ideológico y formas desabridas,
apunta contra las bases mismas de la legitimidad
constitucional de los sindicatos y sus funciones de
regulación y defensa de los asalariados, en el marco de
unas relaciones laborales asimétricas.
La combinación de viejos resabios reaccionarios con el
doctrinarismo neocon genera una imagen distorsionada del
sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico,
disfuncional, no representativo y muy alejado de sus
homónimos europeos. Se trata de justificar así
iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y
ampliar desigualdades sociales.
La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo,
mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite
constatar tanto sus dificultades para la agregación e
intermediación de intereses de una clase trabajadora
cada vez más fragmentada y plural, como el importante
proceso de renovación de sus estructuras, estrategias y
programas de intervención que la mayoría de las
instituciones europeas, e incluso de los empresarios,
valoran positivamente.
A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados,
hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la
UE-27, cuyo protagonismo en la construcción y defensa
del modelo social ha sido y sigue siendo decisivo, como
reconocen todas las instancias comunitarias.
Según los últimos informes oficiales de la Comisión
Europea, la tasa media de afiliación sindical es del
25,1%, porcentaje que se dobla a través de la
representación electoral en los centros de trabajo y
triplica por la cobertura de la negociación colectiva.
Cabe destacar, a este respecto, la existencia de una
significativa correlación positiva entre los niveles de
sindicalización y los de competitividad económica y
cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto nivel de desarrollo tecnológico y
productivo se corresponde con tasas de afiliación
superiores al 70% y una participación sindical
consolidada, tanto a nivel empresarial como
institucional. Y es que, definitivamente, un
sindicalismo fuerte no resta, suma.
Pese a su tardío reconocimiento legal (artículo 7 de la
Constitución de 1978), el sindicalismo español ha
realizado importantes aportaciones al desarrollo
democrático, socioeconómico e institucional de nuestro
país, habiendo experimentado en las dos últimas décadas
una notable expansión cuantitativa y renovación
cualitativa, con la consiguiente convergencia con los
principales indicadores comunitarios en la materia:
desde 1990 ha duplicado el número de afiliados, hasta
superar ampliamente los tres millones de adscritos, lo
que supone una tasa media del 19,9%, según la última
encuesta del Ministerio de Trabajo.
Esta importante presencia afiliativa se complementa con
la audiencia electoral que, según el marco legal
regulador de las relaciones laborales en nuestro país,
confiere a las elecciones sindicales en los centros de
trabajo, la función de determinar la interlocución de
los trabajadores y legitimar la representatividad de los
sindicatos.
En la actualidad son alrededor de 340.000 los delegados
elegidos en las empresas, representando directamente al
52,8% del total de la población asalariada (lo que
equivale a más de ocho millones de personas), e
indirectamente al conjunto de los trabajadores, conforme
al procedimiento legal de irradiación electoral.
Así pues, la intervención del sindicalismo español
acredita una legitimidad de origen incuestionablemente
democrática, por cuanto son las elecciones las que
determinan la representación legal de los trabajadores
tanto en las empresas (para la regulación y seguimiento
de las relaciones laborales en dicho ámbito), como a
nivel sectorial (negociación colectiva) e institucional
(diálogo social), lo que amplía considerablemente el
área de influencia sindical.
En nuestro país la negociación colectiva es de eficacia
erga omnes, lo que implica que la práctica totalidad de
los trabajadores tiene reguladas sus condiciones
laborales básicas por convenios negociados por los
sindicatos representativos, lo que exige, entre otras
cosas, una considerable inversión de recursos económicos
y humanos: tales como los 26.000 expertos sindicales que
intervienen anualmente en la negociación colectiva, los
más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan
de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas,
los 340.000 delegados que asumen la interlocución y
defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de
sus centros, lo que refuerza la legitimidad de ejercicio
de la función sindical.
Conviene precisar a este respecto, como réplica a la
demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados,
que según la Encuesta Europea a Empresas de 2009, los
recursos de representación a que tienen acceso los
delegados sindicales españoles son muy inferiores a los
de sus homólogos europeos, tanto en formación ad hoc
como en la cantidad y calidad de la información que
reciben de sus empresas y, especialmente, en el tiempo
disponible para el ejercicio de sus funciones
representativas que, en el caso español, es cuatro veces
inferior a la media europea.
Consideramos pues que, más allá de insuficiencias
concretas y posibles errores, el sindicalismo merece el
reconocimiento general por su gestión cotidiana en
defensa de los trabajadores y por su contribución
institucional a la modernización de nuestras relaciones
laborales, especialmente ahora cuando los estragos de la
crisis hacen más necesaria que nunca su intervención
para la agregación y representación de intereses, la
gestión del conflicto y la recuperación del diálogo
social, hasta el punto de que si no existieran, habría
que inventarlos.
Pere J. Beneyto, Ramón
Alós y Juan José Castillo,
profesores Universidades de
Barcelona, Valencia y Madrid.
Lo suscriben también:
Carlos Prieto (UCM),
Enric Sanchis
(UV),
Pere Jódar (UPF);
Antonio Martín (UAB),
Fausto Miguélez (UAB),
Albert Recio (UAB),
Teresa Torns (UAB). |
